Políticas para enfrentar la violencia en La Araucanía

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En el último informe del Barómetro de Conflictos presentado por la Multigremial de La Araucanía, correspondiente al trimestre julio – septiembre, queda de manifiesto que dicho periodo fue uno de los más violentos de los últimos años, con un total de 05 iglesias y 53 camiones quemados en distintos puntos de las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

El terrorismo es ejercido por agrupaciones radicales, sobre la base de postulados políticos e ideológicos que no necesariamente representan las aspiraciones del pueblo Mapuche, sin embargo, el problema fondo es la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios, que en su historia no ha estado exenta de dificultades e injusticias, pese a que se han generado desde 1990, con la promulgación de la Ley Indígena, políticas de reparación, mediante la entrega de tierras y programas sociales. En este sentido, surge la interrogante: ¿De qué forma Chile puede solucionar definitiva, y adecuadamente, el denominado Conflicto Mapuche?

 

El modelo de Nueva Zelanda

Cuando se busca en la experiencia internacional un modelo exitoso respecto a resolver conflictos con los pueblos originarios, es recurrente el caso de Nueva Zelanda con el pueblo Maorí, no obstante, dicho modelo puede constituir una referencia e inspiración para la formulación de políticas públicas en Chile, ya que son realidades distintas con sus propias especificidades, por tanto, no es posible tomar un modelo y aplicarlo en forma exacta.

Dicho lo anterior, entre las claves del modelo neozelandés están las políticas de reparación, en cuyo contexto se destaca la creación de un tribunal (Waitangi) para resolver los reclamos de la población indígena, espacios de representación política en el Parlamento y su incorporación en la economía. A partir de un conflicto, que tiene su origen en el siglo diecinueve, es recién en la década de 1970 cuando Nueva Zelanda inicia este proceso, luego de un proceso de movilización y protestas impulsado por el pueblo Maorí, a partir del surgimiento de una generación de jóvenes que accedieron a educación universitaria y generaron un movimiento de demandas étnicas.

Entre las medidas que mayor impacto han caudado, entre la relación pueblo Maorí y Estado de Nueva Zelanda está el Tribunal de Waitangi, en el cual las tribus han presentado diversas demandas en busca de reparación, lo que incluye reclamaciones ancestrales; por lo que el tribunal, a través de un proceso de dialogo, busca llegar a un acuerdo y establecer una medida concreta de reparación, que puede incluir un acto simbólico de disculpa por parte del gobierno, la cual se conoce como disculpa oficial.

Los acuerdos a los que llega el tribunal generalmente implica una reparación financiara, con fondos de inversión para comunidades, que a través de las utilidades que generan los negocios se impactan en la calidad de vida de las comunidades. La incorporación de los Maoríes a la actividad empresarial persigue situarlos como protagonistas de su propio desarrollo, mejorando su acceso a la educación, salud, entre otros.

El proceso en Nueva Zelanda abordó la representación política de los Maoríes en el Parlamento, mediante escaños exclusivamente reservados para miembros de este pueblo originario, por tanto, esta medida surge como un instrumento de reconocimiento, reparación y empoderamiento de una cultura considerada parte de la Identidad de Nueza Zelanda.

 

Tomando la inspiración Maorí para Chile

Sobre la base de las lecciones de Nueva Zelanda y la realidad específica del pueblo Mapuche, en términos de injusticias históricas que no han sido adecuadamente reparadas y de la situación de la violencia asociada a la causa mapuche por parte de grupos minoritarios radicalizados se evidencia la necesidad de formular una estrategia, tanto para el problema de fondo no resuelto, como para la violencia política de carácter etnonacionalista que se ha extendido por dos décadas sin una efectiva política de contención por parte del Estado, entendiendo que ésta no debe estar basada exclusivamente en el instrumento policial, ya que también requiere de una salida política.

En este sentido, las políticas deben considerar beneficios distintos a la compra de tierras, a través de una medida de compensación distinta y orientada a mejorar la calidad y condiciones de vida del pueblo mapuche en forma armónica con su cosmovisión, ya que la reparación mediante tierras resulta inviable, sobre todo considerando la subdivisión de comunidades, lo que ha incrementado forma ascendente la demanda por tierras.

 

La Estrategia

 Contener y superar la violencia que ha afectado a tres regiones, implica una Política de Estado integral, que contenga una respuesta política, jurídica y policial:

 

Respuesta Política:

Medidas de reparación factibles y surgidas de un proceso de diálogo y negociación en áreas de representación política y desarrollo económico:

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, respecto a su existencia y derechos culturales (identidad, lengua, tradiciones).

Políticas de desarrollo económico, con fondos de inversión para el emprendimiento.

La respuesta política conlleva implícitamente a restarle credibilidad al mensaje violentista, separando las demandas del pueblo mapuche de los objetivos políticos de los grupos radicales.

Derivado de lo anterior, se requiere prevenir la radicalización violenta, identificando condiciones que contribuyen a implicarse en actividades terroristas (como la falta de oportunidades para los jóvenes en la denominada zona de conflicto). La educación es una de las principales armas para la prevención de ideologías extremistas que justifican la violencia para alcanzar objetivos políticos e ideológicos, promoviendo en los jóvenes un sentido positivo de la identidad mapuche.

 

Respuesta Jurídica:

La respuesta política requiere lo propio en el ámbito jurídico, en términos de generar modificaciones constituciones que consagren el reconocimiento y participación política de los pueblos indígenas.

Así mismo, es fundamental efectuar modificaciones legales que posibiliten establecer soluciones en materia de reparación al pueblo Mapuche, fundamentalmente en lo relativo a la política de entrega de tierras, como así mismo en el plano de la Seguridad Pública se requiere modificar la legislación que sanciona actividades terroristas:

Ley Indígena (N°19.253): Modificar el tipo de compensación establecido por el Fondo de Tierras y Aguas, reemplazando la entrega de tierras por una reparación económica, a través de un fondo de inversión para la generación de negocios, con equivalencia económica respecto a las hectáreas reclamadas. Quienes accedan a esta política de reparación deberán renunciar a futuras reclamaciones.

Ley de Conductas Terroristas (N°18.314): Establecer una definición de terrorismo en relación a sus fines políticos en lugar de su propósito de causar temor, además se requiere incluir delitos no contemplados actualmente, como la colaboración con actividades terroristas o con organizaciones o grupos terroristas en lo que se refiere a apoyos materiales no financieros, como proveer de refugio o medios de transporte, y también el delito de reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas.

 

Respuesta Policial:

En la persecución de los delitos es fundamental evitar excesos en cuanto a la labor policial, ya que el combate a la violencia política debe desarrollarse en el marco del respecto a los derechos humanos, y tomando resguardos para evitar la discriminación del pueblo mapuche.

De acuerdo a la experiencia internacional, entre los principales instrumentos se encuentra la labor de Inteligencia, con medios tecnológicos (como los usados en la “Operación Huracán”) y sobre todo Inteligencia de Fuentes Humanas, surgiendo la necesidad de potenciar herramientas de investigación como es el caso de los agentes encubiertos, con la finalidad de proveer de información que permita frustrar los planes y desmantelar las agrupaciones violentas.

 

CONCLUSIÓN

La violencia política del sur del país no obedece a un fenómeno cuya solución sea imposible; más bien corresponde entenderlo como un problema no resuelto entre el Estado chileno y los pueblos originarios, que dice relación con una historia compleja a partir de los atropellos e injusticias que datan desde el proceso de Ocupación de La Araucanía en el siglo diecinueve, sin que oportuna, o adecuadamente, se implementaran políticas de reparación. Es en el contexto de la movilización por reivindicaciones históricas donde surge una minoría radicalizada que por dos décadas han empleado la violencia con fines políticos e ideológicos.

El terrorismo en La Araucanía se debe derrotar tanto policial, como políticamente, restándole credibilidad al mensaje de las agrupaciones terroristas, para privarlos de su base social de apoyo, y por consiguiente evitar la radicalización violenta y el reclutamiento de militantes, vale decir, limitar su potencial de movilización.

Para garantizar el Estado de Derecho es esencial desarticular estas agrupaciones minoritarias y llevar ante la justicia a los responsables de cometer delitos.

En el sentido de lo anterior, la violencia etnonacionalista, corresponde sólo a una dimensión del problema, no obstante, lo fundamental es crear un nuevo paradigma en la relación del Estado, y el conjunto de la sociedad chilena, con los pueblos originarios, basado en el dialogo y el consenso. La solución del denominado conflicto mapuche requiere de una respuesta política.

 

 

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