Análisis de las capacidades del Estado de Chile para enfrentar el fenómeno del terrorismo

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Resumen

Análisis de las capacidades de las que dispone Chile en materia de Seguridad Pública para enfrentar potenciales amenazas de carácter terrorista, cualquiera sea su origen, en los ámbitos de legislación, políticas públicas (estrategias) y función de inteligencia, respecto a su pertinencia y limitaciones; para lo cual se recurre a la experiencia internacional, particularmente el caso de España. Sobre la base de dicho análisis, se establecen algunas propuestas de cursos de acción estatales en cuanto a la prevención y contención del fenómeno terrorista, con la finalidad de mejorar las actuales capacidades.

Palabras clave

Terrorismo, Seguridad, Prevención, Legislación, Inteligencia, Estrategia.

Introducción

Todos los Estados democráticos requieren disponer de mecanismos orientados a la prevención y contención de la violencia terrorista de distinto sello, ya sea de expresiones que se estén manifestando en la actualidad, como también de aquellas que pudiesen manifestarse en el futuro, mediante razonables protecciones. En este contexto, Chile dispone de capacidades antiterroristas, que están representadas por la legislación que sanciona conductas terroristas, como también por el Sistema de Inteligencia del Estado y las funciones en la materia que recaen en las policías, entre otras. En este sentido, el análisis debe orientarse a determinar si los medios de los que dispone Chile, sobre la base del principio de proporcionalidad, son los óptimos para anticiparse y contrarrestar expresiones de violencia política, específicamente el empleo de la táctica terrorista, en un marco institucional orientado a la anticipación, para lo cual se tomará como referencia el caso de España, debido a su experiencia de décadas de lucha contra el terrorismo.

El presente documento intentará responder a las preguntas de cuáles son las actuales capacidades de las que dispone el Estado de Chile y cuáles son las mejoras que permitirían potenciar dichas capacidades, para lo cual se abordará específicamente el proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, la legislación que determina conductas terroristas y el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia.

 

El fenómeno del terrorismo

El terrorismo, como táctica, ha sido utilizado en el mundo contemporáneo en el contexto de distintas luchas y para promover diversas causas, sobre la base de motivaciones políticas e ideológicas, por individuos y grupos, que desde una inferioridad de medios han pretendido ya sea liberar un colectivo o imponer un sistema ideológico, entre otros objetivos. En este sentido, no existe sólo una forma de terrorismo, sino que existen diferentes expresiones conforme a sus motivaciones, por ejemplo, nacionalista, yihadista, anarquista, etc. Incluso, tampoco existe una definición única de terrorismo que sea universalmente aceptada, por lo que Estados, organismos internacionales e instituciones académicas y de seguridad elaboran sus propias definiciones, de hecho, se estima que actualmente existen aproximadamente doscientas cincuenta definiciones en uso[i], lo que en la práctica implica que sea discutible lo que puede o no puede catalogarse como terrorismo, precisamente por la falta de una definición única, siendo posible afirmar que “ningún concepto de terrorismo puede abarcar todo lo que éste significa o puede llegar a significar, pues se debe tener en cuenta que está en constante mutación, ya que quienes lo practican requieren encontrar siempre nuevas formas de sorprender a la víctima, nuevos mecanismos de implantar terror en la sociedad civil y sus instituciones”[ii].

Pese a lo anterior, para establecer una definición de terrorismo, que sea general, y por tanto que permita englobar en ella las distintas formas de terrorismo, vale decir, aplicable a expresiones de terrorismo distintas unas de otras en cuanto a sus objetivos, pero que presenten variables comunes, para caracterizarlo, se destaca la siguiente definición: “una sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político”[iii]. Esta definición, si bien plantea el terrorismo como un mecanismo de influencia para alcanzar objetivos políticos, incorpora el impreciso concepto de “población no combatiente” lo que podría inducir a error, por ello, resulta más general, y por consiguiente aplicable a expresiones de terrorismo de distinta etiología, la siguiente definición: “el terrorismo es una táctica, preferente aunque no exclusivamente política, que consiste en la ejecución seriada y sistemática de acciones puntuales de violencia”[iv].

En definitiva, sobre la base de ambas definiciones expuestas, es posible afirmar que el terrorismo es una táctica que consiste en la ejecución de acciones puntuales de violencia, con fines políticos o ideológicos, para influenciar determinadas audiencias.

Derivado de la definición se desprenden ciertas características de este tipo de violencia política:

Es una táctica, que se emplea como forma de lucha, que implica un uso dosificado de la violencia como acciones puntuales.  En este sentido, se puede entender el terrorismo como un método de lucha.

Se desarrolla en forma clandestina, encubierta, y que, a diferencia de la táctica guerrillera, no se ejecuta a través de grupos armados irregulares que utilizan uniformes y usan armas a la vista, a excepción de agrupaciones que han empleado ambas tácticas en forma simultánea. Paradojalmente, los ataques son ejecutados en la clandestinidad, pero diseñados para generar conmoción y la mayor publicidad y visibilidad posible del acto mismo.

Los fines del terrorismo son esencialmente políticos, como pudiese ser el cambio de un régimen político o sistema económico, por tanto, los objetivos de las acciones se enmarcan en una estrategia política. Este es el rasgo esencial que diferencia al terrorismo de la delincuencia común, dado que está última persigue la obtención de ganancias económicas en lugar de objetivos políticos, es decir, los delincuentes no enmarcan sus acciones en el contexto de una estrategia política.

Se usa para enviar un mensaje, dar publicidad a una causa “…generalmente lleva implícita una connotación mediática, pues el terrorismo necesita enviar un mensaje, que puede ser dirigido a la sociedad, a la clase política dirigente, a un grupo poblacional específico o incluso al mundo entero, como sucedió con los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001”[v]. En definitiva, la dimensión comunicacional del terrorismo, como publicidad es inequívoca. “Es un teatro en permanente búsqueda de público, que sirve para poner luz sobre algunos debates y en el que las víctimas son cosificadas en pro de los objetos y símbolos a los que se ataca”[vi].

Otro elemento importante, y derivado del anterior, es la intimidación, vale decir causar terror, lo cual tiene que ver con la necesidad de quienes ejercer el terrorismo de compensar su inferioridad de medios, por lo que pueden ejercerla con propósitos distintos, por ejemplo contra un sector de personas o grupo social cuyas actitudes políticas contravengan los intereses de los terroristas, como también para polarizar las actitudes de los ciudadanos que inicialmente mantenían una posición neutral respecto a un determinado conflicto sociopolítico[vii]. En cualquier caso, el temor es un medio para influenciar a determinadas audiencias.

 

El proyecto Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa

Durante el primer gobierno del Presidente Piñera se formuló la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, la cual no tuvo aprobación del Congreso y en la actualidad se encuentra como proyecto, no obstante, resulta adecuado analizar su contenido por tratarse de la primera estrategia en la materia, de la cual subyace un diagnósticos de amenazas, como así mismo cursos de acción para enfrentarlos. En dicho documento al abordarse los desafíos de Chile en materia de seguridad, en el ámbito internacional se reconoce al terrorismo -junto al narcotráfico, el crimen organizado y los ciberataques- como nuevas amenazas que han aumentado su gravitación e importancia debido a las tecnologías disponibles, por una marcada internacionalización y sofisticación de las actividades de las organizaciones criminales, y del debilitamiento de algunos Estados con dificultades para controlar zonas de su propio territorio[viii].

La Estrategia sitúa al fenómeno terrorista entre los riesgos y amenazas a la seguridad de Chile, aún cuando señala que el país es un blanco marginal del terrorismo internacional, se advierte que “organizaciones terroristas podrían utilizar el territorio nacional para desarrollar acciones o atacar intereses de otros Estados. Chile posee un elevado grado de interconectividad y dispone de una sofisticada infraestructura para la generación de negocios que lo podrían hacer atractivo como plataforma para actividades terroristas (…) también es posible que intereses de Chile en el mundo puedan sufrir los efectos de organizaciones terroristas internacionales, al asumir el país mayores responsabilidades en materia de seguridad regional y global. Tampoco es posible descartar que, en el tiempo que cubre esta Estrategia, el riesgo que representan actos terroristas dispersos en Chile se transforme en una amenaza consistente para la convivencia ciudadana y su seguridad”[ix].

De lo expuesto anteriormente, se infiere que esta Estrategia tiene una mirada multidimensional de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional de Chile, incorporándose el fenómeno del terrorismo, incluso aquel de naturaleza internacional.

Al hacer un paralelo con la Estrategia de Seguridad Nacional de España, la cual fue formulada el 2013, se establece que la prevención y contención de las actividades terroristas es de suma importancia para ambos países en tanto amenaza estratégica de gran relevancia debido a que ha reforzado sus medios por la expansión de las nuevas tecnologías, lo que requiere de una respuesta integral orientada a contrarrestar sus instrumentos financieros, logísticos, de captación y apoyo[x].

Naturalmente, el caso español es evidente que sus capacidades y esfuerzos están dirigidas a contrarrestar el terrorismo de tipo yihadista, de acuerdo a su realidad específica, sin embargo, y más allá de la diferencia entre las percepciones de amenazas de carácter terrorista de ambos países, en el caso de España se incorpora un elemento que en Chile no está presente en la Estrategia en particular ni en políticas de seguridad en general, y que es la prevención de la radicalización violenta, es decir evitar que personas se conviertan en terroristas.

La respuesta frente al terrorismo, que establece España, se establecen los siguientes pilares para orientar la acción[xi]:

Prevención: Actuación contra el terrorismo desde su origen, mediante el Plan Estratégico de lucha contra la Radicalización violenta, el fomento del diálogo intercultural y acciones para contrarrestar la narrativa terrorista. También se incluye reforzar la contribución de España en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional, a través de organismos como la OTAN y la Unión Europea.

Protección: Potenciar las capacidades nacionales, incrementando la cooperación y coordinación entre los organismos con competencia en la materia.

Persecución: Mejorar las capacidades de investigación e inteligencia sobre los terroristas y sus acciones, asegurando el desarrollo tecnológico de los servicios de inteligencia frente al uso intensivo de las nuevas tecnologías por parte de grupos terroristas.

Preparación de la respuesta: Fortalecer medidas y planes necesarios para asegurar la sinergia y coordinación de todos los organismos con responsabilidad en la materia. En particular, minimizar consecuencias, dar apoyo inmediato y permanente a las víctimas de ataques terroristas. Consolidar acuerdo político nacional contra el terrorismo.

En el caso de Chile, las medidas que establece la Estrategia de Seguridad contra el terrorismo, en el marco de las tareas nacionales de seguridad, son las siguientes[xii]:

  • Colaborar internacionalmente para enfrentar ataques terroristas, actividades del narcotráfico y del crimen organizado transnacional, con énfasis en los países vecinos y adecuando las normas y medios nacionales a tales efectos.
  • Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia con el objeto de contar con información útil, confiable y oportuna para apoyar los requerimientos de la seguridad ampliada del país, y desarrollar contramedidas para enfrentar la proliferación de tecnologías peligrosas y el ciberataque.

Como vemos, en la Estrategia de Chile se incorpora en forma explícita sólo una línea de acción tendiente a contener el terrorismo, y adicionalmente es aplicable a este ámbito el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia. Cabe precisar que en este documento se aborda la respuesta al terrorismo principalmente desde la cooperación internacional.

 

La Ley de Conductas terroristas

La legislación vigente que determina y sanciona conductas terroristas está comprendida en la ley N°18.314 de1984, pero que posteriormente ha sido modificada respecto a tipos penales, es decir, se han introducido determinados delitos y también se han modificado penas. En esta línea, el actual gobierno ha manifestado su voluntad de impulsar cambios a dicha normativa que posibiliten perseguir de manera más eficaz estos delitos, dado que en la actualidad existen dificultades para probar judicialmente la comisión de dichos delitos, y adicionalmente, se buscaría adecuarla al marco jurídico universal de la lucha contra el terrorismo.

La legislación chilena tipifica como conductas terroristas delitos como: Homicidio, lesiones, secuestro de menores, envío de cartas explosivas, secuestro de medios de transporte público, atentar contra el jefe de Estado y otras autoridades, ataques con artefactos explosivos e incendiarios y la asociación ilícita de carácter terrorista[xiii].

Actualmente, en el Congreso se discute un proyecto que modifica la ley que sanciona las conductas terroristas que fue presentado por el gobierno de Bachelet, y el actual gobierno le efectuó modificaciones.

Respecto a las modificaciones que busca impulsar el gobierno del presidente Piñera se encuentran:

Que las investigaciones por delitos de carácter terrorista sean llevadas por tribunales de diferentes ciudades o regiones respecto al lugar donde ocurrieron los hechos, medida que estaría inspirada en la legislación española, con la finalidad de evitar las presiones, amedrentamientos e ideologismos, para lograr una mayor independencia[xiv]. También se ha planteado la incorporación de agentes encubiertos, figura similar a la que establece la legislación que sanciona el tráficos de drogas.

En el caso de España, en el 2015, mediante una Ley Orgánica, modificó su Código Penal en lo referente a terrorismo, con reformas orientadas al combate del terrorismo yihadista, dada la amenaza que dicho fenómeno supone para España, y para Europa en general. Se busca enfrentarlo en cuando a sus nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento. Entre las principales modificaciones está la incorporación de delitos informáticos, como también delitos como desórdenes públicos, rebelión y sedición cuando se cometan con finalidades terroristas, ya sea cometidos por personas individuales o por grupos terroristas; y se amplía el delito de colaboración, no sólo con las actividades o finalidades de la organización, sino también la ayuda para cometer cualquier delito de terrorismo, incluyendo acciones como información o vigilancia de personas[xv].

Más allá de la discusión en el parlamento y los contenidos que incorpore el proyecto, al tomar como referencia España, es posible señalar que entre las principales áreas a mejorar están las actividades que se encuentran penadas en otros países, pero no en Chile[xvi]:

  • Colaboración con actividades terroristas o con organizaciones, bandas o grupos terroristas: No está tipificado el apoyo material no financiero, como refugio, armas, medios de transporte, comunicaciones, entre otros.
  • Reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas: La legislación vigente no incorpora este delito, aunque en otras leyes como la de Seguridad del Estado o de Control de Armas existen equivalentes, pero sin el carácter terrorista.

Lo anterior constituyen dos importantes tipos de delitos fundamentales que debiese incorporar la legislación, en el contexto de la persecución de actividades terroristas, no obstante, existe un aspecto de igual importancia a los tipos de delitos que se consideran terroristas, y es la definición de terrorismo contenido en el mencionado cuerpo legal, ya que indica que “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”[xvii]. Esto es de importancia fundamental, debido a que erróneamente se sitúa como finalidad del terrorismo el causar temor, y claro está que el terrorismo causa terror como medio de coacción, pero la finalidad es política y/o ideológica. Lo señalado anteriormente es la principal diferencia con la legislación de España, ya que a diferencia de la ley chilena que no reconoce su finalidad política, en dicho país se considera una subversión al orden institucional[xviii].

 

Modernización del Sistema Nacional de Inteligencia

De acuerdo a la Ley N°19.994, en su artículo 5, el Sistema de Inteligencia del Estado está integrado por: La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública[xix].

Las dos décadas de violencia etnonacionalista en el sur del país, y particularmente la fallida Operación Huracán, evidencian la necesidad de modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado, en cuanto a su organización, funcionamiento y capacidades, con la finalidad de potenciar su efectividad y mejorar su producción de inteligencia para la toma de decisiones. Se requiere conformar una comunidad de inteligencia que responda a las necesidades del Chile actual, principalmente en materia de Seguridad Pública.

En el sentido de lo anterior, la crítica que recurrentemente ha recibido el Sistema de Inteligencia, respecto a su efectividad, es la escasa capacidad de anticiparse, vale decir de prevención, principalmente de los atentados incendiarios de La Araucanía, en lo que se refiere a información que posibilite frustrar dichos atentados y desbaratar a las agrupaciones violentas.

El cuerpo legal que regula y norma la organización del este Sistema sin duda requiere de una modificación que posibilite su modernización, para lo cual los cambios deben estar orientados a ámbitos como: Autoridad centralizada, coordinación, instrumentos de recolección de información, intercambio de información y composición del Sistema. Concretamente, es fundamental mejorar los siguientes aspectos:

Autoridad centralizada: El Sistema de Inteligencia del Estado no posee una autoridad centralizada, ya que el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia tiene la facultad de convocar, pero carece de la potestad, en la práctica, de coordinar, ya que los integrantes dependen del mando de sus respectivas instituciones, por tanto, el Director no tiene facultades de asignar tareas y líneas de acción a los organismos que componen el Comité de Inteligencia. En este sentido, se considera necesario la existencia de una autoridad centralizada, como pudiese ser un Director Nacional de Inteligencia, vale decir, una dirección centralizada.

Coordinación: La coordinación es limitada, debido a que la ley no especifica la relación que debe existir entre los organismos que, aunque independientes, se supone funcionalmente coordinados. Evidentemente, en materia de prevención y contención del terrorismo, es necesario potenciar la coordinación entre las funciones que desarrollan ambas policías y la ANI, en lo que se podría denominar el Subsistema de Seguridad Interior, a diferencia del Subsistema de Defensa conformado por las instituciones de defensa. En definitiva, la coordinación es requisito esencial para que un sistema sea tal, en lugar de un conjunto de instituciones independientes. En España, la coordinación se realiza mediante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, integrada por autoridades de gobierno y ministros, en la cual el Director del Centro Nacional de Inteligencia actúa como secretario de la Comisión.

Sobre este punto, y en esa misma línea, la voluntad del actual gobierno la ha manifestado el Ministro del interior de la siguiente manera: “Basta de buenas voluntades, la coordinación y el compartir el trabajo dentro del Estado, va a ser una obligación sujeta a responsabilidades y sanciones”[xx].

Intercambio de información: Para el óptimo funcionamiento de la comunidad de inteligencia, y relacionado con la coordinación, es preciso hacer obligatoria la entrega e intercambio de información para fines de inteligencia y prevención. También se requiere contar con una plataforma informática segura, que le permita el intercambio de información en tiempo real.

Composición: La Ley no considera como integrantes permanentes del Sistema a representantes de instituciones como Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero y Aduanas. Su incorporación es recomendable por sus competencias en sus respectivas áreas de acción en el ámbito de la Seguridad.

Instrumentos: La labor de inteligencia puede emplear “procedimientos especiales de obtención de información”, como uso de “informantes” para resguardar la seguridad nacional y proteger al país de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. De acuerdo a la experiencia internacional, principalmente de España, se requiere ampliar estos instrumentos al uso de agentes encubiertos (inteligencia de fuentes humanas).

En sintonía con estos planteamientos, y con la visión que subyace de ellos, el pasado jueves 19 de julio el Gobierno presentó 150 medidas en el marco del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de contar con un sistema de inteligencia moderno, integrado y funcional, con la capacidad de generar una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad internas y externas: Crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, ciberataques y protección de la infraestructura crítica del Estado. En esta línea, además de la conformación de una Consejo de Inteligencia (de carácter asesor), se anunció potenciar las atribuciones del Director de la ANI para exigir información a los órganos del Sistema de Inteligencia. La idea de fondo es propiciar orientación y conducción estratégica, con objetivos y metas comunes a sus integrantes, incrementando la capacidad de producir inteligencia de Estado en todos los actores y niveles del Sistema[xxi].

 

Conclusiones

El terrorismo es una táctica para alcanzar objetivos políticos o ideológicos, que en el mundo se ha utilizado con diversos propósitos, pero es en las últimas décadas cuando dicho fenómeno ha cobrado relevancia en las agendas y políticas de seguridad a nivel global, debido al impacto del terrorismo de inspiración religiosa, denominado Yihadismo, por su peligrosidad, capacidad operativa, potencial de movilización y alcance internacional. En este contexto, y partir de los sucesos del 11-S la comunidad internacional y los Estados, vienen desarrollando instrumentos de seguridad para contrarrestar esta amenaza.

En el caso específico de Chile, si bien no existen acciones desarrolladas por individuos o grupos que adhieran al yihadismo, se presentan dos expresiones de terrorismo de baja intensidad, como lo son el Anarquismo y el Etnonacionalismo, que requieren el despliegue de medidas en el ámbito de la Seguridad Pública, proporcionales a la percepción de amenaza.

 No obstante lo anterior, Chile necesita disponer de las capacidades para enfrentar amenazas de carácter terrorista actuales y futuras, lo que implica modernizar la legislación de conductas terroristas, potenciar el Sistema de Inteligencia del Estado (con la correspondiente modificación legal) y disponer de una Estrategia de Seguridad Nacional que contenga lineamientos respecto a la prevención del fenómeno terrorista, para lo cual resulta necesario tomar elementos de la experiencia internacional, como puede ser el modelo de España, fundamentalmente en materia de prevención de la radicalización violenta.

En el sentido de lo anterior, por el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones prevenir el terrorismo exige políticas, y legislación acorde, diseñadas para contener sus instrumentos financieros, de captación y apoyo. Se trata de la necesidad de abordar el fenómeno de una manera integral, ya que en otros países es mediante internet que agrupaciones violentas diseminan su propaganda, discurso y generan la captación de militantes o activistas; en este sentido, internet constituye una plataforma para las actividades terroristas. Esta es un área en que nuestro país debe fortalecer sus capacidades.

Chile dispone de una sofisticada infraestructura para la generación de negocios, lo que podría constituir un atractivo para actividades de financiación del terrorismo, sin embargo, entre las capacidades que deben destacarse se encuentra la creación en el año 2003 de la Unidad de Análisis financiero, y legislación en la materia, con la finalidad de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y es por ello que hoy en día diversas entidades financieras están obligadas por ley a informar sobre operaciones sospechosas.

Con la finalidad de prevenir de manera óptima los delitos terroristas, es urgente modificar la actual ley de conductas terroristas, incorporando delitos que no existen en dicho cuerpo legal como lo son la colaboración con actividades terroristas en cuanto a apoyos no-financieros, el reclutamiento con fines terroristas, y una definición de terrorismo cuyo énfasis esté en sus fines políticos en lugar de su intención de causar temor. En el caso de España el terrorismo se considera como una subversión al orden institucional. Adicionalmente a los tipos de delitos, más bien en el ámbito de los instrumentos, se considera necesario adoptar medidas como establecer tribunales en lugares geográficos distintos a donde ocurrieron los hechos; además de incorporar instrumentos de investigación como agentes encubiertos.

Respecto a la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, se propone establecer una autoridad centralizada, como así mismo, fomentar los canales de coordinación y de diseminación de la información, en el contexto de instaurar, a través de la ley y la gestión, una comunidad nacional de inteligencia, que funcione con dicha lógica.

En materia de institucionalidad antiterrorista, el Estado chileno no posee un organismo encargado de efectuar la coordinación operativa de las policías y de los organismos de emergencia para enfrentar acciones terroristas, como asimismo, recoger la información de bases de datos nacionales e internacionales en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Acudiendo a la experiencia internacional, un ejemplo de un organismo de esta naturaleza lo constituye el Centro de Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) de España, sin embargo, cabe hacer presente que cada país diseña sus políticas e institucionalidad sobre la base de su realidad y percepciones de amenaza, por tanto, para el caso de Chile, la ausencia radica en una instancia coordinadora más que en un nuevo organismo propiamente tal.

Resulta altamente recomendable adoptar el ejemplo de España, en orden a disminuir las vulnerabilidades, incrementando las capacidades mediante la coordinación entre organismos públicos, bajo un modelo de coordinación inter-agencial que implica eficiencia en el empleo de recursos, y que además considera como parte integral a la cooperación internacional.

En definitiva, Chile dispone de capacidades para enfrentar el fenómeno terrorista, pero éstas se encuentran dispersas, pues se carece de un enfoque integral dado por una estrategia. Estás capacidades existentes requieren ser potenciadas, a través de un marco estratégico, una modernización legislativa y el funcionamiento coordinado de los esfuerzos que desarrollan las distintas instituciones del ámbito de la seguridad. Un avance en este sentido lo constituiría, en el ámbito de la inteligencia, la materialización del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. La respuesta integral al terrorismo debe considerar la prevención, protección, persecución y preparación.

Por último, la prevención y combate al terrorismo debe ser considerada una política de Estado, orientada a anticiparse y adaptarse a futuros retos en materia de seguridad que pudiesen presentarse, desde la lógica de la prevención y en un marco del estricto respeto a los derechos humanos.

Citas bibliográficas

[i] PRIETO, Ana. Todo lo que necesitás saber de terrorismo. Buenos Aires, Editorial Paidós, 2015. p. 18.

[ii] RODRÍGUEZ, Tania. El terrorismo y nuevas formas de terrorismo. Espacios Públicos [en línea] 2012, 15 (enero-abril), [Fecha de consulta: 11 de julio de 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67622579005

[iii] DE LA CORTE, Luis. La lógica del Terrorismo. Madrid, Alianza Editorial, 2006. p. 43

[iv] ELORZA, A., BALLESTER, M., y BORREGUERO, E. Terrorismo y Religión. En: R. D. A. BLANCO ABARCA. Madrid 11-M: Un análisis del mal y sus consecuencias. Madrid, Trotta, 2005. pp 43-78.

[v] RODRÍGUEZ, Op. cit. p.79

[vi] AZNAR, Federico. Aproximación al fenómeno del terrorismo. [En línea]. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015. [Fecha de consulta: 07 de julio 2018]. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA14-2015_Terrorismo_FAFM.pdf

[vii] DE LA CORTE, Op. cit. p. 49

[viii] CHILE. Consulta de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, al Honorable Senado de la República sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024. [en línea]. Revista AA Inteligencia, 2012, p. 19. [Fecha de consulta: 09 de julio 2018]. Disponible en http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2012/08/ENSYD-version-defi nitiva1.pdf

[ix] CHILE, Op. cit. p. 36

[x] Instituto Español de Estudios Estratégicos y Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Las Estrategias de Seguridad Nacional de Chile y España. Un análisis comparativo. [en línea]. 2013. [Fecha de consulta:03 de julio 2018]. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET04-2013_EstrategiasSeguridadNacional_ChileyEspana.pdf

[xi] ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido de todos y para todos. [en línea]. Presidencia de Gobierno, 2017, p. 91. [Fecha de consulta: 08 de julio 2018]. Disponible en: http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf

[xii] CHILE, Op. cit. pp. 45-51

[xiii] LEY N°18.314. Determina conductas terroristas y fija su penalidad. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 17 de mayo 1984.

[xiv] ROMERO, Cristina y Águila, Francisco. Las reformas que el gobierno buscará impulsar para mejorar la legislación antiterrorista. Diario electrónico Emol. [en línea]. 15 de marzo 2018. [fecha de consulta: 10 de julio 2018]. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/03/15/898826/Gobierno-buscara-modificar-competencia-de-tribunales-en-casos-de-terrorismo.html

[xv] MEZA-LOPEHANDÍA, Matías y WILLIAMS, Guido. Evolución de la legislación antiterrorista: Chile y España. [en línea]. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. [Fecha de consulta: 30 de junio 2018]. Disponible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24964/1/FINAL___Evolucion_de_la_legislacion_antiterrorista__Chile_y_Espana.pdf

[xvi] SIRONVALLE, Tania. La tipificación de los delitos terroristas en Chile, a la luz del marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo. En: Revista Jurídica del Ministerio Público. Santiago (44): 220-236, septiembre 2010.

[xvii] LEY, Op. cit.

[xviii] MATUS, Javiera y Díaz, Felipe. Las principales diferencias de la Ley Antiterrorista chilena con el mundo. Diario la Tercera. [en línea]. S.f. [Fecha de consulta: 11 de julio 2018]. Disponible en: http://diario.latercera.com/edicionimpresa/las-principales-diferencias-de-la-ley-antiterrorista-chilena-con-el-mundo/

[xix] LEY N°19.974. Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 02 de octubre 2004.

[xx] ROMERO, Op. cit.

[xxi] GOBIERNO DE CHILE. Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. [en línea]. 2018. [Fecha de consulta:21 de julio 2018]. Disponible en: https://www.gob.cl/acuerdoporlaseguridad/

Reflexiones en torno a los procesos de Radicalización Violenta

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Siendo las 14:05 hrs. del 08 de septiembre de 2014 estalló un artefacto explosivo en el centro comercial continuo a la estación del Metro Escuela Militar, dejando un saldo de 14 personas lesionadas. El artefacto estaba compuesto por pólvora negra en un extintor, con sistema de relojería. En diciembre de 2017 la justicia determinó que el responsable de este atentado, calificado como terrorista, es el anarquista Juan Flores Riquelme. La pregunta que surgen es: ¿Cómo es posible que una persona, sobre la base de postulados ideológicos, cometa una acción de esa naturaleza?

Contrario a lo que se pudiese pensar, las personas que se involucran en actividades terroristas no padecen patologías psicológicas, de hecho, el terrorismo que por su esencia se desarrolla en forma clandestina, exige individuos normales, que sean capaces de seguir instrucciones y entre sus características no esté la impulsividad. En este sentido, y de acuerdo a la experiencia internacional, las actividades terroristas deben analizarse desde la psicología social, con énfasis en la identidad colectiva y la interacción grupal.

La radicalización violenta es el proceso mediante el cual un individuo asume una ideología que justifica el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos o ideológicos, lo que en muchos casos lleva a implicarse en actividades terroristas, aunque no necesariamente todas las personas radicalizadas se transforman en terroristas. Para quienes la ejercen, la violencia usada como táctica política es un medio que se justifica, tanto en lo moral como en términos de su efectividad para alcanzar los objetivos políticos.

En expresiones de terrorismo de distinto tinte es recurrente que quienes se implican en actividades terroristas, se consideran miembros de un colectivo de referencia víctima de atropellos e injusticias que justifican el empleo del terrorismo. En el caso del etnonacionalismo en el sur de Chile, el colectivo de referencia es el pueblo mapuche, cuya subsistencia se encontraría amenazada a causa del capitalismo, por tanto, los atentados incendiarios son considerados como una forma de lucha legítima a partir de la inferioridad de medios.

Sentirse miembro de una comunidad víctima no necesariamente requiere haber vivido en carne propia injusticias, ya que mediante la memoria colectiva podría traspasarse este sentimiento de agravio de generación en generación, tal como ocurre en el caso de violencia asociada a la causa mapuche donde la actual generación reclama por los atropellos ocurridos durante la Ocupación de La Araucanía en el siglo diecinueve.

El sentimiento de indignación a causa de una injusticia, que pudiese ser real o exagerada, hace que la persona busque soluciones para cambiar esa situación, por lo que la respuesta puede encontrarla en un esquema de pensamiento, una ideología portadora de redención. La adscripción a una determinada ideología puede comenzar con el consumo de contenidos de páginas web radicales. Al respecto, la ideología juega un rol fundamental respecto a la percepción de la realidad en cuanto a la efectividad de la violencia para alcanzar objetivos políticos.

Las redes sociales contribuyen a la radicalización violenta, por la difusión ideológica y también por el hecho de promover la noción de “colectivo víctima”. A modo de ejemplo, las páginas de Facebook de corte etnonacionalista difunden imágenes de allanamientos policiales a comunidades mapuche para mostrar excesos en dichos procedimientos, donde niños son presentados como las principales víctimas de la represión policial, lo que evidentemente en una audiencia de jóvenes mapuches propensos a la radicalización genera potencial de movilización y la reafirmación de su identidad colectiva. Significa sentarlos frente a la pantalla de un computador y decirles “mira lo que le están haciendo a tu pueblo”.

Evidentemente, luego de adscribir a los postulados ideológicos, y sentir la indignación moral, el paso para integrar un grupo terrorista es breve, lo que implica pasar de las consignas a la acción, ejecutando acciones concretas, las que a ojos de los terroristas se encuentran moralmente justificadas, incluso por lo general la responsabilidad del atentado es traspasada a las propias víctimas, al considerarlas como representativas del enemigo que comete los agravios.

Se debe hacer la distinción que no necesariamente todas las personas que se radicalizan cometen actos terroristas, pues pasar a la acción requiere de otros factores que inciden en lo que comúnmente se denomina convertirse en terrorista, como la cercanía con una agrupación y la sociabilización en ideas radicales en el propio entorno, ya sea la familia, amistades y entornos educativos. Concretamente, y a modo de ejemplo, un joven podría iniciarse en los postulados del anarquismo insurreccional si entre sus amigos de universidad hay quienes adscriben a dicha ideología, y lo propio ocurre con jóvenes pertenecientes a comunidades mapuches radicales respecto al etnonacionalismo.

En La Araucanía, la radicalización violenta se genera al interior de determinadas comunidades, hogares estudiantiles, universidades, asociaciones culturales, cárceles, entre otros. Se podría decir que existen entornos radicales propicios para la difusión ideológica, pero sin desconocer el papel que juega internet y las redes sociales en los procesos de radicalización, no obstante, la radicalización se produce en compañía de otras personas, en forma grupal.

Siguiendo con las motivaciones, además de rabia y deseos de venganza, se podría mencionar el sentido de propósito, en relación a darle un sentido a la vida con lo que se cree es un fin superior, como pudiese ser la liberación de un pueblo, lo cual justificaría el empleo de medios violentos. Por esta razón, quien recurre a la táctica terrorista lo hace con el convencimiento de estar haciendo moralmente lo correcto, y además cumpliendo una misión trascendente.

El sentido de propósito y/o indignación, se da en el contexto de percibirse miembro de un grupo más amplio, un colectivo de referencia, ya sea la Umma, el pueblo mapuche, la clase obrera, el pueblo palestino, pudiendo establecerse una larga lista de etcéteras conforme al tipo de terrorismo que se esté analizando. Lo que está claro es que en los procesos de radicalización se asume una identidad colectiva, que facilita reafirmar la propia identidad, y también, deshumanizar a quienes se perciben como enemigos.

Podría establecerse que el haber experimentado un proceso de radicalización violenta es un común denominador para un militante del Estado Islámico y para un militante de la Coordinadora Arauco Malleco, guardando las proporciones respecto a las abismantes diferencias de métodos (en nada comparables) e ideologías entre uno y otro, sin embargo, siguiendo con el ejemplo, en ambos casos se recurre a la violencia como una táctica para lograr objetivos, los que en el primer caso son ideológicos y religiosos, mientras que en el segundo son políticos e ideológicos; pero el rasgo en común es considerar a la violencia cómo único camino legítimo para lograr las reivindicaciones de un colectivo de referencia, sobre la base de criterios de racionalidad, emotividad e identidad.

La radicalización violenta se genera en distintos países, distintas culturas y bajo distintas ideologías; pues es un proceso que experimentan personas que les hace justificar la violencia para fines que pudiesen ser: atacar el poder, librar una lucha de liberación nacional o imponer el dominio de una religión, entre otros. En este sentido, se expresa con diferentes niveles de violencia que pueden ir desde atentados incendiarios hasta ataques suicidas, según el contexto cultural en que se produzca.

En definitiva, las personas que optan por el terrorismo no son, en la mayoría de los casos, enfermos mentales, sino que individuos radicalizados que se han socializado en determinadas creencias y eligen la violencia como método de influencia socio-política. La opción de la táctica terrorista parte desde una posición de inferioridad, ya que dice relación con la incapacidad de imponer los cambios que se desean por vía democrática, o también con la inferioridad de medios en el plano militar para enfrentarse a un Estado.

Contener el fenómeno de la violencia política exige abordar el tema de la radicalización violenta con políticas concretas para prevenirla y contrarrestarla, por ejemplo, desde el ámbito de la educación escolar y las políticas públicas, identificando las condiciones que contribuyen al radicalismo, tal como se ha hecho otros países.

En Chile las políticas de seguridad no abordan los procesos de radicalización violenta, como elemento central de la prevención y contención de la violencia política. Mientras tanto, niños y jóvenes mapuches se radicalizan, como generación de recambio de “weichafes” para continuar la senda de la violencia en el contexto de un conflicto que parece no tener fin, en tanto no se generen respuestas en los ámbitos político, jurídico y policial, en el marco de una estrategia integral.

 

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Políticas para enfrentar la violencia en La Araucanía

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En el último informe del Barómetro de Conflictos presentado por la Multigremial de La Araucanía, correspondiente al trimestre julio – septiembre, queda de manifiesto que dicho periodo fue uno de los más violentos de los últimos años, con un total de 05 iglesias y 53 camiones quemados en distintos puntos de las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

El terrorismo es ejercido por agrupaciones radicales, sobre la base de postulados políticos e ideológicos que no necesariamente representan las aspiraciones del pueblo Mapuche, sin embargo, el problema fondo es la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios, que en su historia no ha estado exenta de dificultades e injusticias, pese a que se han generado desde 1990, con la promulgación de la Ley Indígena, políticas de reparación, mediante la entrega de tierras y programas sociales. En este sentido, surge la interrogante: ¿De qué forma Chile puede solucionar definitiva, y adecuadamente, el denominado Conflicto Mapuche?

 

El modelo de Nueva Zelanda

Cuando se busca en la experiencia internacional un modelo exitoso respecto a resolver conflictos con los pueblos originarios, es recurrente el caso de Nueva Zelanda con el pueblo Maorí, no obstante, dicho modelo puede constituir una referencia e inspiración para la formulación de políticas públicas en Chile, ya que son realidades distintas con sus propias especificidades, por tanto, no es posible tomar un modelo y aplicarlo en forma exacta.

Dicho lo anterior, entre las claves del modelo neozelandés están las políticas de reparación, en cuyo contexto se destaca la creación de un tribunal (Waitangi) para resolver los reclamos de la población indígena, espacios de representación política en el Parlamento y su incorporación en la economía. A partir de un conflicto, que tiene su origen en el siglo diecinueve, es recién en la década de 1970 cuando Nueva Zelanda inicia este proceso, luego de un proceso de movilización y protestas impulsado por el pueblo Maorí, a partir del surgimiento de una generación de jóvenes que accedieron a educación universitaria y generaron un movimiento de demandas étnicas.

Entre las medidas que mayor impacto han caudado, entre la relación pueblo Maorí y Estado de Nueva Zelanda está el Tribunal de Waitangi, en el cual las tribus han presentado diversas demandas en busca de reparación, lo que incluye reclamaciones ancestrales; por lo que el tribunal, a través de un proceso de dialogo, busca llegar a un acuerdo y establecer una medida concreta de reparación, que puede incluir un acto simbólico de disculpa por parte del gobierno, la cual se conoce como disculpa oficial.

Los acuerdos a los que llega el tribunal generalmente implica una reparación financiara, con fondos de inversión para comunidades, que a través de las utilidades que generan los negocios se impactan en la calidad de vida de las comunidades. La incorporación de los Maoríes a la actividad empresarial persigue situarlos como protagonistas de su propio desarrollo, mejorando su acceso a la educación, salud, entre otros.

El proceso en Nueva Zelanda abordó la representación política de los Maoríes en el Parlamento, mediante escaños exclusivamente reservados para miembros de este pueblo originario, por tanto, esta medida surge como un instrumento de reconocimiento, reparación y empoderamiento de una cultura considerada parte de la Identidad de Nueza Zelanda.

 

Tomando la inspiración Maorí para Chile

Sobre la base de las lecciones de Nueva Zelanda y la realidad específica del pueblo Mapuche, en términos de injusticias históricas que no han sido adecuadamente reparadas y de la situación de la violencia asociada a la causa mapuche por parte de grupos minoritarios radicalizados se evidencia la necesidad de formular una estrategia, tanto para el problema de fondo no resuelto, como para la violencia política de carácter etnonacionalista que se ha extendido por dos décadas sin una efectiva política de contención por parte del Estado, entendiendo que ésta no debe estar basada exclusivamente en el instrumento policial, ya que también requiere de una salida política.

En este sentido, las políticas deben considerar beneficios distintos a la compra de tierras, a través de una medida de compensación distinta y orientada a mejorar la calidad y condiciones de vida del pueblo mapuche en forma armónica con su cosmovisión, ya que la reparación mediante tierras resulta inviable, sobre todo considerando la subdivisión de comunidades, lo que ha incrementado forma ascendente la demanda por tierras.

 

La Estrategia

 Contener y superar la violencia que ha afectado a tres regiones, implica una Política de Estado integral, que contenga una respuesta política, jurídica y policial:

 

Respuesta Política:

Medidas de reparación factibles y surgidas de un proceso de diálogo y negociación en áreas de representación política y desarrollo económico:

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, respecto a su existencia y derechos culturales (identidad, lengua, tradiciones).

Políticas de desarrollo económico, con fondos de inversión para el emprendimiento.

La respuesta política conlleva implícitamente a restarle credibilidad al mensaje violentista, separando las demandas del pueblo mapuche de los objetivos políticos de los grupos radicales.

Derivado de lo anterior, se requiere prevenir la radicalización violenta, identificando condiciones que contribuyen a implicarse en actividades terroristas (como la falta de oportunidades para los jóvenes en la denominada zona de conflicto). La educación es una de las principales armas para la prevención de ideologías extremistas que justifican la violencia para alcanzar objetivos políticos e ideológicos, promoviendo en los jóvenes un sentido positivo de la identidad mapuche.

 

Respuesta Jurídica:

La respuesta política requiere lo propio en el ámbito jurídico, en términos de generar modificaciones constituciones que consagren el reconocimiento y participación política de los pueblos indígenas.

Así mismo, es fundamental efectuar modificaciones legales que posibiliten establecer soluciones en materia de reparación al pueblo Mapuche, fundamentalmente en lo relativo a la política de entrega de tierras, como así mismo en el plano de la Seguridad Pública se requiere modificar la legislación que sanciona actividades terroristas:

Ley Indígena (N°19.253): Modificar el tipo de compensación establecido por el Fondo de Tierras y Aguas, reemplazando la entrega de tierras por una reparación económica, a través de un fondo de inversión para la generación de negocios, con equivalencia económica respecto a las hectáreas reclamadas. Quienes accedan a esta política de reparación deberán renunciar a futuras reclamaciones.

Ley de Conductas Terroristas (N°18.314): Establecer una definición de terrorismo en relación a sus fines políticos en lugar de su propósito de causar temor, además se requiere incluir delitos no contemplados actualmente, como la colaboración con actividades terroristas o con organizaciones o grupos terroristas en lo que se refiere a apoyos materiales no financieros, como proveer de refugio o medios de transporte, y también el delito de reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas.

 

Respuesta Policial:

En la persecución de los delitos es fundamental evitar excesos en cuanto a la labor policial, ya que el combate a la violencia política debe desarrollarse en el marco del respecto a los derechos humanos, y tomando resguardos para evitar la discriminación del pueblo mapuche.

De acuerdo a la experiencia internacional, entre los principales instrumentos se encuentra la labor de Inteligencia, con medios tecnológicos (como los usados en la “Operación Huracán”) y sobre todo Inteligencia de Fuentes Humanas, surgiendo la necesidad de potenciar herramientas de investigación como es el caso de los agentes encubiertos, con la finalidad de proveer de información que permita frustrar los planes y desmantelar las agrupaciones violentas.

 

CONCLUSIÓN

La violencia política del sur del país no obedece a un fenómeno cuya solución sea imposible; más bien corresponde entenderlo como un problema no resuelto entre el Estado chileno y los pueblos originarios, que dice relación con una historia compleja a partir de los atropellos e injusticias que datan desde el proceso de Ocupación de La Araucanía en el siglo diecinueve, sin que oportuna, o adecuadamente, se implementaran políticas de reparación. Es en el contexto de la movilización por reivindicaciones históricas donde surge una minoría radicalizada que por dos décadas han empleado la violencia con fines políticos e ideológicos.

El terrorismo en La Araucanía se debe derrotar tanto policial, como políticamente, restándole credibilidad al mensaje de las agrupaciones terroristas, para privarlos de su base social de apoyo, y por consiguiente evitar la radicalización violenta y el reclutamiento de militantes, vale decir, limitar su potencial de movilización.

Para garantizar el Estado de Derecho es esencial desarticular estas agrupaciones minoritarias y llevar ante la justicia a los responsables de cometer delitos.

En el sentido de lo anterior, la violencia etnonacionalista, corresponde sólo a una dimensión del problema, no obstante, lo fundamental es crear un nuevo paradigma en la relación del Estado, y el conjunto de la sociedad chilena, con los pueblos originarios, basado en el dialogo y el consenso. La solución del denominado conflicto mapuche requiere de una respuesta política.

 

 

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La Inteligencia de Fuentes Humanas y contención de la violencia etno-nacionalista

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Los constantes atentados incendiarios en La Araucanía evidencian la fragilidad del sistema de Seguridad Pública respecto a la protección de bienes frente al uso de la táctica terrorista. Una amenaza que se expresa a través de individuos, que luego de experimentar un proceso de radicalización violenta, integran agrupaciones que forman parte del Movimiento Nacionalista Mapuche. Si bien se trata de una minoría radicalizada, la cual promueve postulados políticos a los cuales no adhiere la mayoría del pueblo mapuche, resulta difícil en las zonas rurales donde operan estos grupos distinguir a los violentistas. Es ahí donde la función de inteligencia juega un rol crucial.

La labor de Inteligencia comprende cuatro fases secuenciales, lo que se conoce como Ciclo de Inteligencia:

Dirección: Se determinan las necesidades de información, estableciéndose objetivos, planificación y coordinación de medios disponibles.

Recolección: Corresponde a la obtención de información requerida para análisis y producción de inteligencia.

Elaboración: Es la transformación de la información obtenida en inteligencia, mediante análisis que implica valoración de pertinencia y exactitud, integración con otra información disponible e interpretación del conjunto. Esto es la producción de inteligencia.

Difusión: Distribución de la inteligencia producida, en forma segura y por los medios adecuados, a quienes requieren de ella, como pudiesen ser autoridades o mandos policiales.

La inteligencia, como actividad de búsqueda y tratamiento de la información, la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, la define como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Para efectos del presente análisis, consideraremos la inteligencia orientada a contrarrestar actividades terroristas de acuerdo a los fines de la Seguridad Pública.

La recolección de información para producir inteligencia se desarrolla por distintas vías, que incluyen fuentes abiertas (información pública), como fuentes cerradas que incorporan medios como los sistemas de captación como señales electrónicas (SIGINT) y también fuentes humanas (HUMINT), entre otros. Estos sistemas por lo general son complementarios, pero en el caso específico de actividades terroristas las fuentes humanas son altamente relevantes.

Por Humint (Human Intelligence) se entiende la inteligencia derivada de información proporcionada por fuentes humanas, y que en términos generales es el uso de agentes encubiertos e informantes. En materia de contención de actividades terroristas, el agente encubierto dice relación con la infiltración en la estructura de una organización o grupo terrorista, con la finalidad de proveer de información que permita frustrar sus planes, y por consiguiente, desbaratar la agrupación, como también pudiese ser conseguir pruebas para uso judicial.

Los agentes encubiertos, ya sea funcionarios policiales o de inteligencia, para operar simulan compartir las convicciones políticas de grupos radicales, por lo que son reclutados como integrantes de estas agrupaciones, para desde su interior proveer de información relevante; distinto al caso de los informantes, quienes no ostentan la calidad de funcionarios públicos, pero por encontrarse insertos en determinados ambientes pueden recabar información de utilidad, no obstante, la información que pueden suministrar es parcial.

La inteligencia de Fuentes Humanas constituye una importante herramienta que dispone un Estado para luchar contra el terrorismo, en cualquiera de sus facetas, sin embargo, esta técnica no está contemplada en la legislación chilena para delitos terroristas, pero sí para perseguir el tráfico de drogas.

Pese a los medios de recolección basados en la tecnología, las fuentes humanas son de importancia fundamental, como lo demuestra la experiencia internacional, por el alto valor de la inteligencia que se puede extraer, en forma complementaria con otros medios para determinar aspectos como la estructura organizativa, planificación de un órgano de resistencia territorial (célula) y recursos que disponen.

Naturalmente, mientras mayor sea la implicación del agente en el grupo terrorista, mayor es la expectativa de obtener datos útiles acerca de su modus operandi, jerarquías, relaciones de poder, procesos de reclutamiento, dinámicas grupales y radicalización violenta de sus miembros.

De acuerdo a su operatoria en otros países, el proceso de infiltración puede resumirse de la siguiente manera: Selección del agente, confección de coberturas, solicitud de autorización judicial, definición del proyecto de infiltración, confección de informes, desarrollo de la explotación, extracción, declaración del agente.

La infiltración exige un riguroso programa de formación para desarrollar en los agentes las necesarias habilidades y capacidades para desenvolverse en el escenario operativo, que incorporan habilidades sociales, de manejo de emociones y conocimientos en ideología y características de la identidad colectiva que supuestamente asumirá. Además de tener un perfil profesional idóneo, debe contar con determinadas características psicológicas como lo son la estabilidad emocional o tolerancia a la frustración, entre otros, son necesarias para el desarrollo de una labor tan delicada. La formación profesional de los agentes debe incluir tratamiento de fuentes humanas, interceptación de comunicaciones, técnicas de vigilancia, etc.

La infiltración es compleja, ya que presupone ingresar al grupo, bajo una identidad falsa, simulando compartir determinada visión ideológica, sin levantar sospechas, lo que en el caso de los grupos violentos que operan en La Araucanía, ya sea militantes de los órganos de resistencia territorial de la CAM o de Weichan Auka Mapu, son comuneros o estudiantes provenientes de zonas rurales, incluso en muchos casos existen lazos de parentesco, es decir, son individuos de determinados entornos del indigenismo radical, donde se comparte, por ejemplo, el haber asistido al mismo liceo rural o la pertenencia a una comunidad, por tanto, “se sabe quien es quien” lo que constituye una dificultada para la infiltración de un agente.

La selección de un agente, para el caso de la violencia etnonacioanalista debe considerar la pertenencia a la etnia mapuche, incluyendo características físicas y disponer de una historia personal verosímil, en un proceso que requiere un considerable periodo de tiempo para ganar las confianzas del grupo a infiltrar.

Es necesario hacer la distinción entre agentes infiltrados e informantes, ya que los segundos no son funcionarios públicos, a diferencia del infiltrado quien es un funcionario policial o de inteligencia, los informantes no pertenecen a ninguna institución, pero en su labor son controlados por un funcionario de un organismo público, y obtienen compensaciones económicas por las informaciones que aportan. En los países donde existe la figura del agente encubierto, sus acciones poseen respaldo institucional y se encuentran legalmente definidas e incluso supervisión judicial.

En el plano organizativo, la infiltración presupone proveer al agente de tres coberturas necesarias para realizar su labor: Legal, seguridad y logística. La cobertura legal implica generar la documentación falsa para respaldar la identidad ficticia que asumirá el funcionario, que en el caso de Chile debiese emanar del Registro Civil e Identificación. En materia de seguridad, disponer de medidas para protección del agente, como la existencia de un plan de extracción. La cobertura logística es proveer al agente de recursos económicos e infraestructura, tanto para cumplir su labor como para darle credibilidad a su identidad supuesta.

Cuando se va a utilizar el recurso de la infiltración, en primera instancia se requiere analizar la viabilidad, como también el análisis costo-eficacia que busca determinar si el costo material y humano que requiere la infiltración pudiesen alcanzarse los mismos objetivos pero por otros procedimientos de recolección de información.

Respecto a las limitaciones de un agente encubierto, y sobre la base de la experiencia internacional, si bien éste puede verse obligado a participar en delitos para ganarse la confianza del grupo, naturalmente no puede inducir la comisión de delitos, ya que su rol en ningún caso es el de instigar, como asimismo cometer delitos de homicidio.

La infiltración es una técnica de obtención de información que en Chile está contemplada para la persecución del tráfico de drogas, y la ley expresamente señala que “como agente encubierto o agente revelador estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma”.

En el sentido de lo anterior, se requiere modificar la legislación de conductas terroristas para posibilitar el uso de esta técnica en el ámbito del contraterrorismo, por su alta eficacia y utilidad para desbaratar agrupaciones radicales, sin embargo, y a diferencia de los grupos delictuales, en el caso de las actividades terroristas la complejidad es mayor, pues dado que la motivación de los implicados no es económica, el agente debe sumergirse en un ambiente hostil donde la motivación está dada por objetivos políticos y un sustrato ideológico.

Este instrumento está contemplado en legislaciones de diversos países, de cuya experiencia se desprende la importancia de contar con un marco legal que regule debidamente las actuaciones en este ámbito, tanto por la vía de contar con protocolo de infiltración, como del correspondiente control judicial y limitar la actuación del agente. Lo que se busca con ello es desarrollar esta labor, en cuando necesaria, en el marco del Estado de Derecho.

De implementarse el uso de agentes encubiertos, mediante la correspondiente modificación legal, en lo relativo a la ley de conductas terroristas, los agentes debiesen ser funcionarios policiales con una adecuada formación para ejercer la labor, debido a que el Sistema de Inteligencia del Estado dispone de la Agencia Nacional de Inteligencia como un organismo de coordinación y producción de inteligencia, mientras que las funciones operativas las asumen fuerzas armadas y policías. En este contexto, Carabineros y PDI cuentan con las capacidades para la formación y entrenamiento de agentes encubiertos.

No cabe duda que en Chile existen las capacidades profesionales para implementar esta técnica de investigación, sin embargo, en el ámbito político no existe consenso respecto a su aplicación, por lo que no ha prosperado en el parlamento, pues equívocamente se percibe como un instrumento que no es compatible con el sistema democrático e incluso se teme que la figura del agente encubierto pudiese tener un uso político, sin embargo, ello se puede prevenir con normas que impidan la utilización del sistema con una finalidad distinta, incluyendo adecuados mecanismos de control.

En definitiva, perfeccionar la legislación antiterrorista es un requisito esencial para enfrentar, con mayor eficacia,  tanto el terrorismo de sello etnonacionalista como prevenir otras expresiones de terrorismo que pudiesen presentarse en el futuro.

Detienen en Argentina al activista mapuche Facundo Huala: Chile pide su extradición

Argentina detuvo al fundador del grupo terrorista RAM, ligado a la etnia mapuche. Chile pidió su extradición.

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Facundo Jones Huala, fundador de una organización violenta que le declarara “una guerra de fuego” a la Argentina y Chile, fue detenido en un operativo especial de la Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, entre las localidades de El Bolsón y Bariloche.

 Reivindicación de la lucha armada

Facundo Huala, tiene causas judiciales en Chile por atentados en poblado y terrorismo. Varios atentados contra personas y propiedades en territorio argentino, ocurridos en los últimos años, fueron asumidos como propios por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que promueve la lucha armada e independencia de un extenso territorio que abarca Chile y Argentina.

A mediados del año pasado, Huala fue detenido en Argentina por la ocupación ilegal de un predio. El juez federal interviniente, Guillermo Otranto, dictó falta de mérito en la toma de tierras y declaró nulo el pedido de Chile. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, considera a Jones Huala un guerrillero y pidió el juicio político del magistrado.

Su abogada Elizabeth Gómez Alcorta, expresó luego de la nueva detención, que el pedido de extradición de Chile ya no tiene validez. La abogada, también defiende a otra integrante de una organización acusada de estafas contra el Estado y hechos violentos: Milagro Sala. Un pequeño grupo de activistas se movilizó frente al juzgado federal, al grito de: “El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue” y “Estado fascista, vos sos el terrorista”.

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Cambio de clima

Luego de la controvertida liberación de Huala, la Procuración Fiscal de la Nación emitió un dictamen que también cuestionó la decisión del juez Guido Otranto, recomendando que “el líder de Resistencia Ancestral Mapuche sea entregado a Chile”, donde pesan serias acusaciones de terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro y violación de la ley de extranjería.

La Secretaría de Seguridad Interior también aconsejaría la extradición. En tal sentido, fuentes del ministerio de seguridad explicaron al diario Clarín, que tienen probado que los RAM reciben financiamiento internacional a través de fundaciones y ONG’s. Afirman que durante el kirchnerismo, el ex titular de la AFI, Oscar Parrili -oriundo de San Martín de los Andes-, les habría proporcionado respaldo político y económico a este tipo de agrupaciones. Y que recibieron millones de pesos a través del Instituto de Asuntos Indígenas e incluso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Todo eso se cortó con el cambio de Gobierno y esa sería una de las razones por las que recrudecieron los actos vandálicos este verano.

La novedad, es que Huala fue detenido en jurisdicción del juzgado federal de Bariloche, lo que demuestra que la orden de captura por la extradición a Chile está vigente. Se podría, entonces, generar un nuevo juicio por extradición y esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, con Huala detenido.

El fenómeno del terrorismo

Para intentar comprender el fenómeno de la violencia terrorista ligada a grupos étnicos que crece en América Latina, entrevistamos al especialista chileno en análisis del fenómeno terrorista Mauricio Heise

 

Transcripción textual de artículo periodístico, por incluir entrevista al autor de este sitio web. Fuente: Guioteca del diario El Mercurio, 29 de junio de 2017. https://www.guioteca.com

La senda terrorista de la Coordinadora Arauco Malleco

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La Coordinadora Arauco Malleco tras adjudicarse el atentado en que fueron quemados 19 camiones, hecho ocurrido el 12 de marzo, ataque ejecutado por el Órgano de Resistencia Territorial (ORT) Wenteche-Catrileo; ha estado en el debate público sus métodos de lucha como también los fines de la organización, la cual plantea aspiraciones consistentes en autonomía política y un territorio propio para el pueblo mapuche.

El proceso de articulación del movimiento autonomista mapuche tiene su génesis en la década de los 90 respecto a fines políticos, y específicamente en 1997 cuando debuta el empleo de la táctica terrorista con un atentado incendiario contra camiones de propiedad de la Forestal Arauco en la comuna de Lumaco. Este proceso se ha desarrollado en forma gradual a lo largo de dos décadas, en cuanto a articulación de organizaciones, diseminación de postulados ideológicos y capacidad para sostener una campaña terrorista, que incluye captación de militantes, logística y apoyos internacionales.

Con el nacimiento de la década de 1990 surgen organizaciones mapuches, políticas y radicales, que con sus postulados y reivindicaciones, crearán las condiciones que posibilitarán el nacimiento de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM) como organización anti-capitalista y autonomista, que planteará una “nueva forma de hacer política” sobre la base del terrorismo. En este sentido, fue el Consejo de Todas las Tierras quien primero esbozó el concepto de autodeterminación, y que luego la CAM lo tomaría dándole un rudimentario sustento ideológico para movilizar a comuneros y jóvenes mapuches cuyo resentimiento había sido heredado de generaciones anteriores.

Entre los principales antecedentes de la creación de la CAM se encuentra la fundación de la Coordinadora Territorial LafKenche en 1996, la cual se divide dos años después de su fundación a causa de la discusión entre sectores radicales y moderados en cuanto a la legitimidad y efectividad del uso de la violencia como medio para alcanzar los objetivos propuestos por la organización, por lo que surge la Identidad Territorial Lafkenche, como antecesora directa de la CAM, cuyo punto de inflexión es el mencionado ataque a camiones en Lumaco.

La irrupción de la CAM en lo que podríamos llamar movimiento político mapuche, transformó las protestas de reivindicación en la adopción de la violencia, incluso el terrorismo, como una herramienta con la cual luchar por un proyecto político nacionalista. A partir de su creación desarrolla un efectivo trabajo de diseminación de sus postulados, fomentando la radicalización violenta, y consiguiente reclutamiento, de numerosos comuneros y estudiantes, además de ejercer la representación de comunidades mapuches de su órbita, articuladas y radicalizadas.  En su ideario se mezcla un nacionalismo étnico con conceptualización de izquierda, como lo son el sentido anti-capitalista de la lucha, la formación de cuadros y la implícita noción de partido de vanguardia.

La CAM aspira a lo que denomina como la Reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, partir de lograr su autonomía política y territorial, vale decir, obtener un territorio propio para auto-gobernarse, sobre la base de una idealizada visión de la sociedad mapuche previo al proceso de Ocupación de La Araucanía, revalorando las dimensiones culturales propias de su identidad y recogiendo elementos de la forma de vida de los mapuches de antaño. En este sentido, la aspiración a un territorio con un estatus de autonomía política, con gobierno propio, lo que podría denominarse como un Estado Mapuche o Región Autonómica Mapuche es el objetivo principal, por lo que plantean su lucha como un proceso de Liberación Nacional.

Como un requisito esencial, para concretar esta utópica aspiración política, está la eliminación de las expresiones de la economía capitalista en el territorio mapuche, ya que lo consideran responsable del retroceso económico y político del pueblo mapuche, debido a lo que sería causante de la usurpación y deterioro en las tierras y aguas de las comunidades. En su visión, este deterioro será revertido con la reconstrucción del “mundo mapuche” como era antes la Ocupación de La Araucanía, época a la que consideran rica en términos económicos y políticos.

Para la CAM es el Estado el culpable de la violencia, pues consideran que invadió el Wallmapu y se lo entregó a la “elite que hoy está siendo confrontada”, intentando de esta manera traspasar la responsabilidad final de la violencia, la cual justifican como única alternativa para lograr restitución territorial, y para contrarrestar los procesos de inversión capitalista que estarían depredando territorios ancestrales. En este sentido, la Coordinadora pretende justificar el empleo del terrorismo a partir de lo que sería una condición de pueblo oprimido.

Como es de suponer, para la CAM sus postulados y objetivos políticos representan las aspiraciones del pueblo mapuche, por tanto, la organización pretende ser una vanguardia de revolucionarios que liberará a su pueblo para construir esa sociedad ideal, la que encarnará los más altos valores asociados a la identidad mapuche. Cabe precisar que, en cuanto a proyecto político, no identifica un modelo económico al cual se aspira, ni tampoco las características del sistema de gobierno que se instaurará tras el advenimiento de la autonomía política. Estos aspectos, de fundamental importancia, no han sido explicitados.

En su historia la organización ha sufrido reveses, como ocurrió a inicios de la década del 2000 cuando experimenta un gran debilitamiento operativo a consecuencia de la acción judicial y policial que impulsa el gobierno, lo que genera el encarcelamiento de varios de sus militantes y dirigentes, lo que lo obliga a la organización a operar en una suerte de clandestinidad o semi-clandestinidad.

Pese a lo anterior, la CAM ha logrado sobrevivir por casi dos décadas, no obstante, ha sido incapaz de erguirse como la conducción del movimiento radical mapuche, el cual se caracteriza por su atomización y por contar con diversos actores, incluso, se ha generado pugnas o rivalidades con otros orgánicas que también aspiran a la conducción del sector radical del movimiento político mapuche.

En el plano operativo, en la actualidad la ejecución de los atentados es realizada por células independientes que funcionan con autonomía, denominados Órganos de Resistencia Territorial (ORT), quienes planifican y efectúan selección de blancos, sobre la base de directrices y orientaciones generales que entrega la organización madre, a partir de su rol inspirador y político-estratégico. En definitiva, los ORT son una especia de “franquicias” que funcionan como grupos independientes de la CAM, lo cual ha sido explicitado por la propia organización en el comunicado de enero de 2016: “Anunciamos, además, que como Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, daremos libertad de acción a nuestros ORT-CAM, los cuales podrán definir sus acciones de acuerdo a sus criterios, respetando nuestra ética, normas y fundamentos políticos estratégicos como organización y mapuche”.

La atomización y ausencia de un mando centralizado de las agrupaciones violentas es un importante factor a considerar ante la posibilidad de una negociación con la CAM, ya que, además de su escasa voluntad de diálogo, se debe tener en consideración que su poder en la actualidad, tanto en movilizar a comunidades como de ejecución de atentados, es bastante reducida, más bien simbólico, pues ese espacio de poder hoy lo ocupan tanto sus “franquicias” como otras agrupaciones.

En cuanto a la voluntad de diálogo, dado los objetivos políticos de la CAM, y la viabilidad de ellos, las posibilidades de que el Estado negocie con dicha organización son a lo menos limitadas, ya que la Coordinadora establece como condición que una negociación para el cese de la violencia debe discutirse sobre la base de territorio y autonomía, en otras palabras, sólo estarán dispuestos al diálogo en la medida que se pacten condiciones para la “liberación nacional”, Concretamente Héctor Llaitul ha manifestado: “Existe disposición al diálogo con el Estado, pero sobre la base una agenda relacionada con territorio y autonomía, es decir, como se restituye territorio y se otorga ciertos grados de autonomía política”.

Desde sus inicios la CAM no ha optado por la vía de la negociación, sino de la táctica terrorista, a fin de generar publicidad a su causa y forzar al Estado, y a la sociedad en su conjunto, a acceder a sus demandas, las cuales carecen de toda factibilidad desde el punto de vista de la institucionalidad, estructura del Estado, legitimidad democrática y funcionamiento de la economía; además, de la razonable duda si los postulados autonomistas son el anhelo del pueblo mapuche.

Respecto a la querella presentada por el Gobierno contra la Héctor  Llaitul y contra todos quienes resulten responsables, invocando la Ley de Seguridad del Estado, por hacer “apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales”, no generará un impacto en la contención de la violencia, no sólo por la naturaleza organizativa del fenómeno, sino también por la ausencia de una estrategia integral que genere respuestas en los ámbitos jurídico, político y policial.

La CAM ha perdido capacidad operativa y de liderazgo, lo que da paso a un terreno fértil para emprendimientos terroristas en tres regiones, sobre la base de los postulados ideológicos que esta organización ha diseminado durante dos décadas, adquiriendo hoy un rol inspirador para agrupaciones que están en la misma senda terrorista.

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La conexión argentina: Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)

 

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“Ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el territorio libre y recuperado para todo nuestro pueblo” (RAM)

Las autoridades argentinas se encuentran en alerta con motivo del incremento de acciones violentas que están efectuando agrupaciones mapuches radicalizadas, las que sobre la base de un discurso nacionalista, consideran el uso de la violencia como el único camino legítimo conducente a la obtención de un territorio propio, para generar un proceso de liberación nacional, que considera como esencial la autonomía y el autogobierno. De acuerdo al anhelo de los nacionalistas, el Wallmapu (territorio mapuche) se extenderá en ambos lados de la cordillera de Los Andes.

En Argentina los postulados autonomistas son promovidos por un grupo radical denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que opera desde el 2010, pero alcanzó notoriedad en el 2014 a través de una declaración en la que expresaban sus motivaciones políticas, reivindicando acciones violentas en el contexto de lo que sería su estrategia de liberación nacional. Las acciones reivindicadas fueron el ataque incendiario al refugio Neumayer en Bariloche, como también la quema de una plantación forestal de la empresa Benetton y los ataques al consulado de Chile y  la catedral católica en Bariloche.

Según el citado comunicado, RAM sería parte de un movimiento autonomista mapuche llamado Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu (M.A.P) el cual estaría “desarrollándose en Neuquén, Rio Negro y Chubut, entre comunidades, organizaciones e individuos que se definen Autónomos, desde hace muchos años”.

Es en la provincia de Chubut donde se concentra las principales acciones por parte del RAM, habiendo realizado quema de maquinarias e infraestructura productiva, a través de atentados incendiarios y otras acciones de sabotaje, consideradas como de “resistencia”. Entre los atentados se cuentan la quema de máquinas retroexcavadoras, de cabañas, además de ataques con armas de fuego.

El principal enemigo del pueblo mapuche, que ha sido identificado por la mencionada agrupación violenta, al igual que sus similares en Chile, es el capitalismo, por lo que han anunciado su propósito de lograr la expulsión de todo lo que consideran como expresiones del sistema económico: Latifundio, empresas transnacionales, petroleras, mineras e hidroeléctricas. En concreto, la lucha se plantea como nacional (del Pueblo Mapuche) y revolucionaria anti-capitalista.

Respecto al conflicto en Chile, para la RAM su lucha es parte de la que realizan en este lado de la cordillera agrupaciones radicales con las mismas motivaciones políticas e ideológicas, existiendo, por tal razón, coordinación y colaboración entre ellas, según se desprende de las declaraciones de la agrupación argentina, en las cuales plantean como objetivo la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche políticamente autónomo, señalando que se trata de una misma lucha que se desarrolla en dos países distintos. De hecho, en el comunicado de noviembre de 2014, refiriéndose a la movilización por la defensa de un espacio sagrado en Río Bueno contra una empresa eléctrica, textualmente se indica: “Reafirmamos nuestro proceder operativo en el mismo marco de Lucha Territorial y de Liberacion Nacional, nuestro accionar concreto es la muestra más real de apoyo mutuo”.

En tanto, desde Chile la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha expresado su solidaridad con la lucha que lleva su par en el país trasandino. Mediante un comunicado con fecha 13 de enero de 2017, en que solidariza con las comunidades del lof en resistencia del departamento de Cushamen y con el grupo RAM, debido a que “habrían sido permanentemente violentados y reprimidos por el gobierno argentino a través de su policía”, para hacer frente al “creciente proceso de reconstrucción cultural, social, político y militar de nuestro pueblo nación”, así mismo, señalan la forma en que se traducirá el apoyo: “Que nuestra solidaridad será puesta a disposición a través de acciones y la continuidad del sabotaje al circuito productivo trasnacional, sin transar y con la convicción que es nuestro único camino”.

La coordinación, además de ser explícitamente reconocida por los propios grupos terroristas señalados, también se evidencia en las actividades violentas desarrolladas por el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, en el sur de Chile, por lo que es requerido por la justicia chilena, luego que se fugara a Argentina mientras estaba con medidas cautelares por el incendio en el fundo Pisue Pisue en Ríos Bueno (ocurrido en enero de 2013). Lo cierto es que Jones Huala no llevó adelante dichas acciones violentas en solitario, sino que las realizó inserto en una célula local, quienes habrían proporcionado la logística requerida. Actualmente los delitos que se le imputan en Chile son incendio, tenencia de armas e ingreso ilegal al país. Luego que fue rechazada la solicitud de extradición en septiembre de 2016, el Estado chileno apeló y es la Corte Suprema de Argentina que deberá resolver si la acepta o la rechaza.

En cuanto al funcionamiento operativo, al igual que la CAM, que posee células denominadas Órganos de Resistencia Territorial (ORT), la RAM comunicó la conformación de las Unidades Ancestrales de Liberación Territorial (UAL) a las que- según explican en un comunicado- consideran como “embrión para la conformación de la división Puel Mapu de estructuras propias para la resistencia territorial y liberación nacional”. La organización de células obedece a lograr mayor eficacia en la ejecución de la táctica terrorista.

El terrorismo etno-nacionalista argentino aún no reviste la peligrosidad que tiene en Chile, ni tampoco ha alcanzado esos niveles de violencia, ya que en nuestro país se encuentra en escalada y extendido en una amplia zona geográfica. Al otro lado de la cordillera será fundamental en su contención las acciones que impulse el gobierno y el diseño de una estrategia para enfrentar esta amenaza a la seguridad, salvo que se adoptara la formula de la administración Bachelet, consistente en relativizar el terrorismo y bajarle el perfil ante la opinión pública, bajo el pretexto que simplemente se trata de “violencia rural”.

La existencia de la RAM representa no sólo un problema de seguridad pública para Argentina, sino también para Chile debido a la coordinación que se está consolidando con la Coordinadora Arauco Malleco, lo cual  podría impactar en apoyo logístico, traspaso de armamento y mutuo aprendizaje organizacional respecto a desarrollo de atentados, pudiendo influir en el potencial de violencia y en la capacidad para sostener la campaña terrorista. En este sentido, un factor relevante son los apoyos internacionales que logren en lo relativo a adiestramiento y armamento.

En el plano de la difusión del mensaje radical, la colaboración inter-cordillera posibilitaría fortalecer las labores de activismo debido al tránsito de militantes entre ambos países y al activismo digital, aumentando el potencial movilizador, debido a la extensión de la ideología en el colectivo de referencia, además, los individuos implicados en las actividades terroristas percibirían a su movimiento con mayores posibilidades de éxito debido a su internacionalización, con lo que habría mayor cantidad de personas dispuestas a integrar estas agrupaciones.

Es errónea la visión de quienes consideraran las expresiones de violencia mapuche en Chile y Argentina como conflictos locales de cada país, pues este fenómeno debe ser entendido como un mismo conflicto que abarca territorios de la soberanía de dos países, y que si bien existen especificidades locales propias, las demandas dicen relación con un mismo proyecto impulsado por sectores minoritarios, consistente en la construcción de una nación con autonomía política asentado en territorios de ambos países.

En el nivel estratégico, la eficacia del terrorismo se mide por la consecución del objetivo final, la liberación nacional del pueblo mapuche, que en este caso la factibilidad es a lo menos discutible, sin embargo, el éxito también dice relación con alcanzar ciertos avances que no hubiesen sido posibles sin la acción terrorista, como pudiese ser representación política u otras concesiones, aunque no impliquen la autodeterminación, pues el terrorismo, como una forma de comunicación, permite atraer la atención de la sociedad hacia la causa promovida por quienes ejercen la violencia, lo que ya es un triunfo para ellos.

A modo de conclusión, en el contexto de la estrategia que debiese formularse, la coordinación en el área de seguridad entre ambos países es fundamental, en términos de colaboración, sobre todo en ámbitos como la inteligencia, ya que es un fenómeno que se encuentra en escalada, con impacto en la seguridad pública de Chile y Argentina.