Detienen en Argentina al activista mapuche Facundo Huala: Chile pide su extradición

Argentina detuvo al fundador del grupo terrorista RAM, ligado a la etnia mapuche. Chile pidió su extradición.

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Facundo Jones Huala, fundador de una organización violenta que le declarara “una guerra de fuego” a la Argentina y Chile, fue detenido en un operativo especial de la Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, entre las localidades de El Bolsón y Bariloche.

 Reivindicación de la lucha armada

Facundo Huala, tiene causas judiciales en Chile por atentados en poblado y terrorismo. Varios atentados contra personas y propiedades en territorio argentino, ocurridos en los últimos años, fueron asumidos como propios por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que promueve la lucha armada e independencia de un extenso territorio que abarca Chile y Argentina.

A mediados del año pasado, Huala fue detenido en Argentina por la ocupación ilegal de un predio. El juez federal interviniente, Guillermo Otranto, dictó falta de mérito en la toma de tierras y declaró nulo el pedido de Chile. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, considera a Jones Huala un guerrillero y pidió el juicio político del magistrado.

Su abogada Elizabeth Gómez Alcorta, expresó luego de la nueva detención, que el pedido de extradición de Chile ya no tiene validez. La abogada, también defiende a otra integrante de una organización acusada de estafas contra el Estado y hechos violentos: Milagro Sala. Un pequeño grupo de activistas se movilizó frente al juzgado federal, al grito de: “El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue” y “Estado fascista, vos sos el terrorista”.

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Cambio de clima

Luego de la controvertida liberación de Huala, la Procuración Fiscal de la Nación emitió un dictamen que también cuestionó la decisión del juez Guido Otranto, recomendando que “el líder de Resistencia Ancestral Mapuche sea entregado a Chile”, donde pesan serias acusaciones de terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro y violación de la ley de extranjería.

La Secretaría de Seguridad Interior también aconsejaría la extradición. En tal sentido, fuentes del ministerio de seguridad explicaron al diario Clarín, que tienen probado que los RAM reciben financiamiento internacional a través de fundaciones y ONG’s. Afirman que durante el kirchnerismo, el ex titular de la AFI, Oscar Parrili -oriundo de San Martín de los Andes-, les habría proporcionado respaldo político y económico a este tipo de agrupaciones. Y que recibieron millones de pesos a través del Instituto de Asuntos Indígenas e incluso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Todo eso se cortó con el cambio de Gobierno y esa sería una de las razones por las que recrudecieron los actos vandálicos este verano.

La novedad, es que Huala fue detenido en jurisdicción del juzgado federal de Bariloche, lo que demuestra que la orden de captura por la extradición a Chile está vigente. Se podría, entonces, generar un nuevo juicio por extradición y esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, con Huala detenido.

El fenómeno del terrorismo

Para intentar comprender el fenómeno de la violencia terrorista ligada a grupos étnicos que crece en América Latina, entrevistamos al especialista chileno en análisis del fenómeno terrorista Mauricio Heise

Fuente: Guioteca del diario El Mercurio, 29 de junio de 2017. https://www.guioteca.com

La senda terrorista de la Coordinadora Arauco Malleco

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La Coordinadora Arauco Malleco tras adjudicarse el atentado en que fueron quemados 19 camiones, hecho ocurrido el 12 de marzo, ataque ejecutado por el Órgano de Resistencia Territorial (ORT) Wenteche-Catrileo; ha estado en el debate público sus métodos de lucha como también los fines de la organización, la cual plantea aspiraciones consistentes en autonomía política y un territorio propio para el pueblo mapuche.

El proceso de articulación del movimiento autonomista mapuche tiene su génesis en la década de los 90 respecto a fines políticos, y específicamente en 1997 cuando debuta el empleo de la táctica terrorista con un atentado incendiario contra camiones de propiedad de la Forestal Arauco en la comuna de Lumaco. Este proceso se ha desarrollado en forma gradual a lo largo de dos décadas, en cuanto a articulación de organizaciones, diseminación de postulados ideológicos y capacidad para sostener una campaña terrorista, que incluye captación de militantes, logística y apoyos internacionales.

Con el nacimiento de la década de 1990 surgen organizaciones mapuches, políticas y radicales, que con sus postulados y reivindicaciones, crearán las condiciones que posibilitarán el nacimiento de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM) como organización anti-capitalista y autonomista, que planteará una “nueva forma de hacer política” sobre la base del terrorismo. En este sentido, fue el Consejo de Todas las Tierras quien primero esbozó el concepto de autodeterminación, y que luego la CAM lo tomaría dándole un rudimentario sustento ideológico para movilizar a comuneros y jóvenes mapuches cuyo resentimiento había sido heredado de generaciones anteriores.

Entre los principales antecedentes de la creación de la CAM se encuentra la fundación de la Coordinadora Territorial LafKenche en 1996, la cual se divide dos años después de su fundación a causa de la discusión entre sectores radicales y moderados en cuanto a la legitimidad y efectividad del uso de la violencia como medio para alcanzar los objetivos propuestos por la organización, por lo que surge la Identidad Territorial Lafkenche, como antecesora directa de la CAM, cuyo punto de inflexión es el mencionado ataque a camiones en Lumaco.

La irrupción de la CAM en lo que podríamos llamar movimiento político mapuche, transformó las protestas de reivindicación en la adopción de la violencia, incluso el terrorismo, como una herramienta con la cual luchar por un proyecto político nacionalista. A partir de su creación desarrolla un efectivo trabajo de diseminación de sus postulados, fomentando la radicalización violenta, y consiguiente reclutamiento, de numerosos comuneros y estudiantes, además de ejercer la representación de comunidades mapuches de su órbita, articuladas y radicalizadas.  En su ideario se mezcla un nacionalismo étnico con conceptualización de izquierda, como lo son el sentido anti-capitalista de la lucha, la formación de cuadros y la implícita noción de partido de vanguardia.

La CAM aspira a lo que denomina como la Reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, partir de lograr su autonomía política y territorial, vale decir, obtener un territorio propio para auto-gobernarse, sobre la base de una idealizada visión de la sociedad mapuche previo al proceso de Ocupación de La Araucanía, revalorando las dimensiones culturales propias de su identidad y recogiendo elementos de la forma de vida de los mapuches de antaño. En este sentido, la aspiración a un territorio con un estatus de autonomía política, con gobierno propio, lo que podría denominarse como un Estado Mapuche o Región Autonómica Mapuche es el objetivo principal, por lo que plantean su lucha como un proceso de Liberación Nacional.

Como un requisito esencial, para concretar esta utópica aspiración política, está la eliminación de las expresiones de la economía capitalista en el territorio mapuche, ya que lo consideran responsable del retroceso económico y político del pueblo mapuche, debido a lo que sería causante de la usurpación y deterioro en las tierras y aguas de las comunidades. En su visión, este deterioro será revertido con la reconstrucción del “mundo mapuche” como era antes la Ocupación de La Araucanía, época a la que consideran rica en términos económicos y políticos.

Para la CAM es el Estado el culpable de la violencia, pues consideran que invadió el Wallmapu y se lo entregó a la “elite que hoy está siendo confrontada”, intentando de esta manera traspasar la responsabilidad final de la violencia, la cual justifican como única alternativa para lograr restitución territorial, y para contrarrestar los procesos de inversión capitalista que estarían depredando territorios ancestrales. En este sentido, la Coordinadora pretende justificar el empleo del terrorismo a partir de lo que sería una condición de pueblo oprimido.

Como es de suponer, para la CAM sus postulados y objetivos políticos representan las aspiraciones del pueblo mapuche, por tanto, la organización pretende ser una vanguardia de revolucionarios que liberará a su pueblo para construir esa sociedad ideal, la que encarnará los más altos valores asociados a la identidad mapuche. Cabe precisar que, en cuanto a proyecto político, no identifica un modelo económico al cual se aspira, ni tampoco las características del sistema de gobierno que se instaurará tras el advenimiento de la autonomía política. Estos aspectos, de fundamental importancia, no han sido explicitados.

En su historia la organización ha sufrido reveses, como ocurrió a inicios de la década del 2000 cuando experimenta un gran debilitamiento operativo a consecuencia de la acción judicial y policial que impulsa el gobierno, lo que genera el encarcelamiento de varios de sus militantes y dirigentes, lo que lo obliga a la organización a operar en una suerte de clandestinidad o semi-clandestinidad.

Pese a lo anterior, la CAM ha logrado sobrevivir por casi dos décadas, no obstante, ha sido incapaz de erguirse como la conducción del movimiento radical mapuche, el cual se caracteriza por su atomización y por contar con diversos actores, incluso, se ha generado pugnas o rivalidades con otros orgánicas que también aspiran a la conducción del sector radical del movimiento político mapuche.

En el plano operativo, en la actualidad la ejecución de los atentados es realizada por células independientes que funcionan con autonomía, denominados Órganos de Resistencia Territorial (ORT), quienes planifican y efectúan selección de blancos, sobre la base de directrices y orientaciones generales que entrega la organización madre, a partir de su rol inspirador y político-estratégico. En definitiva, los ORT son una especia de “franquicias” que funcionan como grupos independientes de la CAM, lo cual ha sido explicitado por la propia organización en el comunicado de enero de 2016: “Anunciamos, además, que como Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, daremos libertad de acción a nuestros ORT-CAM, los cuales podrán definir sus acciones de acuerdo a sus criterios, respetando nuestra ética, normas y fundamentos políticos estratégicos como organización y mapuche”.

La atomización y ausencia de un mando centralizado de las agrupaciones violentas es un importante factor a considerar ante la posibilidad de una negociación con la CAM, ya que, además de su escasa voluntad de diálogo, se debe tener en consideración que su poder en la actualidad, tanto en movilizar a comunidades como de ejecución de atentados, es bastante reducida, más bien simbólico, pues ese espacio de poder hoy lo ocupan tanto sus “franquicias” como otras agrupaciones.

En cuanto a la voluntad de diálogo, dado los objetivos políticos de la CAM, y la viabilidad de ellos, las posibilidades de que el Estado negocie con dicha organización son a lo menos limitadas, ya que la Coordinadora establece como condición que una negociación para el cese de la violencia debe discutirse sobre la base de territorio y autonomía, en otras palabras, sólo estarán dispuestos al diálogo en la medida que se pacten condiciones para la “liberación nacional”, Concretamente Héctor Llaitul ha manifestado: “Existe disposición al diálogo con el Estado, pero sobre la base una agenda relacionada con territorio y autonomía, es decir, como se restituye territorio y se otorga ciertos grados de autonomía política”.

Desde sus inicios la CAM no ha optado por la vía de la negociación, sino de la táctica terrorista, a fin de generar publicidad a su causa y forzar al Estado, y a la sociedad en su conjunto, a acceder a sus demandas, las cuales carecen de toda factibilidad desde el punto de vista de la institucionalidad, estructura del Estado, legitimidad democrática y funcionamiento de la economía; además, de la razonable duda si los postulados autonomistas son el anhelo del pueblo mapuche.

Respecto a la querella presentada por el Gobierno contra la Héctor  Llaitul y contra todos quienes resulten responsables, invocando la Ley de Seguridad del Estado, por hacer “apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales”, no generará un impacto en la contención de la violencia, no sólo por la naturaleza organizativa del fenómeno, sino también por la ausencia de una estrategia integral que genere respuestas en los ámbitos jurídico, político y policial.

La CAM ha perdido capacidad operativa y de liderazgo, lo que da paso a un terreno fértil para emprendimientos terroristas en tres regiones, sobre la base de los postulados ideológicos que esta organización ha diseminado durante dos décadas, adquiriendo hoy un rol inspirador para agrupaciones que están en la misma senda terrorista.

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La conexión argentina: Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)

 

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“Ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el territorio libre y recuperado para todo nuestro pueblo” (RAM)

Las autoridades argentinas se encuentran en alerta con motivo del incremento de acciones violentas que están efectuando agrupaciones mapuches radicalizadas, las que sobre la base de un discurso nacionalista, consideran el uso de la violencia como el único camino legítimo conducente a la obtención de un territorio propio, para generar un proceso de liberación nacional, que considera como esencial la autonomía y el autogobierno. De acuerdo al anhelo de los nacionalistas, el Wallmapu (territorio mapuche) se extenderá en ambos lados de la cordillera de Los Andes.

En Argentina los postulados autonomistas son promovidos por un grupo radical denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que opera desde el 2010, pero alcanzó notoriedad en el 2014 a través de una declaración en la que expresaban sus motivaciones políticas, reivindicando acciones violentas en el contexto de lo que sería su estrategia de liberación nacional. Las acciones reivindicadas fueron el ataque incendiario al refugio Neumayer en Bariloche, como también la quema de una plantación forestal de la empresa Benetton y los ataques al consulado de Chile y  la catedral católica en Bariloche.

Según el citado comunicado, RAM sería parte de un movimiento autonomista mapuche llamado Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu (M.A.P) el cual estaría “desarrollándose en Neuquén, Rio Negro y Chubut, entre comunidades, organizaciones e individuos que se definen Autónomos, desde hace muchos años”.

Es en la provincia de Chubut donde se concentra las principales acciones por parte del RAM, habiendo realizado quema de maquinarias e infraestructura productiva, a través de atentados incendiarios y otras acciones de sabotaje, consideradas como de “resistencia”. Entre los atentados se cuentan la quema de máquinas retroexcavadoras, de cabañas, además de ataques con armas de fuego.

El principal enemigo del pueblo mapuche, que ha sido identificado por la mencionada agrupación violenta, al igual que sus similares en Chile, es el capitalismo, por lo que han anunciado su propósito de lograr la expulsión de todo lo que consideran como expresiones del sistema económico: Latifundio, empresas transnacionales, petroleras, mineras e hidroeléctricas. En concreto, la lucha se plantea como nacional (del Pueblo Mapuche) y revolucionaria anti-capitalista.

Respecto al conflicto en Chile, para la RAM su lucha es parte de la que realizan en este lado de la cordillera agrupaciones radicales con las mismas motivaciones políticas e ideológicas, existiendo, por tal razón, coordinación y colaboración entre ellas, según se desprende de las declaraciones de la agrupación argentina, en las cuales plantean como objetivo la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche políticamente autónomo, señalando que se trata de una misma lucha que se desarrolla en dos países distintos. De hecho, en el comunicado de noviembre de 2014, refiriéndose a la movilización por la defensa de un espacio sagrado en Río Bueno contra una empresa eléctrica, textualmente se indica: “Reafirmamos nuestro proceder operativo en el mismo marco de Lucha Territorial y de Liberacion Nacional, nuestro accionar concreto es la muestra más real de apoyo mutuo”.

En tanto, desde Chile la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha expresado su solidaridad con la lucha que lleva su par en el país trasandino. Mediante un comunicado con fecha 13 de enero de 2017, en que solidariza con las comunidades del lof en resistencia del departamento de Cushamen y con el grupo RAM, debido a que “habrían sido permanentemente violentados y reprimidos por el gobierno argentino a través de su policía”, para hacer frente al “creciente proceso de reconstrucción cultural, social, político y militar de nuestro pueblo nación”, así mismo, señalan la forma en que se traducirá el apoyo: “Que nuestra solidaridad será puesta a disposición a través de acciones y la continuidad del sabotaje al circuito productivo trasnacional, sin transar y con la convicción que es nuestro único camino”.

La coordinación, además de ser explícitamente reconocida por los propios grupos terroristas señalados, también se evidencia en las actividades violentas desarrolladas por el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, en el sur de Chile, por lo que es requerido por la justicia chilena, luego que se fugara a Argentina mientras estaba con medidas cautelares por el incendio en el fundo Pisue Pisue en Ríos Bueno (ocurrido en enero de 2013). Lo cierto es que Jones Huala no llevó adelante dichas acciones violentas en solitario, sino que las realizó inserto en una célula local, quienes habrían proporcionado la logística requerida. Actualmente los delitos que se le imputan en Chile son incendio, tenencia de armas e ingreso ilegal al país. Luego que fue rechazada la solicitud de extradición en septiembre de 2016, el Estado chileno apeló y es la Corte Suprema de Argentina que deberá resolver si la acepta o la rechaza.

En cuanto al funcionamiento operativo, al igual que la CAM, que posee células denominadas Órganos de Resistencia Territorial (ORT), la RAM comunicó la conformación de las Unidades Ancestrales de Liberación Territorial (UAL) a las que- según explican en un comunicado- consideran como “embrión para la conformación de la división Puel Mapu de estructuras propias para la resistencia territorial y liberación nacional”. La organización de células obedece a lograr mayor eficacia en la ejecución de la táctica terrorista.

El terrorismo etno-nacionalista argentino aún no reviste la peligrosidad que tiene en Chile, ni tampoco ha alcanzado esos niveles de violencia, ya que en nuestro país se encuentra en escalada y extendido en una amplia zona geográfica. Al otro lado de la cordillera será fundamental en su contención las acciones que impulse el gobierno y el diseño de una estrategia para enfrentar esta amenaza a la seguridad, salvo que se adoptara la formula de la administración Bachelet, consistente en relativizar el terrorismo y bajarle el perfil ante la opinión pública, bajo el pretexto que simplemente se trata de “violencia rural”.

La existencia de la RAM representa no sólo un problema de seguridad pública para Argentina, sino también para Chile debido a la coordinación que se está consolidando con la Coordinadora Arauco Malleco, lo cual  podría impactar en apoyo logístico, traspaso de armamento y mutuo aprendizaje organizacional respecto a desarrollo de atentados, pudiendo influir en el potencial de violencia y en la capacidad para sostener la campaña terrorista. En este sentido, un factor relevante son los apoyos internacionales que logren en lo relativo a adiestramiento y armamento.

En el plano de la difusión del mensaje radical, la colaboración inter-cordillera posibilitaría fortalecer las labores de activismo debido al tránsito de militantes entre ambos países y al activismo digital, aumentando el potencial movilizador, debido a la extensión de la ideología en el colectivo de referencia, además, los individuos implicados en las actividades terroristas percibirían a su movimiento con mayores posibilidades de éxito debido a su internacionalización, con lo que habría mayor cantidad de personas dispuestas a integrar estas agrupaciones.

Es errónea la visión de quienes consideraran las expresiones de violencia mapuche en Chile y Argentina como conflictos locales de cada país, pues este fenómeno debe ser entendido como un mismo conflicto que abarca territorios de la soberanía de dos países, y que si bien existen especificidades locales propias, las demandas dicen relación con un mismo proyecto impulsado por sectores minoritarios, consistente en la construcción de una nación con autonomía política asentado en territorios de ambos países.

En el nivel estratégico, la eficacia del terrorismo se mide por la consecución del objetivo final, la liberación nacional del pueblo mapuche, que en este caso la factibilidad es a lo menos discutible, sin embargo, el éxito también dice relación con alcanzar ciertos avances que no hubiesen sido posibles sin la acción terrorista, como pudiese ser representación política u otras concesiones, aunque no impliquen la autodeterminación, pues el terrorismo, como una forma de comunicación, permite atraer la atención de la sociedad hacia la causa promovida por quienes ejercen la violencia, lo que ya es un triunfo para ellos.

A modo de conclusión, en el contexto de la estrategia que debiese formularse, la coordinación en el área de seguridad entre ambos países es fundamental, en términos de colaboración, sobre todo en ámbitos como la inteligencia, ya que es un fenómeno que se encuentra en escalada, con impacto en la seguridad pública de Chile y Argentina.

La táctica terrorista en La Araucanía

 

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La violencia en el sur ha aumentado su intensidad. Son dos décadas que han generado considerables pérdidas económicas y también cobrado vidas humanas, sin que a corto plazo se vislumbre el término de esta compleja situación que impacta en la condición de seguridad de tres regiones del país.

Los autores dan muestras de organización y coordinación en sus ataques, como también demandas que orientarían su accionar. Frente a este escenario, algunos sectores de la sociedad califican estos hechos como terrorismo, mientras hay quienes afirman que se trataría simplemente de hechos violentos que surgen de un conflicto social, pero que en ningún caso podrían catalogarse de terroristas. En esta discusión, la opción que pretendió zanjar el debate de una forma creativa, por decir lo menos, es la adopción de la ambigua expresión “violencia rural” que por conveniencia el gobierno ha promovido su uso, para así, mediante dicho eufemismo, evitar el concepto de terrorismo, el cual tiene asociada una fuerte carga negativa.

La verdad es que Terrorismo es un concepto confuso, debido a que carece de una definición universalmente aceptada, dando paso a interpretaciones que están condicionadas por quien observa el fenómeno, según sus intereses o esquema de pensamiento. En este sentido, la experiencia internacional demuestra que grupos o individuos que han utilizado la violencia para alcanzar determinados fines políticos, simultáneamente han sido catalogados tanto de luchadores por la libertad como de terroristas. Claro está que, un elemento común es el empleo de la violencia, aunque con propósitos diversos, como pudiesen ser liberar a un pueblo o cambiar el orden establecido, entre otros; por lo que el terrorismo no representa una ideología específica, sino que es un método violento que en el mundo ha sido utilizado incluso en luchas que podrían considerarse como “justas”.

En el sentido de lo anterior, la ausencia de una definición universalmente aceptada, por falta de consenso, ocasiona que los Estados, organismos de seguridad y entidades académicas elaboren sus propias definiciones, las que difieren unas de otras en cuanto a los énfasis respecto a los factores que componen y caracterizan este tipo de violencia, no obstante, ello no indica que sea imposible establecer una definición general sobre la base de la experiencia internacional y desde un prisma académico. Cabe precisar que, la legislación chilena sobre la materia tiene falencias respecto a la definición de terrorismo, incluso la ausencia de delitos de carácter terrorista que incorporan legislaciones de otros países, por tanto, no constituye, en términos teóricos, una adecuada base de referencia para determinar lo que es y lo que no es terrorismo.

Dicho lo anterior, es que pareciera razonable que surja  la controversia respecto a si la violencia que ejercen grupos en el sur, sobre la base de reivindicaciones étnicas, realmente constituye terrorismo. Lo que debe aclararse en primera instancia, es que independiente a la opinión que cada quien tenga acerca de la legitimidad o ilegitimidad de dicha lucha, el terrorismo es una táctica, un método de lucha, que se utiliza en el contexto del denominado conflicto mapuche.

En el mundo la motivación para emplear esta táctica generalmente ha sido política, como también pudiese ser religiosa o ideológica. En el caso analizado, la aspiración política de quienes impulsan acciones violentas entre las regiones del Bío Bío y Los Ríos, principalmente a través de atentados incendiarios, corresponde a lograr la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, sobre la base de un proyecto político y cultural propio, inspirado en su cosmovisión; proyecto que requeriría de “control territorial” y autonomía política, en pos de lo que denominan “proceso de liberación nacional mapuche”.

La intencionalidad política de las agrupaciones violentas en la denominada zona de conflicto mapuche, se evidencia en panfletos y pancartas que son dejados tras los atentados, como así mismo declaraciones de prensa que difunden en los medios de comunicación y en sitios web en los cuales explícitamente exponen los atentados como parte de una estrategia conducente a la liberación nacional. Esto es fundamental, ya que la diferencia con delincuentes comunes es que éstos últimos buscan lucrar a través de sus actividades delictivas, en lugar de reivindicarlas en el contexto de una estrategia política. Entonces, es correcto asumir que los atentados en el sur son perpetrados por grupos que usan la táctica terrorista.

Una dimensión importante para el estudio de este tipo de violencia política es que la táctica terrorista debe ser entendida como una forma de comunicación, de propaganda para promover una causa y darle publicidad, para así atraer la atención de la sociedad o de determinadas audiencias previamente definidas por quienes despliegan la violencia. En otras palabras, se promueve la liberación nacional del pueblo mapuche, mediante ataques a infraestructura productiva como mensaje a los que consideran representantes del sistema capitalista, como los agricultores y empresas forestales.

Las víctimas no son únicamente quienes reciben los ataques incendiarios contra su propiedad, sino que también lo son aquellos contra quienes se dirigen las acciones de intimidación, por ejemplo, son quemadas casas y galpones de algunos agricultores, pero la intimidación también va dirigida contra los demás agricultores de la zona, aunque no hayan sido blancos directos del ataque.

Según estas agrupaciones, el sistema capitalista estaría exterminando al pueblo mapuche, por lo que los ataques se orientan a detener el circuito productivo, como también blancos por su fuerza simbólica, como es el caso de las iglesias por ser consideradas símbolos de dominación. En general, la intención inmediata del atentado es intimidar, forzar, coaccionar o desmoralizar al enemigo.

Los atentados de la denominada zona de conflicto mapuche, no buscan derrotar al Estado por medio de la violencia, ya que las agrupaciones que emplean la táctica terrorista naturalmente carecen de la capacidad y los medios para superar a éste, sin embargo, sus esfuerzos se orientan a compensar esta relación asimétrica generando temor para presionar por sus demandas políticas asociadas a la liberación nacional. En este sentido, grupos como la Coordinadora Arauco Malleco y Weichan Auka Mapu apuestan por la presión, pero sin un proceso de negociación que implique renunciar a una parte de sus aspiraciones.

Para los autonomistas mapuches la inferioridad no sólo tiene que ver con la escasa capacidad para producir violencia en el plano militar, sino también con el hecho de representar intereses minoritarios, vale decir, sus aspiraciones no concitarían un amplio respaldo de la sociedad, además carecen del poder político para concretarlas, incluso, es razonable cuestionar la adhesión del pueblo mapuche al proyecto nacionalista, pues se trata de una minoría quienes adscriben a esta corriente de pensamiento.

El uso de la táctica terrorista implica que la violencia se ejecuta en forma clandestina, por tratarse de una forma de lucha encubierta, que en La Araucanía se expresa con atentados incendiarios y acciones de sabotaje ejecutados por pequeñas células, luego de un proceso de planificación que incluye selección de blancos. Esta forma de violencia se caracteriza por su aplicación furtiva, dosificada y planificada, como por sus fines políticos y dimensión propagandística.

En el plano individual, los jóvenes mapuches que emplean la violencia para supuestamente liberar a su pueblo y luchar contra el neoliberalismo, se perciben como miembros de un colectivo de referencia víctima, el cual se encontraría en proceso de extinción, por lo que asumen una identidad colectiva, desarrollando sentimientos de odio y deseos de venganza, contexto en que la violencia surge como la única opción posible para redimir y hacer justicia, por tanto la consideran legítima. Por supuesto, en estos procesos de radicalización siempre influye el entorno de cada individuo, su socialización a través de amistades o familiares en la adopción de esta identidad e ideas.

En definitiva, sobre la base de la experiencia internacional, se puede afirmar que el terrorismo es una táctica consistente en la ejecución de acciones puntuales de violencia con fines políticos, religiosos o ideológicos, para influir sobre determinadas audiencias. La táctica terrorista es un método de influencia socio-política, que se aplica en forma encubierta, para modificar el orden establecido, que en el caso analizado es el detrimento al pueblo mapuche que ocasionaría el capitalismo en términos económicos, culturales y políticos.

El terrorismo no es una receta estándar, por lo que la forma específica en que se manifiesta el terrorismo nacionalista mapuche no necesariamente debe tener similitud exacta con otras expresiones de terrorismo para ser considerado como tal, pues cada cual tiene sus propias especificidades dadas por el lugar donde se produce, sus circunstancias históricas y culturales, y medios disponibles, ideología y capacidad de extender dicha ideología en el colectivo de referencia. Lo importante, independiente a sus particularidades que adopte, es identificar, conforme  a definición y características, la presencia del terrorismo en cuanto a táctica.

El concepto de terrorismo es evitado deliberadamente por amplios sectores de la sociedad chilena debido a  motivos políticos y emocionales, además erróneamente es considerada la variable de “legitimidad” como decisiva a la hora de clasificar o no de terrorismo la violencia de connotación mapuche en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos; sin embargo, es evidente que se está en presencia del empleo de la táctica terrorista.

Ataque incendiario a camiones y maquinaria en Temuco

Hacia una estrategia de contención de la violencia en La Araucanía

 

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Recientemente los gremios de la región de La Araucanía, ante la Comisión de Seguridad del Senado, solicitaron a las autoridades “pasar del diagnóstico a las medidas” respecto a la contención de la violencia política que afecta a la zona, reclamando el diseño de una Política de Estado, que incluya modificaciones a la legislación vigente para perseguir judicialmente estos delitos con mayor eficacia.

Lo cierto es que Chile no dispone de una estrategia para enfrentar la violencia política del sur, desde la perspectiva de generar condiciones de seguridad, sobre la base de la prevención y la articulación de una respuesta proporcional en el contexto del Estado de Derecho. En este sentido, y de acuerdo a la experiencia internacional, uno de los elementos centrales que debiese considerar una estrategia en esta materia es la radicalización violenta, es decir, abordar las causas y factores que llevan a un individuo a adoptar una ideología que justifica el uso de la violencia con fines políticos.

Sobre la base de lo anterior, es fundamental distinguir que la violencia que se desarrolla en tres regiones del país, en el contexto del denominado conflicto mapuche, es perpetrada por sectores minoritarios del mundo mapuche que no representan al conjunto de su pueblo. Los sistemáticos actos de violencia llevados a cabo por agrupaciones como la Coordinadora Arauco Malleco o Weichan Auka Mapu, son empleados como táctica política para alcanzar determinados objetivos ideológicos que dicen relación con la liberación nacional del pueblo mapuche, asociada a conceptos como control territorial y autonomía política; además de constituir una lucha contra el sistema económico capitalista, según han señalado dichas organizaciones.

Este es un tema complejo pues se corre el riesgo de, erróneamente, estigmatizar a todo un pueblo o amplios sectores de éste, por tanto, la respuesta debe ser proporcional,  enmarcada en el Estado de Derecho y en el estricto respeto a los Derechos Humanos. En este sentido, lo que tampoco admite dudas es la urgente necesidad de formular una estrategia, que establezca respuestas políticas, jurídicas y policiales; con una lógica de coordinación y complementariedad entre dichas respuestas.

La estrategia requerida debiese contener medidas concretas orientadas a contener y erradicar las expresiones de violencia política que llevan a cabo grupos radicalizados que adscriben a la autonomía del pueblo mapuche y cuya expresión típica son los atentados incendiarios a vehículos, infraestructura productiva e iglesias, ente lo cual se requiere reforzar las capacidades nacionales e incorporar elementos de la experiencia internacional, interviniendo en las siguientes líneas de acción:

Prevención: Desde las políticas públicas abordar y prevenir la radicalización violenta, a partir de las condiciones que contribuyen a implicarse en actividades terroristas, como pudiese ser la falta de oportunidades para los jóvenes de la zona de conflicto.

En el ámbito de la prevención, también es recomendable evitar la concentración de reos, condenados por delitos de connotación indígena, en cárceles de la región de la Araucanía, a fin de impedir la construcción de focos de radicalización violenta (contagio ideológico), entre otras medidas que pudiesen diseñarse en esta línea.

Persecución: Utilizar de manera eficaz la información de inteligencia, como la de fuentes humanas, que incluye acciones de infiltración, para desbaratar organizaciones violentas en las regiones del Bío-Bio, La Araucanía y Los Ríos, llevando ante la justicia a quienes cometen atentados. Para esto es fundamental la coordinación y adecuada diseminación de inteligencia entre los organismos responsables de la materia, dado que la función de inteligencia es la principal herramienta en la contención de la actividad terrorista.

Respecto a la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, se requiere efectuar modificaciones, por ejemplo, respecto a la definición de terrorismo en relación a sus fines políticos, en lugar de su propósito de causar temor; como también incluir delitos no considerados por la actual ley, como son la colaboración con actividades terroristas o con organizaciones o grupos terroristas en cuanto a apoyos materiales, no financieros, en los casos donde se provee de refugio, medios de transporte, armamento, entre otros, además de incluir como delito el reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas. La exigencia para una mayor eficacia de esta normativa es modernizarla de acuerdo a estándares internacionales.

En el sentido de lo anterior, también existe la necesidad de potenciar los instrumentos de investigación como es el uso de agentes encubiertos para investigaciones relativas a actividades terroristas, tal como se establece en la ley que sanciona el tráfico de estupefacientes.

En la persecución de estos delitos en términos policiales, debe cautelarse que no sean cometidos excesos, ya que, además del marco ético en que debe desarrollarse esta labor, la experiencia internacional indica que una respuesta desproporcionada le otorga mayor potencial de movilización a los grupos violentos, por tanto, medidas que han sido sugeridas por parte de las víctimas, como establecer el Estado de Excepción en las zonas afectadas, agudizarían el problema, ya que además del incremento en la capacidad de movilización, se atentaría contra las libertades individuales, y por consiguiente contra el propio sistema democrático.

Protección: Despliegue de medidas que garanticen el Estado de Derecho, adoptando providencias en materia de seguridad razonables, para proteger a las personas, infraestructura productiva y la propiedad privada y pública. La protección debe posibilitar el desarrollo normal de las actividades económicas y productivas en las regiones mencionadas.

Comunicación: Restar credibilidad al mensaje violentista y promover diálogo inter-cultural, incluyendo medidas que contribuyan a evitar la discriminación al pueblo mapuche, de modo tal de separar ante la opinión pública a los terroristas respecto de su colectivo de referencia.

Superar el denominado Conflicto Mapuche no puede ser abordado exclusivamente con políticas públicas orientadas a la seguridad, pues es una problemática con distintas dimensiones y con actores con diferentes demandas. Concretamente, debe ser entendido como el conflicto social entre comunidades y organizaciones de la etnia mapuche con el Estado chileno, sobre la base de reivindicaciones que provienen desde la época del proceso de la ocupación de La Araucanía en adelante, lo cual obliga al Estado, y a la sociedad chilena, a repensar políticas de reparación factibles y surgidas de un proceso de diálogo, distintas a la compra de tierras, cuya esencia sean políticas de compensación en los planos político y de desarrollo económico; como así mismo abordar el fenómeno de la violencia política, con las herramientas descritas en las líneas precedentes, que es ejercida por el minoritario movimiento nacionalista, y sus organizaciones, quienes aspiran a la autonomía política del pueblo mapuche.

En definitiva, el esfuerzo se debe orientar a diseñar una propuesta integral, que abarque mecanismos para alcanzar condiciones de seguridad, y al mismo tiempo proveer soluciones de fondo para un problema no resuelto, respecto a la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios.

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Proceso de desarrollo del Movimiento Nacionalista Mapuche

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Es difícil establecer con exactitud el inicio del actual movimiento nacionalista mapuche que adscribe a uso de la táctica terrorista, ya que en esta historia confluyen diversos hechos y actores, gestándose su evolución desde la revalorización de lo cultural hasta la actual utópica aspiración de reconstrucción nacional dotada de autonomía política.

El Encuentro de Nueva Imperial, realizado en 1989, que sostuvo Patricio Aylwin como candidato de la Concertación con representantes de los pueblos originarios, como base para articular la política indígena en el periodo de la transición democrática, estableció acuerdos que fueron ratificados por los representantes mapuches que asistieron a dicho encuentro. Este hecho político cobra relevancia no sólo por su impacto en la relación entre el Estado y las comunidades mapuches, y consiguientes políticas públicas, sino también en la generación de aspiraciones y dimanadas de un grupo social que padecía discriminación y empobrecimiento económico, habiéndose incubado en algunos de sus sectores el resentimiento.

En la década de los 90, en el nuevo escenario de la transición, surgió al interior del mundo mapuche, liderazgos que apuntaban a la revalorización de la cultura mapuche con un marcado interés en potenciar las autoridades tradicionales y rescatar la tradición histórica, incluyendo las expresiones de religiosidad. Esta noción de “lo mapuche” estaba asociada inherentemente a lo político, respecto a asumir la identidad colectiva mapuche y al sentimiento nacionalista que de ello deriva. Es así como actividades culturales o religiosas tenían un componente político orientado a la diferenciación de la cultura chilena y a crear conciencia de la condición de pueblo oprimido y usurpado. Esta movilización, como caldo de cultivo a la expresión de terrorismo que hoy afecta a tres regiones del país, se produjo en un contexto post-dictadura en que las autoridades manifestaban su disposición a abrir canales de participación y restablecer derechos tras el largo periodo autoritario.

De la mano con el inicio de esta etapa se funda el Consejo de Todas las Tierras (Aukín Wallmapu Ngulam), a partir de la Comisión Quinientos Años de Resistencia, que fuera una organización radical que sentaría las primeras bases tanto en lo ideológico como en la convergencia de individuos adeptos al indigenismo autonomista. Entre las principales reivindicaciones estaba la demanda por tierras, cuyo despojo sitúan en el proceso de Ocupación de La Araucanía en 1861, que significó una considerable pérdida de territorio para los mapuches, dando origen a la posterior colonización de chilenos y también europeos en dichos territorios.

El Consejo de Todas las Tierras inició sus actividades políticas predicando acerca de los derechos como pueblo, como la autonomía y el territorio; además, instauró estructuras políticas basadas en las autoridades tradicionales y la organización territorial en lof. Con esta estrategia se persigue “crear conciencia” y “acumular fuerzas”.

A través del Consejo el reclamo por tierras se efectuaba como organización, es decir, con la capacidad de movilizar y aglutinar a los sectores más radicalizados del mundo mapuche, bajo el liderazgo de Aucan Huilcaman, impulsan lo que denominaron proceso de recuperación de tierras, desarrollándose marchas y manifestaciones públicas. Se estaba dando forma a los postulados políticos mapuches, los que eran diseminados en centros de educación, comunidades y en actividades culturales, por tanto, la principal contribución de esta organización para la radicalización del movimiento y el futuro surgimiento de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), es la diseminación ideológica respecto a conceptos como nación y autodeterminación.

Uno de los elementos interesantes en esta etapa es en el plano de lo simbólico, como medio de cohesión, por la fusión entre lo religioso (o místico) con la política, pues los rituales de antaño eran parte de actividades de naturaleza política como inherentes de la lucha mapuche, por tanto, los jóvenes militantes asumían los postulados ideológicos como esenciales a esa identidad que los unificaba como pueblo.

En lo simbólico no se escatimó en buscar elementos que posibilitaran construir dicha identidad, como el nombramiento de autoridades tradicionales, rituales religiosos, la creación de una bandera, relatos que rescataban la tradición cultural, entre otros, como parte de una cultura política dotada de un aura sagrada.

No obstante lo anterior, el Consejo fue disminuyendo su influencia y el monopolio de la representatividad, frente a jóvenes militantes que aspiraban a una política de mayor confrontación con el Estado y con el enemigo que habían identificado: el neoliberalismo, representado en el territorio mapuche por empresas y agricultores, quienes constituían una amenaza a la supervivencia del pueblo mapuche. Estos activistas ven con admiración el levantamiento en Chiapas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994; incluso, para apartarse de la estrategia del Consejo forman la Coordinadora Territorial Lafkenche, y en 1996 la Coordinadora Territorial Arauco, la cual es antecesora de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco- Malleco.

En la fundación de la CAM, como organización que emplea la táctica terrorista, fue determinante Héctor LLaitul, quien en 1994 renunció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) para dedicarse a la causa mapuche. La vinculación del ex frentista con los militantes de una organización estudiantil llamada Pegun Dugun posibilitó ir generando una base de activistas, que serían futuros militantes de la CAM.

Un hecho importante que marca el inicio de la violencia es la quema de tres camiones de la Forestal Arauco en la comuna de Lumaco, ocurrido el 01 de diciembre de 1997, donde un grupo de comuneros intimidaron con escopetas a los conductores y los instaron a huir para luego rociar con combustible los vehículos e incendiarlos. Sin lugar a dudas, este es el punto de inflexión respecto al uso de tácticas terroristas por parte del movimiento mapuche, pues muchos sectores radicales abogaban por el empleo de la violencia política como medio para visibilizar sus posturas y alcanzar sus reivindicaciones.

Con la movilización generada por la quema de camiones y el creciente interés de comuneros por adherir a esta nueva forma de lucha, es que a fines de 1998 se funda la Coordinadora Arauco-Malleco, como organización revolucionaria y anticapitalista, cuyos medios de acción son la violencia, como atentados incendiarios, tomas de predios y enfrentamientos con la policía. La CAM proclamaba su lucha como el único camino para enfrentar lo que consideraban el exterminio del pueblo mapuche por los efectos del sistema económico, prometiendo para las postergadas y empobrecidas comunidades la redención, y la idealizada reconstrucción de una nación mapuche, que traería justicia y prosperidad. En definitiva, esta organización fue percibida por los jóvenes mapuches como una oportunidad de ser protagonistas en re-escribir la historia de su pueblo y alcanzar una seductora utopía. Cabe precisar que, de acuerdo a la experiencia internacional, uno de los factores que impulsan a individuos a unirse a organizaciones terroristas es la identificación con una causa, asociada a un colectivo de referencia considerado en condición de víctima.

En el contexto de esta “nueva forma de hacer política”, en 1999 se impulsa la recuperación (tomas) de tierras, extendiéndose dichos episodios en distintos puntos de lo consideraban Wallmapu (territorio mapuche). Estas acciones violentas fueron imitadas por otras organizaciones ajenas a la CAM que adherían a los postulados autonomistas, como también por comunidades que no necesariamente aspiraban a la liberación nacional del pueblo mapuche, sino simplemente como medio de presión para reclamar determinados predios agrícolas. Claramente la CAM estaba liderando estas acciones, pero la particularidad es que en su accionar no busca la negociación, ya que impulsa una estrategia de confrontación violenta.

A partir del año 2000, en el gobierno de Ricardo Lagos se generan políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades mapuches, como el Programa Orígenes y la oferta pública de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que incluye la compra de tierras. Dichas políticas generan una pérdida de poder para el movimiento autonomista, pues algunas agrupaciones se desmovilizaron en cuanto al uso de la violencia para acceder a los beneficios estatales. La CAM, no obstante, mantiene sus postulados ideológicos y tácticas de lucha, pese a que policial y judicialmente fueron perseguidas sus actividades. Para el año 2002, muchos de sus dirigentes y militantes se encontraban en prisión, como consecuencia de sus delitos, entre los que se encuentran quemas de plantaciones forestales e infraestructura productiva; siendo denominados por la organización como “presos políticos mapuches”, tal como si se tratara de presos de conciencia.

Es el 2002 cuando fallece el joven militante de la CAM Alex Lemún, en la toma de un fundo en Ercilla, tras recibir un perdigón por parte de carabineros. Este es el primer mártir de la organización, y producto de ello fueron incrementadas las acciones violentas, aumentando el potencial de movilización de la causa mapuche, con lo que se suman nuevos militantes. Dicho incremento en el potencial de violencia, origina acciones judiciales contra la organización, y por consiguiente, un vuelco hacia una faceta clandestina.

Un duro golpe a la organización ocurrió los años 2006 y 2007, cuando son encarcelados importantes dirigentes de la llamada dirección histórica, entre los que se encuentra uno de sus fundadores, Héctor Llaitul, disminuyendo su capacidad operativa y la moral de sus militantes. En este escenario adverso para la CAM, el 03 de enero de 2008 fallece un segundo integrante, Matias Catrileo, mientras se encontraba participando de una “recuperación territorial”; hecho que contribuye a cohesionar al movimiento autonomista y genera sentimientos de ira e indignación moral que, al igual que en el primer caso, dota de mayor potencial movilizador al movimiento mapuche.

Fueron muchos los jóvenes y comuneros mapuches que abandonarán los estudios y obligaciones laborales para desarrollar su rol de militante de la CAM, con la convicción que está cumpliendo la misión histórica de lograr la autodeterminación de su pueblo. Así, los weichafes (guerreros mapuches) con el fanatismo propio de cualquier causa nacionalista y segados por la ideología, dedican sus esfuerzos a liberar a su colectivo.

A partir del año 2010, la CAM ya se encuentra descentralizada en células denominadas órganos de resistencia territorial (ORT), que operan en los diferentes territorios, para con relativa autonomía, según directrices de la organización, ejecutar atentados y ataques incendiarios. En general, entre los factores que diferencian el accionar de esta organización, respecto a periodos anteriores es que crecientemente se comienza a observar el uso de armas de fuego, como también una evidente mejor preparación táctica de los militantes.

El hecho que reviste mayor gravedad se produce el 04 de enero de 2013 cuando es asesinado, en un ataque incendiario, el matrimonio de agricultores conformado por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, en el contexto del aniversario de la muerte de Matias Catrileo. Además de lo horrendo del crimen, es la primera vez que un atentado en La Araucanía tiene resultado de muerte para sus víctimas. Cercano a esa fecha es atacado con disparos un helicóptero que combatía un incendio forestal, presumiblemente causado en forma intencional, en la comuna de Collipulli, siendo heridos tres brigadistas que iban como tripulantes de la aeronave.

Actualmente, la violencia derivada del denominado conflicto mapuche (o “violencia rural” como eufemísticamente prefiere llamarla en gobierno) se encuentra en escalada y no se vislumbra en el corto plazo su final. De hecho, en el presente año salió a la luz pública la agrupación terrorista Weichan Auka Mapu, la cual operaría desde el 2013, y que desde marzo inició atentados a iglesias, luego del desalojo del Seminario Mayor San Fidel en Padre Las Casas, el cual se encontraba tomado desde hace dos años por el Lof Mapu Rofue. Ese hecho marca el inicio del ataque a iglesias (a la fecha han sido quemadas 18) de la mano de un nuevo actor que forma parte del movimiento autonomista mapuche.

La emergencia de nuevos actores al interior del movimiento mapuche, dice relación con su naturaleza política, y a partir de ello con liderazgos y por tanto con diferencias en la definición de estrategias, aún cuando el fin último sea el mismo. En este sentido, en septiembre de 2016 el grupo Lof Lleupeko Katrileo, desconocido por la opinión pública hasta ese momento, a través de un comunicado, se adjudicó el ataque a un centro de eventos en la comuna de Vilcún, el cual terminó con dos personas fallecidas, como parte de lo que denominaron como lucha armada por la recuperación de tierras en La Araucanía. En el hecho fallecieron el hijo del dueño y también uno de los comuneros que habría ingresado al local disparando. El texto, refiriéndose al fallecido, señalaba: “El comando de asalto, encabezado y dirigido por nuestro peñi, buscaba contribuir con este gesto político-militar a la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus derechos en el Wallmapu”.

Pese a diferencias en estrategia y capacidad táctica, las dos principales orgánicas de este movimiento operan con células en red, con relativa autonomía, bajo una suerte de resistencia no dirigida, donde cada célula toma la iniciativa, a partir de las directrices generales fijadas por su organización. Pese a ello, se trata de acciones que son planificadas tanto en la definición de sus ejecutores, logística como en medidas de seguridad, lo que es propio de una actividad que se realiza en forma encubierta.

A modo de conclusión, es indudable que los postulados de la autodeterminación y recuperación territorial fueron diseminados por la Coordinadora Arauco-Malleco, adquiriendo un rol muy relevante en el proceso de radicalización violenta de una generación de mapuches. Hoy, la ideología que justifica la violencia se encuentra extendida, con un potencial de violencia en incremento, cuya evolución dependerá de los recursos (simbólicos, humanos y materiales) que logren movilizar. En este sentido, el Estado ha carecido de la capacidad de diseñar políticas que generen una respuesta política, social y de seguridad ante este complejo escenario.

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Análisis del Terrorismo Etno-Nacionalista desde la Psicología Social

 

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La actividad terrorista es una táctica orientada a influenciar a determinadas audiencias, con fines políticos, por lo cual se debe situar su análisis en una esfera distinta a la de la psicología, ya que se trata de una estrategia de influencia sociopolítica ejercida por grupos, aún cuando estos sean minoritarios, es recomendable poner especial atención a su dimensión grupal y organizacional. En este sentido, para analizar el fenómeno de la violencia política asociada a la causa mapuche entre las regiones del Bío Bío y Los Ríos es sumamente interesante el trabajo de los académicos De la Corte, Kruglanski, De Miguel, Sabucedo y Díaz, denominando “Siete principios psicosociales para explicar el terrorismo” que fue publicado el año 2007 en la revista española Psicothema, Vol. 19, nº 3. En este artículo los autores describen las bases para una aproximación psicosocial de análisis, definiendo siete principios explicativos que abordan su dimensión como estrategia de influencia, los factores ideológicos y sus aspectos organizacionales.

Estos principios generales son aplicables a expresiones de terrorismo de diverso sello, desde el Salafismo Yihadista hasta el practicado por grupos de la órbita del movimiento nacionalista mapuche. Estos últimos aspiran a la liberación del pueblo mapuche con autonomía política y control sobre un territorio, vale decir, ejercen violencia sobre la base de un sustrato ideológico que le otorga un sentido a su lucha. La aplicación sistemática de violencia, para alcanzar objetivos ideológicos, no obedece a que individuos con patologías psicológicas compulsiva e irracionalmente realizan ataques armados e incendiarios, sino de personas que se han radicalizado y adherido a un constructo ideológico que, mediante la asociación con otros individuos, llevan a cabo una planificada estrategia que conlleva dosificación de la violencia.

En el sentido de lo anterior, los principios psicosociales aplicados a la situación de la violencia política en el denominado conflicto mapuche son:

El terrorismo no debe ser conceptualizado como un síndrome (social o psicológico) sino como un método de influencia sociopolítica:

Los atentados incendiarios en la zona de La Araucanía no son el efecto de determinaciones sociales o psicológicas, sino como resultante de múltiples procesos de interacción social que tienen lugar tanto a nivel intergrupal e intragrupal, entendiendo que estos procesos de influencia se ejercen de manera deliberada y estratégica, para influir en audiencias como empresas forestales, agricultores y el Estado. El movimiento nacionalista mapuche recurre a la táctica terrorista, como mecanismo de influencia, ya que sus objetivos políticos autonómicos no concitan el respaldo de la gran mayoría de la sociedad y además carecen de los medios para concretarlos e imponer su voluntad, es decir, se encuentran en una posición de inferioridad, tanto para lograr la autonomía política del pueblo mapuche como también para erradicar la economía capitalista en el wallpamu. En concreto, los ataques incendiarios de Weichan Auka Mapu a templos religiosos (en tanto símbolos de dominación) son actos de propaganda respecto a sus objetivos políticos para dirigir la atención de sus audiencias y de la sociedad en general hacía sus demandas. Los atentados son comunicación y propaganda.

Los atributos de los terroristas están moldeados por procesos de interacción social:

El que un joven mapuche de la comuna de Ercilla pueda implicarse en actividades terroristas, militando por ejemplo en un ORT de la CAM, suele estar condicionado por la subcultura política en que fue socializado en el ámbito de las relaciones familiares, de amistad e instituciones de educación; siendo estos agentes sociales relevantes en la adscripción a ideas y pautas culturales, para la incorporación activa en la lucha de resistencia mapuche. Dicho de otro modo, la militancia en la CAM pudiese estar precedida por el ingreso a un hogar de estudiantes universitarios mapuches, como ambiente propicio para la radicalización violenta, donde el individuo a través de los lazos de amistad reafirma su identidad colectiva.

Las organizaciones terroristas pueden ser analizadas por analogía con otros movimientos sociales:

El sentido de identidad compartida es propio de cualquier tipo de movimiento, ya se político o religioso. En este caso, los individuos que integran el movimiento etnonacionalista en la zona de La Araucanía se autodefinen como miembros de un colectivo social mucho más amplio, al que consideran agraviado y cuyos intereses y valores se perciben amenazados- el pueblo mapuche como pueblo oprimido- injusticias que se esgrimen como argumentos justificadores de la violencia. En este sentido, Héctor Llaitul ha señalado que “un pueblo oprimido tiene derecho a la rebelión”. Paralelamente, la identificación con un colectivo de referencia hace más atractivo el ingreso a los ojos de los miembros de aquel colectivo (pueblo mapuche).

En contexto de este movimiento se generan dinámicas similares a las de otros movimientos que no practican la violencia, pues existe identidad, valores y pensamiento común entre sus integrantes.

El terrorismo sólo es posible cuando los terroristas y sus aliados logran acceder a ciertos recursos imprescindibles:

La capacidad operativa de un movimiento que emplea la táctica terrorista, entre otros factores, depende en gran medida de su capacidad para obtener o movilizar recursos, que les permita llevar a cabo su campaña terrorista, ya sean recursos económicos, materiales, humanos o simbólicos. En el caso mapuche, por tratarse de atentados incendiarios, no se requiere una logística particularmente sofisticada, sino muy por el contrario, los medios materiales utilizados son rudimentarios y por lo mismo fáciles de adquirir y almacenar, a diferencia de otras expresiones terroristas que utilizan explosivos; pero en este caso no es complejo adquirir armas de fuego ni menos combustible.

En materia de recursos humanos, los autonomistas han desarrollado estrategias de reclutamiento en entornos como centros educacionales y comunidades mapuches radicales, como también el uso de sitios web y redes sociales donde se difunde el mensaje nacionalista mapuche. Por la naturaleza de los ataques, el entrenamiento de los nuevos weychafes es acotado en lo técnico, pero con énfasis en el plano de lo simbólico-ideológico. Cabe precisar que, para la obtención de este importante recurso, es decir militantes, los incentivos no son materiales, sino que psicológicos y se asocian al sentido de propósito y de justicia.

Las decisiones que promueven y respaldan campañas terroristas responden a motivos colectivos ideologizados:

La ejecución planificada de atetados contra vehículos, infraestructura productiva e iglesias, se produce debido a la existencia de una ideología que le da sentido y justificación a esos medios de lucha ante los ojos de quienes los perpetran. Es así como el Nacionalismo de base étnica, aquel patriotismo de comunidad como referente identitario, que se construye sobre la base de una historia y cultura que comparte una etnia; constituye la ideología que impulsa a comuneros y estudiantes mapuches a usar la táctica terrorista, ya que mientras más extendida esté esta corriente de pensamiento en el colectivo de referencia aumenta la cantidad de personas que ingresarán a las agrupaciones violentistas, incrementándose el potencial de violencia.

Los actos y campañas terroristas responden a razones estratégicas, aunque la racionalidad con que los terroristas actúan es parcial y limitada:

En toda campaña terrorista existe planificación de las acciones violentas y tácticas para evitar el accionar de la policía, sin embargo, muchas de las previsiones y evaluaciones que los terroristas hacen sobre sus acciones no serían exactas, pues se dan factores que distorsionan su percepción de la realidad: emociones como deseos de venganza o la ideología, ocasionan que, por ejemplo vislumbren el éxito respecto a conseguir, mediante el uso de la violencia, autonomía política y territorio para un autogobierno del pueblo mapuche, cuya factibilidad es, por decir lo menos, discutible. Incluso, ver la realidad a través de los “anteojos” de la ideología hace que los terroristas subestimen el rechazo que generan sus atentados a iglesias en su colectivo de referencia.

La actividad de los terroristas refleja en parte las características internas de sus organizaciones:

La capacidad de los terroristas para mantener su campaña de ataques incendiarios también depende de las características de sus grupos, que a su vez forman parte de un difuso movimiento nacionalista. En este sentido, la actuación en red con cédulas inconexas, como lo son los órganos de Resistencia Territorial (ORT), permite que al caer una cédula, aún cuando ello signifique disminuir o anular la capacidad operativa en una localidad específica, quedan operativas las demás cédulas terroristas.

Otra dimensión a considerar es la dinámica interna del grupo, la vida en grupo, en términos del aislamiento social y psicológico que experimentan sus integrantes respecto a personas con puntos de vista ideológicos que no pertenecen al grupo, lo que implica, además de ver el mundo desde la etnicidad, la tácita distinción entre buenos y malos, como así mismo sentirse poseedor de una verdad            que involucra redimir a un pueblo oprimido, lo que en definitiva conlleva a un razonamiento sesgado como parte de aquel pensamiento grupal, proceso en que ejercen una poderosa influencia la figura del líder, al igual como ocurre en otro tipo de movimientos sociales y en organizaciones de distinta naturaleza.

En conclusión, analizar el fenómeno terrorista en general, como el que se desarrolla en el sur de Chile en particular, requiere no sólo centrar la atención en variables de tipo socio-estructural y psicológico, ya que son insuficientes para un adecuado análisis, sino recurrir a un enfoque psicosocial que posibilite una mejor comprensión de la violencia política; entendiendo que la interacción entre individuos y su manera de organizarse se relacionan directamente con su forma de operar en el contexto de las actividades encubiertas que desarrollan. Así mismo, el proceso de radicalización violenta, que es individual, también posee una dimensión grupal dada por la socialización y esquemas de pensamiento compartidos, impactan en la capacidad de reclutamiento y, en definitiva, en el potencial de violencia de este movimiento nacionalista.