Políticas para enfrentar la violencia en La Araucanía

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En el último informe del Barómetro de Conflictos presentado por la Multigremial de La Araucanía, correspondiente al trimestre julio – septiembre, queda de manifiesto que dicho periodo fue uno de los más violentos de los últimos años, con un total de 05 iglesias y 53 camiones quemados en distintos puntos de las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

El terrorismo es ejercido por agrupaciones radicales, sobre la base de postulados políticos e ideológicos que no necesariamente representan las aspiraciones del pueblo Mapuche, sin embargo, el problema fondo es la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios, que en su historia no ha estado exenta de dificultades e injusticias, pese a que se han generado desde 1990, con la promulgación de la Ley Indígena, políticas de reparación, mediante la entrega de tierras y programas sociales. En este sentido, surge la interrogante: ¿De qué forma Chile puede solucionar definitiva, y adecuadamente, el denominado Conflicto Mapuche?

 

El modelo de Nueva Zelanda

Cuando se busca en la experiencia internacional un modelo exitoso respecto a resolver conflictos con los pueblos originarios, es recurrente el caso de Nueva Zelanda con el pueblo Maorí, no obstante, dicho modelo puede constituir una referencia e inspiración para la formulación de políticas públicas en Chile, ya que son realidades distintas con sus propias especificidades, por tanto, no es posible tomar un modelo y aplicarlo en forma exacta.

Dicho lo anterior, entre las claves del modelo neozelandés están las políticas de reparación, en cuyo contexto se destaca la creación de un tribunal (Waitangi) para resolver los reclamos de la población indígena, espacios de representación política en el Parlamento y su incorporación en la economía. A partir de un conflicto, que tiene su origen en el siglo diecinueve, es recién en la década de 1970 cuando Nueva Zelanda inicia este proceso, luego de un proceso de movilización y protestas impulsado por el pueblo Maorí, a partir del surgimiento de una generación de jóvenes que accedieron a educación universitaria y generaron un movimiento de demandas étnicas.

Entre las medidas que mayor impacto han caudado, entre la relación pueblo Maorí y Estado de Nueva Zelanda está el Tribunal de Waitangi, en el cual las tribus han presentado diversas demandas en busca de reparación, lo que incluye reclamaciones ancestrales; por lo que el tribunal, a través de un proceso de dialogo, busca llegar a un acuerdo y establecer una medida concreta de reparación, que puede incluir un acto simbólico de disculpa por parte del gobierno, la cual se conoce como disculpa oficial.

Los acuerdos a los que llega el tribunal generalmente implica una reparación financiara, con fondos de inversión para comunidades, que a través de las utilidades que generan los negocios se impactan en la calidad de vida de las comunidades. La incorporación de los Maoríes a la actividad empresarial persigue situarlos como protagonistas de su propio desarrollo, mejorando su acceso a la educación, salud, entre otros.

El proceso en Nueva Zelanda abordó la representación política de los Maoríes en el Parlamento, mediante escaños exclusivamente reservados para miembros de este pueblo originario, por tanto, esta medida surge como un instrumento de reconocimiento, reparación y empoderamiento de una cultura considerada parte de la Identidad de Nueza Zelanda.

 

Tomando la inspiración Maorí para Chile

Sobre la base de las lecciones de Nueva Zelanda y la realidad específica del pueblo Mapuche, en términos de injusticias históricas que no han sido adecuadamente reparadas y de la situación de la violencia asociada a la causa mapuche por parte de grupos minoritarios radicalizados se evidencia la necesidad de formular una estrategia, tanto para el problema de fondo no resuelto, como para la violencia política de carácter etnonacionalista que se ha extendido por dos décadas sin una efectiva política de contención por parte del Estado, entendiendo que ésta no debe estar basada exclusivamente en el instrumento policial, ya que también requiere de una salida política.

En este sentido, las políticas deben considerar beneficios distintos a la compra de tierras, a través de una medida de compensación distinta y orientada a mejorar la calidad y condiciones de vida del pueblo mapuche en forma armónica con su cosmovisión, ya que la reparación mediante tierras resulta inviable, sobre todo considerando la subdivisión de comunidades, lo que ha incrementado forma ascendente la demanda por tierras.

 

La Estrategia

 Contener y superar la violencia que ha afectado a tres regiones, implica una Política de Estado integral, que contenga una respuesta política, jurídica y policial:

 

Respuesta Política:

Medidas de reparación factibles y surgidas de un proceso de diálogo y negociación en áreas de representación política y desarrollo económico:

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, respecto a su existencia y derechos culturales (identidad, lengua, tradiciones).

Políticas de desarrollo económico, con fondos de inversión para el emprendimiento.

La respuesta política conlleva implícitamente a restarle credibilidad al mensaje violentista, separando las demandas del pueblo mapuche de los objetivos políticos de los grupos radicales.

Derivado de lo anterior, se requiere prevenir la radicalización violenta, identificando condiciones que contribuyen a implicarse en actividades terroristas (como la falta de oportunidades para los jóvenes en la denominada zona de conflicto). La educación es una de las principales armas para la prevención de ideologías extremistas que justifican la violencia para alcanzar objetivos políticos e ideológicos, promoviendo en los jóvenes un sentido positivo de la identidad mapuche.

 

Respuesta Jurídica:

La respuesta política requiere lo propio en el ámbito jurídico, en términos de generar modificaciones constituciones que consagren el reconocimiento y participación política de los pueblos indígenas.

Así mismo, es fundamental efectuar modificaciones legales que posibiliten establecer soluciones en materia de reparación al pueblo Mapuche, fundamentalmente en lo relativo a la política de entrega de tierras, como así mismo en el plano de la Seguridad Pública se requiere modificar la legislación que sanciona actividades terroristas:

Ley Indígena (N°19.253): Modificar el tipo de compensación establecido por el Fondo de Tierras y Aguas, reemplazando la entrega de tierras por una reparación económica, a través de un fondo de inversión para la generación de negocios, con equivalencia económica respecto a las hectáreas reclamadas. Quienes accedan a esta política de reparación deberán renunciar a futuras reclamaciones.

Ley de Conductas Terroristas (N°18.314): Establecer una definición de terrorismo en relación a sus fines políticos en lugar de su propósito de causar temor, además se requiere incluir delitos no contemplados actualmente, como la colaboración con actividades terroristas o con organizaciones o grupos terroristas en lo que se refiere a apoyos materiales no financieros, como proveer de refugio o medios de transporte, y también el delito de reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas.

 

Respuesta Policial:

En la persecución de los delitos es fundamental evitar excesos en cuanto a la labor policial, ya que el combate a la violencia política debe desarrollarse en el marco del respecto a los derechos humanos, y tomando resguardos para evitar la discriminación del pueblo mapuche.

De acuerdo a la experiencia internacional, entre los principales instrumentos se encuentra la labor de Inteligencia, con medios tecnológicos (como los usados en la “Operación Huracán”) y sobre todo Inteligencia de Fuentes Humanas, surgiendo la necesidad de potenciar herramientas de investigación como es el caso de los agentes encubiertos, con la finalidad de proveer de información que permita frustrar los planes y desmantelar las agrupaciones violentas.

 

CONCLUSIÓN

La violencia política del sur del país no obedece a un fenómeno cuya solución sea imposible; más bien corresponde entenderlo como un problema no resuelto entre el Estado chileno y los pueblos originarios, que dice relación con una historia compleja a partir de los atropellos e injusticias que datan desde el proceso de Ocupación de La Araucanía en el siglo diecinueve, sin que oportuna, o adecuadamente, se implementaran políticas de reparación. Es en el contexto de la movilización por reivindicaciones históricas donde surge una minoría radicalizada que por dos décadas han empleado la violencia con fines políticos e ideológicos.

El terrorismo en La Araucanía se debe derrotar tanto policial, como políticamente, restándole credibilidad al mensaje de las agrupaciones terroristas, para privarlos de su base social de apoyo, y por consiguiente evitar la radicalización violenta y el reclutamiento de militantes, vale decir, limitar su potencial de movilización.

Para garantizar el Estado de Derecho es esencial desarticular estas agrupaciones minoritarias y llevar ante la justicia a los responsables de cometer delitos.

En el sentido de lo anterior, la violencia etnonacionalista, corresponde sólo a una dimensión del problema, no obstante, lo fundamental es crear un nuevo paradigma en la relación del Estado, y el conjunto de la sociedad chilena, con los pueblos originarios, basado en el dialogo y el consenso. La solución del denominado conflicto mapuche requiere de una respuesta política.

 

 

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La Inteligencia de Fuentes Humanas y contención de la violencia etno-nacionalista

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Los constantes atentados incendiarios en La Araucanía evidencian la fragilidad del sistema de Seguridad Pública respecto a la protección de bienes frente al uso de la táctica terrorista. Una amenaza que se expresa a través de individuos, que luego de experimentar un proceso de radicalización violenta, integran agrupaciones que forman parte del Movimiento Nacionalista Mapuche. Si bien se trata de una minoría radicalizada, la cual promueve postulados políticos a los cuales no adhiere la mayoría del pueblo mapuche, resulta difícil en las zonas rurales donde operan estos grupos distinguir a los violentistas. Es ahí donde la función de inteligencia juega un rol crucial.

La labor de Inteligencia comprende cuatro fases secuenciales, lo que se conoce como Ciclo de Inteligencia:

Dirección: Se determinan las necesidades de información, estableciéndose objetivos, planificación y coordinación de medios disponibles.

Recolección: Corresponde a la obtención de información requerida para análisis y producción de inteligencia.

Elaboración: Es la transformación de la información obtenida en inteligencia, mediante análisis que implica valoración de pertinencia y exactitud, integración con otra información disponible e interpretación del conjunto. Esto es la producción de inteligencia.

Difusión: Distribución de la inteligencia producida, en forma segura y por los medios adecuados, a quienes requieren de ella, como pudiesen ser autoridades o mandos policiales.

La inteligencia, como actividad de búsqueda y tratamiento de la información, la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, la define como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Para efectos del presente análisis, consideraremos la inteligencia orientada a contrarrestar actividades terroristas de acuerdo a los fines de la Seguridad Pública.

La recolección de información para producir inteligencia se desarrolla por distintas vías, que incluyen fuentes abiertas (información pública), como fuentes cerradas que incorporan medios como los sistemas de captación como señales electrónicas (SIGINT) y también fuentes humanas (HUMINT), entre otros. Estos sistemas por lo general son complementarios, pero en el caso específico de actividades terroristas las fuentes humanas son altamente relevantes.

Por Humint (Human Intelligence) se entiende la inteligencia derivada de información proporcionada por fuentes humanas, y que en términos generales es el uso de agentes encubiertos e informantes. En materia de contención de actividades terroristas, el agente encubierto dice relación con la infiltración en la estructura de una organización o grupo terrorista, con la finalidad de proveer de información que permita frustrar sus planes, y por consiguiente, desbaratar la agrupación, como también pudiese ser conseguir pruebas para uso judicial.

Los agentes encubiertos, ya sea funcionarios policiales o de inteligencia, para operar simulan compartir las convicciones políticas de grupos radicales, por lo que son reclutados como integrantes de estas agrupaciones, para desde su interior proveer de información relevante; distinto al caso de los informantes, quienes no ostentan la calidad de funcionarios públicos, pero por encontrarse insertos en determinados ambientes pueden recabar información de utilidad, no obstante, la información que pueden suministrar es parcial.

La inteligencia de Fuentes Humanas constituye una importante herramienta que dispone un Estado para luchar contra el terrorismo, en cualquiera de sus facetas, sin embargo, esta técnica no está contemplada en la legislación chilena para delitos terroristas, pero sí para perseguir el tráfico de drogas.

Pese a los medios de recolección basados en la tecnología, las fuentes humanas son de importancia fundamental, como lo demuestra la experiencia internacional, por el alto valor de la inteligencia que se puede extraer, en forma complementaria con otros medios para determinar aspectos como la estructura organizativa, planificación de un órgano de resistencia territorial (célula) y recursos que disponen.

Naturalmente, mientras mayor sea la implicación del agente en el grupo terrorista, mayor es la expectativa de obtener datos útiles acerca de su modus operandi, jerarquías, relaciones de poder, procesos de reclutamiento, dinámicas grupales y radicalización violenta de sus miembros.

De acuerdo a su operatoria en otros países, el proceso de infiltración puede resumirse de la siguiente manera: Selección del agente, confección de coberturas, solicitud de autorización judicial, definición del proyecto de infiltración, confección de informes, desarrollo de la explotación, extracción, declaración del agente.

La infiltración exige un riguroso programa de formación para desarrollar en los agentes las necesarias habilidades y capacidades para desenvolverse en el escenario operativo, que incorporan habilidades sociales, de manejo de emociones y conocimientos en ideología y características de la identidad colectiva que supuestamente asumirá. Además de tener un perfil profesional idóneo, debe contar con determinadas características psicológicas como lo son la estabilidad emocional o tolerancia a la frustración, entre otros, son necesarias para el desarrollo de una labor tan delicada. La formación profesional de los agentes debe incluir tratamiento de fuentes humanas, interceptación de comunicaciones, técnicas de vigilancia, etc.

La infiltración es compleja, ya que presupone ingresar al grupo, bajo una identidad falsa, simulando compartir determinada visión ideológica, sin levantar sospechas, lo que en el caso de los grupos violentos que operan en La Araucanía, ya sea militantes de los órganos de resistencia territorial de la CAM o de Weichan Auka Mapu, son comuneros o estudiantes provenientes de zonas rurales, incluso en muchos casos existen lazos de parentesco, es decir, son individuos de determinados entornos del indigenismo radical, donde se comparte, por ejemplo, el haber asistido al mismo liceo rural o la pertenencia a una comunidad, por tanto, “se sabe quien es quien” lo que constituye una dificultada para la infiltración de un agente.

La selección de un agente, para el caso de la violencia etnonacioanalista debe considerar la pertenencia a la etnia mapuche, incluyendo características físicas y disponer de una historia personal verosímil, en un proceso que requiere un considerable periodo de tiempo para ganar las confianzas del grupo a infiltrar.

Es necesario hacer la distinción entre agentes infiltrados e informantes, ya que los segundos no son funcionarios públicos, a diferencia del infiltrado quien es un funcionario policial o de inteligencia, los informantes no pertenecen a ninguna institución, pero en su labor son controlados por un funcionario de un organismo público, y obtienen compensaciones económicas por las informaciones que aportan. En los países donde existe la figura del agente encubierto, sus acciones poseen respaldo institucional y se encuentran legalmente definidas e incluso supervisión judicial.

En el plano organizativo, la infiltración presupone proveer al agente de tres coberturas necesarias para realizar su labor: Legal, seguridad y logística. La cobertura legal implica generar la documentación falsa para respaldar la identidad ficticia que asumirá el funcionario, que en el caso de Chile debiese emanar del Registro Civil e Identificación. En materia de seguridad, disponer de medidas para protección del agente, como la existencia de un plan de extracción. La cobertura logística es proveer al agente de recursos económicos e infraestructura, tanto para cumplir su labor como para darle credibilidad a su identidad supuesta.

Cuando se va a utilizar el recurso de la infiltración, en primera instancia se requiere analizar la viabilidad, como también el análisis costo-eficacia que busca determinar si el costo material y humano que requiere la infiltración pudiesen alcanzarse los mismos objetivos pero por otros procedimientos de recolección de información.

Respecto a las limitaciones de un agente encubierto, y sobre la base de la experiencia internacional, si bien éste puede verse obligado a participar en delitos para ganarse la confianza del grupo, naturalmente no puede inducir la comisión de delitos, ya que su rol en ningún caso es el de instigar, como asimismo cometer delitos de homicidio.

La infiltración es una técnica de obtención de información que en Chile está contemplada para la persecución del tráfico de drogas, y la ley expresamente señala que “como agente encubierto o agente revelador estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma”.

En el sentido de lo anterior, se requiere modificar la legislación de conductas terroristas para posibilitar el uso de esta técnica en el ámbito del contraterrorismo, por su alta eficacia y utilidad para desbaratar agrupaciones radicales, sin embargo, y a diferencia de los grupos delictuales, en el caso de las actividades terroristas la complejidad es mayor, pues dado que la motivación de los implicados no es económica, el agente debe sumergirse en un ambiente hostil donde la motivación está dada por objetivos políticos y un sustrato ideológico.

Este instrumento está contemplado en legislaciones de diversos países, de cuya experiencia se desprende la importancia de contar con un marco legal que regule debidamente las actuaciones en este ámbito, tanto por la vía de contar con protocolo de infiltración, como del correspondiente control judicial y limitar la actuación del agente. Lo que se busca con ello es desarrollar esta labor, en cuando necesaria, en el marco del Estado de Derecho.

De implementarse el uso de agentes encubiertos, mediante la correspondiente modificación legal, en lo relativo a la ley de conductas terroristas, los agentes debiesen ser funcionarios policiales con una adecuada formación para ejercer la labor, debido a que el Sistema de Inteligencia del Estado dispone de la Agencia Nacional de Inteligencia como un organismo de coordinación y producción de inteligencia, mientras que las funciones operativas las asumen fuerzas armadas y policías. En este contexto, Carabineros y PDI cuentan con las capacidades para la formación y entrenamiento de agentes encubiertos.

No cabe duda que en Chile existen las capacidades profesionales para implementar esta técnica de investigación, sin embargo, en el ámbito político no existe consenso respecto a su aplicación, por lo que no ha prosperado en el parlamento, pues equívocamente se percibe como un instrumento que no es compatible con el sistema democrático e incluso se teme que la figura del agente encubierto pudiese tener un uso político, sin embargo, ello se puede prevenir con normas que impidan la utilización del sistema con una finalidad distinta, incluyendo adecuados mecanismos de control.

En definitiva, perfeccionar la legislación antiterrorista es un requisito esencial para enfrentar, con mayor eficacia,  tanto el terrorismo de sello etnonacionalista como prevenir otras expresiones de terrorismo que pudiesen presentarse en el futuro.

Detienen en Argentina al activista mapuche Facundo Huala: Chile pide su extradición

Argentina detuvo al fundador del grupo terrorista RAM, ligado a la etnia mapuche. Chile pidió su extradición.

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Facundo Jones Huala, fundador de una organización violenta que le declarara “una guerra de fuego” a la Argentina y Chile, fue detenido en un operativo especial de la Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, entre las localidades de El Bolsón y Bariloche.

 Reivindicación de la lucha armada

Facundo Huala, tiene causas judiciales en Chile por atentados en poblado y terrorismo. Varios atentados contra personas y propiedades en territorio argentino, ocurridos en los últimos años, fueron asumidos como propios por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que promueve la lucha armada e independencia de un extenso territorio que abarca Chile y Argentina.

A mediados del año pasado, Huala fue detenido en Argentina por la ocupación ilegal de un predio. El juez federal interviniente, Guillermo Otranto, dictó falta de mérito en la toma de tierras y declaró nulo el pedido de Chile. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, considera a Jones Huala un guerrillero y pidió el juicio político del magistrado.

Su abogada Elizabeth Gómez Alcorta, expresó luego de la nueva detención, que el pedido de extradición de Chile ya no tiene validez. La abogada, también defiende a otra integrante de una organización acusada de estafas contra el Estado y hechos violentos: Milagro Sala. Un pequeño grupo de activistas se movilizó frente al juzgado federal, al grito de: “El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue” y “Estado fascista, vos sos el terrorista”.

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Cambio de clima

Luego de la controvertida liberación de Huala, la Procuración Fiscal de la Nación emitió un dictamen que también cuestionó la decisión del juez Guido Otranto, recomendando que “el líder de Resistencia Ancestral Mapuche sea entregado a Chile”, donde pesan serias acusaciones de terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro y violación de la ley de extranjería.

La Secretaría de Seguridad Interior también aconsejaría la extradición. En tal sentido, fuentes del ministerio de seguridad explicaron al diario Clarín, que tienen probado que los RAM reciben financiamiento internacional a través de fundaciones y ONG’s. Afirman que durante el kirchnerismo, el ex titular de la AFI, Oscar Parrili -oriundo de San Martín de los Andes-, les habría proporcionado respaldo político y económico a este tipo de agrupaciones. Y que recibieron millones de pesos a través del Instituto de Asuntos Indígenas e incluso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Todo eso se cortó con el cambio de Gobierno y esa sería una de las razones por las que recrudecieron los actos vandálicos este verano.

La novedad, es que Huala fue detenido en jurisdicción del juzgado federal de Bariloche, lo que demuestra que la orden de captura por la extradición a Chile está vigente. Se podría, entonces, generar un nuevo juicio por extradición y esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, con Huala detenido.

El fenómeno del terrorismo

Para intentar comprender el fenómeno de la violencia terrorista ligada a grupos étnicos que crece en América Latina, entrevistamos al especialista chileno en análisis del fenómeno terrorista Mauricio Heise

 

Transcripción textual de artículo periodístico, por incluir entrevista al autor de este sitio web. Fuente: Guioteca del diario El Mercurio, 29 de junio de 2017. https://www.guioteca.com

La senda terrorista de la Coordinadora Arauco Malleco

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La Coordinadora Arauco Malleco tras adjudicarse el atentado en que fueron quemados 19 camiones, hecho ocurrido el 12 de marzo, ataque ejecutado por el Órgano de Resistencia Territorial (ORT) Wenteche-Catrileo; ha estado en el debate público sus métodos de lucha como también los fines de la organización, la cual plantea aspiraciones consistentes en autonomía política y un territorio propio para el pueblo mapuche.

El proceso de articulación del movimiento autonomista mapuche tiene su génesis en la década de los 90 respecto a fines políticos, y específicamente en 1997 cuando debuta el empleo de la táctica terrorista con un atentado incendiario contra camiones de propiedad de la Forestal Arauco en la comuna de Lumaco. Este proceso se ha desarrollado en forma gradual a lo largo de dos décadas, en cuanto a articulación de organizaciones, diseminación de postulados ideológicos y capacidad para sostener una campaña terrorista, que incluye captación de militantes, logística y apoyos internacionales.

Con el nacimiento de la década de 1990 surgen organizaciones mapuches, políticas y radicales, que con sus postulados y reivindicaciones, crearán las condiciones que posibilitarán el nacimiento de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM) como organización anti-capitalista y autonomista, que planteará una “nueva forma de hacer política” sobre la base del terrorismo. En este sentido, fue el Consejo de Todas las Tierras quien primero esbozó el concepto de autodeterminación, y que luego la CAM lo tomaría dándole un rudimentario sustento ideológico para movilizar a comuneros y jóvenes mapuches cuyo resentimiento había sido heredado de generaciones anteriores.

Entre los principales antecedentes de la creación de la CAM se encuentra la fundación de la Coordinadora Territorial LafKenche en 1996, la cual se divide dos años después de su fundación a causa de la discusión entre sectores radicales y moderados en cuanto a la legitimidad y efectividad del uso de la violencia como medio para alcanzar los objetivos propuestos por la organización, por lo que surge la Identidad Territorial Lafkenche, como antecesora directa de la CAM, cuyo punto de inflexión es el mencionado ataque a camiones en Lumaco.

La irrupción de la CAM en lo que podríamos llamar movimiento político mapuche, transformó las protestas de reivindicación en la adopción de la violencia, incluso el terrorismo, como una herramienta con la cual luchar por un proyecto político nacionalista. A partir de su creación desarrolla un efectivo trabajo de diseminación de sus postulados, fomentando la radicalización violenta, y consiguiente reclutamiento, de numerosos comuneros y estudiantes, además de ejercer la representación de comunidades mapuches de su órbita, articuladas y radicalizadas.  En su ideario se mezcla un nacionalismo étnico con conceptualización de izquierda, como lo son el sentido anti-capitalista de la lucha, la formación de cuadros y la implícita noción de partido de vanguardia.

La CAM aspira a lo que denomina como la Reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, partir de lograr su autonomía política y territorial, vale decir, obtener un territorio propio para auto-gobernarse, sobre la base de una idealizada visión de la sociedad mapuche previo al proceso de Ocupación de La Araucanía, revalorando las dimensiones culturales propias de su identidad y recogiendo elementos de la forma de vida de los mapuches de antaño. En este sentido, la aspiración a un territorio con un estatus de autonomía política, con gobierno propio, lo que podría denominarse como un Estado Mapuche o Región Autonómica Mapuche es el objetivo principal, por lo que plantean su lucha como un proceso de Liberación Nacional.

Como un requisito esencial, para concretar esta utópica aspiración política, está la eliminación de las expresiones de la economía capitalista en el territorio mapuche, ya que lo consideran responsable del retroceso económico y político del pueblo mapuche, debido a lo que sería causante de la usurpación y deterioro en las tierras y aguas de las comunidades. En su visión, este deterioro será revertido con la reconstrucción del “mundo mapuche” como era antes la Ocupación de La Araucanía, época a la que consideran rica en términos económicos y políticos.

Para la CAM es el Estado el culpable de la violencia, pues consideran que invadió el Wallmapu y se lo entregó a la “elite que hoy está siendo confrontada”, intentando de esta manera traspasar la responsabilidad final de la violencia, la cual justifican como única alternativa para lograr restitución territorial, y para contrarrestar los procesos de inversión capitalista que estarían depredando territorios ancestrales. En este sentido, la Coordinadora pretende justificar el empleo del terrorismo a partir de lo que sería una condición de pueblo oprimido.

Como es de suponer, para la CAM sus postulados y objetivos políticos representan las aspiraciones del pueblo mapuche, por tanto, la organización pretende ser una vanguardia de revolucionarios que liberará a su pueblo para construir esa sociedad ideal, la que encarnará los más altos valores asociados a la identidad mapuche. Cabe precisar que, en cuanto a proyecto político, no identifica un modelo económico al cual se aspira, ni tampoco las características del sistema de gobierno que se instaurará tras el advenimiento de la autonomía política. Estos aspectos, de fundamental importancia, no han sido explicitados.

En su historia la organización ha sufrido reveses, como ocurrió a inicios de la década del 2000 cuando experimenta un gran debilitamiento operativo a consecuencia de la acción judicial y policial que impulsa el gobierno, lo que genera el encarcelamiento de varios de sus militantes y dirigentes, lo que lo obliga a la organización a operar en una suerte de clandestinidad o semi-clandestinidad.

Pese a lo anterior, la CAM ha logrado sobrevivir por casi dos décadas, no obstante, ha sido incapaz de erguirse como la conducción del movimiento radical mapuche, el cual se caracteriza por su atomización y por contar con diversos actores, incluso, se ha generado pugnas o rivalidades con otros orgánicas que también aspiran a la conducción del sector radical del movimiento político mapuche.

En el plano operativo, en la actualidad la ejecución de los atentados es realizada por células independientes que funcionan con autonomía, denominados Órganos de Resistencia Territorial (ORT), quienes planifican y efectúan selección de blancos, sobre la base de directrices y orientaciones generales que entrega la organización madre, a partir de su rol inspirador y político-estratégico. En definitiva, los ORT son una especia de “franquicias” que funcionan como grupos independientes de la CAM, lo cual ha sido explicitado por la propia organización en el comunicado de enero de 2016: “Anunciamos, además, que como Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, daremos libertad de acción a nuestros ORT-CAM, los cuales podrán definir sus acciones de acuerdo a sus criterios, respetando nuestra ética, normas y fundamentos políticos estratégicos como organización y mapuche”.

La atomización y ausencia de un mando centralizado de las agrupaciones violentas es un importante factor a considerar ante la posibilidad de una negociación con la CAM, ya que, además de su escasa voluntad de diálogo, se debe tener en consideración que su poder en la actualidad, tanto en movilizar a comunidades como de ejecución de atentados, es bastante reducida, más bien simbólico, pues ese espacio de poder hoy lo ocupan tanto sus “franquicias” como otras agrupaciones.

En cuanto a la voluntad de diálogo, dado los objetivos políticos de la CAM, y la viabilidad de ellos, las posibilidades de que el Estado negocie con dicha organización son a lo menos limitadas, ya que la Coordinadora establece como condición que una negociación para el cese de la violencia debe discutirse sobre la base de territorio y autonomía, en otras palabras, sólo estarán dispuestos al diálogo en la medida que se pacten condiciones para la “liberación nacional”, Concretamente Héctor Llaitul ha manifestado: “Existe disposición al diálogo con el Estado, pero sobre la base una agenda relacionada con territorio y autonomía, es decir, como se restituye territorio y se otorga ciertos grados de autonomía política”.

Desde sus inicios la CAM no ha optado por la vía de la negociación, sino de la táctica terrorista, a fin de generar publicidad a su causa y forzar al Estado, y a la sociedad en su conjunto, a acceder a sus demandas, las cuales carecen de toda factibilidad desde el punto de vista de la institucionalidad, estructura del Estado, legitimidad democrática y funcionamiento de la economía; además, de la razonable duda si los postulados autonomistas son el anhelo del pueblo mapuche.

Respecto a la querella presentada por el Gobierno contra la Héctor  Llaitul y contra todos quienes resulten responsables, invocando la Ley de Seguridad del Estado, por hacer “apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales”, no generará un impacto en la contención de la violencia, no sólo por la naturaleza organizativa del fenómeno, sino también por la ausencia de una estrategia integral que genere respuestas en los ámbitos jurídico, político y policial.

La CAM ha perdido capacidad operativa y de liderazgo, lo que da paso a un terreno fértil para emprendimientos terroristas en tres regiones, sobre la base de los postulados ideológicos que esta organización ha diseminado durante dos décadas, adquiriendo hoy un rol inspirador para agrupaciones que están en la misma senda terrorista.

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La conexión argentina: Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)

 

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“Ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el territorio libre y recuperado para todo nuestro pueblo” (RAM)

Las autoridades argentinas se encuentran en alerta con motivo del incremento de acciones violentas que están efectuando agrupaciones mapuches radicalizadas, las que sobre la base de un discurso nacionalista, consideran el uso de la violencia como el único camino legítimo conducente a la obtención de un territorio propio, para generar un proceso de liberación nacional, que considera como esencial la autonomía y el autogobierno. De acuerdo al anhelo de los nacionalistas, el Wallmapu (territorio mapuche) se extenderá en ambos lados de la cordillera de Los Andes.

En Argentina los postulados autonomistas son promovidos por un grupo radical denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que opera desde el 2010, pero alcanzó notoriedad en el 2014 a través de una declaración en la que expresaban sus motivaciones políticas, reivindicando acciones violentas en el contexto de lo que sería su estrategia de liberación nacional. Las acciones reivindicadas fueron el ataque incendiario al refugio Neumayer en Bariloche, como también la quema de una plantación forestal de la empresa Benetton y los ataques al consulado de Chile y  la catedral católica en Bariloche.

Según el citado comunicado, RAM sería parte de un movimiento autonomista mapuche llamado Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu (M.A.P) el cual estaría “desarrollándose en Neuquén, Rio Negro y Chubut, entre comunidades, organizaciones e individuos que se definen Autónomos, desde hace muchos años”.

Es en la provincia de Chubut donde se concentra las principales acciones por parte del RAM, habiendo realizado quema de maquinarias e infraestructura productiva, a través de atentados incendiarios y otras acciones de sabotaje, consideradas como de “resistencia”. Entre los atentados se cuentan la quema de máquinas retroexcavadoras, de cabañas, además de ataques con armas de fuego.

El principal enemigo del pueblo mapuche, que ha sido identificado por la mencionada agrupación violenta, al igual que sus similares en Chile, es el capitalismo, por lo que han anunciado su propósito de lograr la expulsión de todo lo que consideran como expresiones del sistema económico: Latifundio, empresas transnacionales, petroleras, mineras e hidroeléctricas. En concreto, la lucha se plantea como nacional (del Pueblo Mapuche) y revolucionaria anti-capitalista.

Respecto al conflicto en Chile, para la RAM su lucha es parte de la que realizan en este lado de la cordillera agrupaciones radicales con las mismas motivaciones políticas e ideológicas, existiendo, por tal razón, coordinación y colaboración entre ellas, según se desprende de las declaraciones de la agrupación argentina, en las cuales plantean como objetivo la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche políticamente autónomo, señalando que se trata de una misma lucha que se desarrolla en dos países distintos. De hecho, en el comunicado de noviembre de 2014, refiriéndose a la movilización por la defensa de un espacio sagrado en Río Bueno contra una empresa eléctrica, textualmente se indica: “Reafirmamos nuestro proceder operativo en el mismo marco de Lucha Territorial y de Liberacion Nacional, nuestro accionar concreto es la muestra más real de apoyo mutuo”.

En tanto, desde Chile la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha expresado su solidaridad con la lucha que lleva su par en el país trasandino. Mediante un comunicado con fecha 13 de enero de 2017, en que solidariza con las comunidades del lof en resistencia del departamento de Cushamen y con el grupo RAM, debido a que “habrían sido permanentemente violentados y reprimidos por el gobierno argentino a través de su policía”, para hacer frente al “creciente proceso de reconstrucción cultural, social, político y militar de nuestro pueblo nación”, así mismo, señalan la forma en que se traducirá el apoyo: “Que nuestra solidaridad será puesta a disposición a través de acciones y la continuidad del sabotaje al circuito productivo trasnacional, sin transar y con la convicción que es nuestro único camino”.

La coordinación, además de ser explícitamente reconocida por los propios grupos terroristas señalados, también se evidencia en las actividades violentas desarrolladas por el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, en el sur de Chile, por lo que es requerido por la justicia chilena, luego que se fugara a Argentina mientras estaba con medidas cautelares por el incendio en el fundo Pisue Pisue en Ríos Bueno (ocurrido en enero de 2013). Lo cierto es que Jones Huala no llevó adelante dichas acciones violentas en solitario, sino que las realizó inserto en una célula local, quienes habrían proporcionado la logística requerida. Actualmente los delitos que se le imputan en Chile son incendio, tenencia de armas e ingreso ilegal al país. Luego que fue rechazada la solicitud de extradición en septiembre de 2016, el Estado chileno apeló y es la Corte Suprema de Argentina que deberá resolver si la acepta o la rechaza.

En cuanto al funcionamiento operativo, al igual que la CAM, que posee células denominadas Órganos de Resistencia Territorial (ORT), la RAM comunicó la conformación de las Unidades Ancestrales de Liberación Territorial (UAL) a las que- según explican en un comunicado- consideran como “embrión para la conformación de la división Puel Mapu de estructuras propias para la resistencia territorial y liberación nacional”. La organización de células obedece a lograr mayor eficacia en la ejecución de la táctica terrorista.

El terrorismo etno-nacionalista argentino aún no reviste la peligrosidad que tiene en Chile, ni tampoco ha alcanzado esos niveles de violencia, ya que en nuestro país se encuentra en escalada y extendido en una amplia zona geográfica. Al otro lado de la cordillera será fundamental en su contención las acciones que impulse el gobierno y el diseño de una estrategia para enfrentar esta amenaza a la seguridad, salvo que se adoptara la formula de la administración Bachelet, consistente en relativizar el terrorismo y bajarle el perfil ante la opinión pública, bajo el pretexto que simplemente se trata de “violencia rural”.

La existencia de la RAM representa no sólo un problema de seguridad pública para Argentina, sino también para Chile debido a la coordinación que se está consolidando con la Coordinadora Arauco Malleco, lo cual  podría impactar en apoyo logístico, traspaso de armamento y mutuo aprendizaje organizacional respecto a desarrollo de atentados, pudiendo influir en el potencial de violencia y en la capacidad para sostener la campaña terrorista. En este sentido, un factor relevante son los apoyos internacionales que logren en lo relativo a adiestramiento y armamento.

En el plano de la difusión del mensaje radical, la colaboración inter-cordillera posibilitaría fortalecer las labores de activismo debido al tránsito de militantes entre ambos países y al activismo digital, aumentando el potencial movilizador, debido a la extensión de la ideología en el colectivo de referencia, además, los individuos implicados en las actividades terroristas percibirían a su movimiento con mayores posibilidades de éxito debido a su internacionalización, con lo que habría mayor cantidad de personas dispuestas a integrar estas agrupaciones.

Es errónea la visión de quienes consideraran las expresiones de violencia mapuche en Chile y Argentina como conflictos locales de cada país, pues este fenómeno debe ser entendido como un mismo conflicto que abarca territorios de la soberanía de dos países, y que si bien existen especificidades locales propias, las demandas dicen relación con un mismo proyecto impulsado por sectores minoritarios, consistente en la construcción de una nación con autonomía política asentado en territorios de ambos países.

En el nivel estratégico, la eficacia del terrorismo se mide por la consecución del objetivo final, la liberación nacional del pueblo mapuche, que en este caso la factibilidad es a lo menos discutible, sin embargo, el éxito también dice relación con alcanzar ciertos avances que no hubiesen sido posibles sin la acción terrorista, como pudiese ser representación política u otras concesiones, aunque no impliquen la autodeterminación, pues el terrorismo, como una forma de comunicación, permite atraer la atención de la sociedad hacia la causa promovida por quienes ejercen la violencia, lo que ya es un triunfo para ellos.

A modo de conclusión, en el contexto de la estrategia que debiese formularse, la coordinación en el área de seguridad entre ambos países es fundamental, en términos de colaboración, sobre todo en ámbitos como la inteligencia, ya que es un fenómeno que se encuentra en escalada, con impacto en la seguridad pública de Chile y Argentina.

La táctica terrorista en La Araucanía

 

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La violencia en el sur ha aumentado su intensidad. Son dos décadas que han generado considerables pérdidas económicas y también cobrado vidas humanas, sin que a corto plazo se vislumbre el término de esta compleja situación que impacta en la condición de seguridad de tres regiones del país.

Los autores dan muestras de organización y coordinación en sus ataques, como también demandas que orientarían su accionar. Frente a este escenario, algunos sectores de la sociedad califican estos hechos como terrorismo, mientras hay quienes afirman que se trataría simplemente de hechos violentos que surgen de un conflicto social, pero que en ningún caso podrían catalogarse de terroristas. En esta discusión, la opción que pretendió zanjar el debate de una forma creativa, por decir lo menos, es la adopción de la ambigua expresión “violencia rural” que por conveniencia el gobierno ha promovido su uso, para así, mediante dicho eufemismo, evitar el concepto de terrorismo, el cual tiene asociada una fuerte carga negativa.

La verdad es que Terrorismo es un concepto confuso, debido a que carece de una definición universalmente aceptada, dando paso a interpretaciones que están condicionadas por quien observa el fenómeno, según sus intereses o esquema de pensamiento. En este sentido, la experiencia internacional demuestra que grupos o individuos que han utilizado la violencia para alcanzar determinados fines políticos, simultáneamente han sido catalogados tanto de luchadores por la libertad como de terroristas. Claro está que, un elemento común es el empleo de la violencia, aunque con propósitos diversos, como pudiesen ser liberar a un pueblo o cambiar el orden establecido, entre otros; por lo que el terrorismo no representa una ideología específica, sino que es un método violento que en el mundo ha sido utilizado incluso en luchas que podrían considerarse como “justas”.

En el sentido de lo anterior, la ausencia de una definición universalmente aceptada, por falta de consenso, ocasiona que los Estados, organismos de seguridad y entidades académicas elaboren sus propias definiciones, las que difieren unas de otras en cuanto a los énfasis respecto a los factores que componen y caracterizan este tipo de violencia, no obstante, ello no indica que sea imposible establecer una definición general sobre la base de la experiencia internacional y desde un prisma académico. Cabe precisar que, la legislación chilena sobre la materia tiene falencias respecto a la definición de terrorismo, incluso la ausencia de delitos de carácter terrorista que incorporan legislaciones de otros países, por tanto, no constituye, en términos teóricos, una adecuada base de referencia para determinar lo que es y lo que no es terrorismo.

Dicho lo anterior, es que pareciera razonable que surja  la controversia respecto a si la violencia que ejercen grupos en el sur, sobre la base de reivindicaciones étnicas, realmente constituye terrorismo. Lo que debe aclararse en primera instancia, es que independiente a la opinión que cada quien tenga acerca de la legitimidad o ilegitimidad de dicha lucha, el terrorismo es una táctica, un método de lucha, que se utiliza en el contexto del denominado conflicto mapuche.

En el mundo la motivación para emplear esta táctica generalmente ha sido política, como también pudiese ser religiosa o ideológica. En el caso analizado, la aspiración política de quienes impulsan acciones violentas entre las regiones del Bío Bío y Los Ríos, principalmente a través de atentados incendiarios, corresponde a lograr la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, sobre la base de un proyecto político y cultural propio, inspirado en su cosmovisión; proyecto que requeriría de “control territorial” y autonomía política, en pos de lo que denominan “proceso de liberación nacional mapuche”.

La intencionalidad política de las agrupaciones violentas en la denominada zona de conflicto mapuche, se evidencia en panfletos y pancartas que son dejados tras los atentados, como así mismo declaraciones de prensa que difunden en los medios de comunicación y en sitios web en los cuales explícitamente exponen los atentados como parte de una estrategia conducente a la liberación nacional. Esto es fundamental, ya que la diferencia con delincuentes comunes es que éstos últimos buscan lucrar a través de sus actividades delictivas, en lugar de reivindicarlas en el contexto de una estrategia política. Entonces, es correcto asumir que los atentados en el sur son perpetrados por grupos que usan la táctica terrorista.

Una dimensión importante para el estudio de este tipo de violencia política es que la táctica terrorista debe ser entendida como una forma de comunicación, de propaganda para promover una causa y darle publicidad, para así atraer la atención de la sociedad o de determinadas audiencias previamente definidas por quienes despliegan la violencia. En otras palabras, se promueve la liberación nacional del pueblo mapuche, mediante ataques a infraestructura productiva como mensaje a los que consideran representantes del sistema capitalista, como los agricultores y empresas forestales.

Las víctimas no son únicamente quienes reciben los ataques incendiarios contra su propiedad, sino que también lo son aquellos contra quienes se dirigen las acciones de intimidación, por ejemplo, son quemadas casas y galpones de algunos agricultores, pero la intimidación también va dirigida contra los demás agricultores de la zona, aunque no hayan sido blancos directos del ataque.

Según estas agrupaciones, el sistema capitalista estaría exterminando al pueblo mapuche, por lo que los ataques se orientan a detener el circuito productivo, como también blancos por su fuerza simbólica, como es el caso de las iglesias por ser consideradas símbolos de dominación. En general, la intención inmediata del atentado es intimidar, forzar, coaccionar o desmoralizar al enemigo.

Los atentados de la denominada zona de conflicto mapuche, no buscan derrotar al Estado por medio de la violencia, ya que las agrupaciones que emplean la táctica terrorista naturalmente carecen de la capacidad y los medios para superar a éste, sin embargo, sus esfuerzos se orientan a compensar esta relación asimétrica generando temor para presionar por sus demandas políticas asociadas a la liberación nacional. En este sentido, grupos como la Coordinadora Arauco Malleco y Weichan Auka Mapu apuestan por la presión, pero sin un proceso de negociación que implique renunciar a una parte de sus aspiraciones.

Para los autonomistas mapuches la inferioridad no sólo tiene que ver con la escasa capacidad para producir violencia en el plano militar, sino también con el hecho de representar intereses minoritarios, vale decir, sus aspiraciones no concitarían un amplio respaldo de la sociedad, además carecen del poder político para concretarlas, incluso, es razonable cuestionar la adhesión del pueblo mapuche al proyecto nacionalista, pues se trata de una minoría quienes adscriben a esta corriente de pensamiento.

El uso de la táctica terrorista implica que la violencia se ejecuta en forma clandestina, por tratarse de una forma de lucha encubierta, que en La Araucanía se expresa con atentados incendiarios y acciones de sabotaje ejecutados por pequeñas células, luego de un proceso de planificación que incluye selección de blancos. Esta forma de violencia se caracteriza por su aplicación furtiva, dosificada y planificada, como por sus fines políticos y dimensión propagandística.

En el plano individual, los jóvenes mapuches que emplean la violencia para supuestamente liberar a su pueblo y luchar contra el neoliberalismo, se perciben como miembros de un colectivo de referencia víctima, el cual se encontraría en proceso de extinción, por lo que asumen una identidad colectiva, desarrollando sentimientos de odio y deseos de venganza, contexto en que la violencia surge como la única opción posible para redimir y hacer justicia, por tanto la consideran legítima. Por supuesto, en estos procesos de radicalización siempre influye el entorno de cada individuo, su socialización a través de amistades o familiares en la adopción de esta identidad e ideas.

En definitiva, sobre la base de la experiencia internacional, se puede afirmar que el terrorismo es una táctica consistente en la ejecución de acciones puntuales de violencia con fines políticos, religiosos o ideológicos, para influir sobre determinadas audiencias. La táctica terrorista es un método de influencia socio-política, que se aplica en forma encubierta, para modificar el orden establecido, que en el caso analizado es el detrimento al pueblo mapuche que ocasionaría el capitalismo en términos económicos, culturales y políticos.

El terrorismo no es una receta estándar, por lo que la forma específica en que se manifiesta el terrorismo nacionalista mapuche no necesariamente debe tener similitud exacta con otras expresiones de terrorismo para ser considerado como tal, pues cada cual tiene sus propias especificidades dadas por el lugar donde se produce, sus circunstancias históricas y culturales, y medios disponibles, ideología y capacidad de extender dicha ideología en el colectivo de referencia. Lo importante, independiente a sus particularidades que adopte, es identificar, conforme  a definición y características, la presencia del terrorismo en cuanto a táctica.

El concepto de terrorismo es evitado deliberadamente por amplios sectores de la sociedad chilena debido a  motivos políticos y emocionales, además erróneamente es considerada la variable de “legitimidad” como decisiva a la hora de clasificar o no de terrorismo la violencia de connotación mapuche en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos; sin embargo, es evidente que se está en presencia del empleo de la táctica terrorista.

Ataque incendiario a camiones y maquinaria en Temuco

Hacia una estrategia de contención de la violencia en La Araucanía

 

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Recientemente los gremios de la región de La Araucanía, ante la Comisión de Seguridad del Senado, solicitaron a las autoridades “pasar del diagnóstico a las medidas” respecto a la contención de la violencia política que afecta a la zona, reclamando el diseño de una Política de Estado, que incluya modificaciones a la legislación vigente para perseguir judicialmente estos delitos con mayor eficacia.

Lo cierto es que Chile no dispone de una estrategia para enfrentar la violencia política del sur, desde la perspectiva de generar condiciones de seguridad, sobre la base de la prevención y la articulación de una respuesta proporcional en el contexto del Estado de Derecho. En este sentido, y de acuerdo a la experiencia internacional, uno de los elementos centrales que debiese considerar una estrategia en esta materia es la radicalización violenta, es decir, abordar las causas y factores que llevan a un individuo a adoptar una ideología que justifica el uso de la violencia con fines políticos.

Sobre la base de lo anterior, es fundamental distinguir que la violencia que se desarrolla en tres regiones del país, en el contexto del denominado conflicto mapuche, es perpetrada por sectores minoritarios del mundo mapuche que no representan al conjunto de su pueblo. Los sistemáticos actos de violencia llevados a cabo por agrupaciones como la Coordinadora Arauco Malleco o Weichan Auka Mapu, son empleados como táctica política para alcanzar determinados objetivos ideológicos que dicen relación con la liberación nacional del pueblo mapuche, asociada a conceptos como control territorial y autonomía política; además de constituir una lucha contra el sistema económico capitalista, según han señalado dichas organizaciones.

Este es un tema complejo pues se corre el riesgo de, erróneamente, estigmatizar a todo un pueblo o amplios sectores de éste, por tanto, la respuesta debe ser proporcional,  enmarcada en el Estado de Derecho y en el estricto respeto a los Derechos Humanos. En este sentido, lo que tampoco admite dudas es la urgente necesidad de formular una estrategia, que establezca respuestas políticas, jurídicas y policiales; con una lógica de coordinación y complementariedad entre dichas respuestas.

La estrategia requerida debiese contener medidas concretas orientadas a contener y erradicar las expresiones de violencia política que llevan a cabo grupos radicalizados que adscriben a la autonomía del pueblo mapuche y cuya expresión típica son los atentados incendiarios a vehículos, infraestructura productiva e iglesias, ente lo cual se requiere reforzar las capacidades nacionales e incorporar elementos de la experiencia internacional, interviniendo en las siguientes líneas de acción:

Prevención: Desde las políticas públicas abordar y prevenir la radicalización violenta, a partir de las condiciones que contribuyen a implicarse en actividades terroristas, como pudiese ser la falta de oportunidades para los jóvenes de la zona de conflicto.

En el ámbito de la prevención, también es recomendable evitar la concentración de reos, condenados por delitos de connotación indígena, en cárceles de la región de la Araucanía, a fin de impedir la construcción de focos de radicalización violenta (contagio ideológico), entre otras medidas que pudiesen diseñarse en esta línea.

Persecución: Utilizar de manera eficaz la información de inteligencia, como la de fuentes humanas, que incluye acciones de infiltración, para desbaratar organizaciones violentas en las regiones del Bío-Bio, La Araucanía y Los Ríos, llevando ante la justicia a quienes cometen atentados. Para esto es fundamental la coordinación y adecuada diseminación de inteligencia entre los organismos responsables de la materia, dado que la función de inteligencia es la principal herramienta en la contención de la actividad terrorista.

Respecto a la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, se requiere efectuar modificaciones, por ejemplo, respecto a la definición de terrorismo en relación a sus fines políticos, en lugar de su propósito de causar temor; como también incluir delitos no considerados por la actual ley, como son la colaboración con actividades terroristas o con organizaciones o grupos terroristas en cuanto a apoyos materiales, no financieros, en los casos donde se provee de refugio, medios de transporte, armamento, entre otros, además de incluir como delito el reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas. La exigencia para una mayor eficacia de esta normativa es modernizarla de acuerdo a estándares internacionales.

En el sentido de lo anterior, también existe la necesidad de potenciar los instrumentos de investigación como es el uso de agentes encubiertos para investigaciones relativas a actividades terroristas, tal como se establece en la ley que sanciona el tráfico de estupefacientes.

En la persecución de estos delitos en términos policiales, debe cautelarse que no sean cometidos excesos, ya que, además del marco ético en que debe desarrollarse esta labor, la experiencia internacional indica que una respuesta desproporcionada le otorga mayor potencial de movilización a los grupos violentos, por tanto, medidas que han sido sugeridas por parte de las víctimas, como establecer el Estado de Excepción en las zonas afectadas, agudizarían el problema, ya que además del incremento en la capacidad de movilización, se atentaría contra las libertades individuales, y por consiguiente contra el propio sistema democrático.

Protección: Despliegue de medidas que garanticen el Estado de Derecho, adoptando providencias en materia de seguridad razonables, para proteger a las personas, infraestructura productiva y la propiedad privada y pública. La protección debe posibilitar el desarrollo normal de las actividades económicas y productivas en las regiones mencionadas.

Comunicación: Restar credibilidad al mensaje violentista y promover diálogo inter-cultural, incluyendo medidas que contribuyan a evitar la discriminación al pueblo mapuche, de modo tal de separar ante la opinión pública a los terroristas respecto de su colectivo de referencia.

Superar el denominado Conflicto Mapuche no puede ser abordado exclusivamente con políticas públicas orientadas a la seguridad, pues es una problemática con distintas dimensiones y con actores con diferentes demandas. Concretamente, debe ser entendido como el conflicto social entre comunidades y organizaciones de la etnia mapuche con el Estado chileno, sobre la base de reivindicaciones que provienen desde la época del proceso de la ocupación de La Araucanía en adelante, lo cual obliga al Estado, y a la sociedad chilena, a repensar políticas de reparación factibles y surgidas de un proceso de diálogo, distintas a la compra de tierras, cuya esencia sean políticas de compensación en los planos político y de desarrollo económico; como así mismo abordar el fenómeno de la violencia política, con las herramientas descritas en las líneas precedentes, que es ejercida por el minoritario movimiento nacionalista, y sus organizaciones, quienes aspiran a la autonomía política del pueblo mapuche.

En definitiva, el esfuerzo se debe orientar a diseñar una propuesta integral, que abarque mecanismos para alcanzar condiciones de seguridad, y al mismo tiempo proveer soluciones de fondo para un problema no resuelto, respecto a la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios.

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