Hacia una estrategia de contención de la violencia en La Araucanía

 

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Recientemente los gremios de la región de La Araucanía, ante la Comisión de Seguridad del Senado, solicitaron a las autoridades “pasar del diagnóstico a las medidas” respecto a la contención de la violencia política que afecta a la zona, reclamando el diseño de una Política de Estado, que incluya modificaciones a la legislación vigente para perseguir judicialmente estos delitos con mayor eficacia.

Lo cierto es que Chile no dispone de una estrategia para enfrentar la violencia política del sur, desde la perspectiva de generar condiciones de seguridad, sobre la base de la prevención y la articulación de una respuesta proporcional en el contexto del Estado de Derecho. En este sentido, y de acuerdo a la experiencia internacional, uno de los elementos centrales que debiese considerar una estrategia en esta materia es la radicalización violenta, es decir, abordar las causas y factores que llevan a un individuo a adoptar una ideología que justifica el uso de la violencia con fines políticos.

Sobre la base de lo anterior, es fundamental distinguir que la violencia que se desarrolla en tres regiones del país, en el contexto del denominado conflicto mapuche, es perpetrada por sectores minoritarios del mundo mapuche que no representan al conjunto de su pueblo. Los sistemáticos actos de violencia llevados a cabo por agrupaciones como la Coordinadora Arauco Malleco o Weichan Auka Mapu, son empleados como táctica política para alcanzar determinados objetivos ideológicos que dicen relación con la liberación nacional del pueblo mapuche, asociada a conceptos como control territorial y autonomía política; además de constituir una lucha contra el sistema económico capitalista, según han señalado dichas organizaciones.

Este es un tema complejo pues se corre el riesgo de, erróneamente, estigmatizar a todo un pueblo o amplios sectores de éste, por tanto, la respuesta debe ser proporcional,  enmarcada en el Estado de Derecho y en el estricto respeto a los Derechos Humanos. En este sentido, lo que tampoco admite dudas es la urgente necesidad de formular una estrategia, que establezca respuestas políticas, jurídicas y policiales; con una lógica de coordinación y complementariedad entre dichas respuestas.

La estrategia requerida debiese contener medidas concretas orientadas a contener y erradicar las expresiones de violencia política que llevan a cabo grupos radicalizados que adscriben a la autonomía del pueblo mapuche y cuya expresión típica son los atentados incendiarios a vehículos, infraestructura productiva e iglesias, ente lo cual se requiere reforzar las capacidades nacionales e incorporar elementos de la experiencia internacional, interviniendo en las siguientes líneas de acción:

Prevención: Desde las políticas públicas abordar y prevenir la radicalización violenta, a partir de las condiciones que contribuyen a implicarse en actividades terroristas, como pudiese ser la falta de oportunidades para los jóvenes de la zona de conflicto.

En el ámbito de la prevención, también es recomendable evitar la concentración de reos, condenados por delitos de connotación indígena, en cárceles de la región de la Araucanía, a fin de impedir la construcción de focos de radicalización violenta (contagio ideológico), entre otras medidas que pudiesen diseñarse en esta línea.

Persecución: Utilizar de manera eficaz la información de inteligencia, como la de fuentes humanas, que incluye acciones de infiltración, para desbaratar organizaciones violentas en las regiones del Bío-Bio, La Araucanía y Los Ríos, llevando ante la justicia a quienes cometen atentados. Para esto es fundamental la coordinación y adecuada diseminación de inteligencia entre los organismos responsables de la materia, dado que la función de inteligencia es la principal herramienta en la contención de la actividad terrorista.

Respecto a la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, se requiere efectuar modificaciones, por ejemplo, respecto a la definición de terrorismo en relación a sus fines políticos, en lugar de su propósito de causar temor; como también incluir delitos no considerados por la actual ley, como son la colaboración con actividades terroristas o con organizaciones o grupos terroristas en cuanto a apoyos materiales, no financieros, en los casos donde se provee de refugio, medios de transporte, armamento, entre otros, además de incluir como delito el reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas. La exigencia para una mayor eficacia de esta normativa es modernizarla de acuerdo a estándares internacionales.

En el sentido de lo anterior, también existe la necesidad de potenciar los instrumentos de investigación como es el uso de agentes encubiertos para investigaciones relativas a actividades terroristas, tal como se establece en la ley que sanciona el tráfico de estupefacientes.

En la persecución de estos delitos en términos policiales, debe cautelarse que no sean cometidos excesos, ya que, además del marco ético en que debe desarrollarse esta labor, la experiencia internacional indica que una respuesta desproporcionada le otorga mayor potencial de movilización a los grupos violentos, por tanto, medidas que han sido sugeridas por parte de las víctimas, como establecer el Estado de Excepción en las zonas afectadas, agudizarían el problema, ya que además del incremento en la capacidad de movilización, se atentaría contra las libertades individuales, y por consiguiente contra el propio sistema democrático.

Protección: Despliegue de medidas que garanticen el Estado de Derecho, adoptando providencias en materia de seguridad razonables, para proteger a las personas, infraestructura productiva y la propiedad privada y pública. La protección debe posibilitar el desarrollo normal de las actividades económicas y productivas en las regiones mencionadas.

Comunicación: Restar credibilidad al mensaje violentista y promover diálogo inter-cultural, incluyendo medidas que contribuyan a evitar la discriminación al pueblo mapuche, de modo tal de separar ante la opinión pública a los terroristas respecto de su colectivo de referencia.

Superar el denominado Conflicto Mapuche no puede ser abordado exclusivamente con políticas públicas orientadas a la seguridad, pues es una problemática con distintas dimensiones y con actores con diferentes demandas. Concretamente, debe ser entendido como el conflicto social entre comunidades y organizaciones de la etnia mapuche con el Estado chileno, sobre la base de reivindicaciones que provienen desde la época del proceso de la ocupación de La Araucanía en adelante, lo cual obliga al Estado, y a la sociedad chilena, a repensar políticas de reparación factibles y surgidas de un proceso de diálogo, distintas a la compra de tierras, cuya esencia sean políticas de compensación en los planos político y de desarrollo económico; como así mismo abordar el fenómeno de la violencia política, con las herramientas descritas en las líneas precedentes, que es ejercida por el minoritario movimiento nacionalista, y sus organizaciones, quienes aspiran a la autonomía política del pueblo mapuche.

En definitiva, el esfuerzo se debe orientar a diseñar una propuesta integral, que abarque mecanismos para alcanzar condiciones de seguridad, y al mismo tiempo proveer soluciones de fondo para un problema no resuelto, respecto a la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios.

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