Análisis de las capacidades del Estado de Chile para enfrentar el fenómeno del terrorismo

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Resumen

Análisis de las capacidades de las que dispone Chile en materia de Seguridad Pública para enfrentar potenciales amenazas de carácter terrorista, cualquiera sea su origen, en los ámbitos de legislación, políticas públicas (estrategias) y función de inteligencia, respecto a su pertinencia y limitaciones; para lo cual se recurre a la experiencia internacional, particularmente el caso de España. Sobre la base de dicho análisis, se establecen algunas propuestas de cursos de acción estatales en cuanto a la prevención y contención del fenómeno terrorista, con la finalidad de mejorar las actuales capacidades.

Palabras clave

Terrorismo, Seguridad, Prevención, Legislación, Inteligencia, Estrategia.

Introducción

Todos los Estados democráticos requieren disponer de mecanismos orientados a la prevención y contención de la violencia terrorista de distinto sello, ya sea de expresiones que se estén manifestando en la actualidad, como también de aquellas que pudiesen manifestarse en el futuro, mediante razonables protecciones. En este contexto, Chile dispone de capacidades antiterroristas, que están representadas por la legislación que sanciona conductas terroristas, como también por el Sistema de Inteligencia del Estado y las funciones en la materia que recaen en las policías, entre otras. En este sentido, el análisis debe orientarse a determinar si los medios de los que dispone Chile, sobre la base del principio de proporcionalidad, son los óptimos para anticiparse y contrarrestar expresiones de violencia política, específicamente el empleo de la táctica terrorista, en un marco institucional orientado a la anticipación, para lo cual se tomará como referencia el caso de España, debido a su experiencia de décadas de lucha contra el terrorismo.

El presente documento intentará responder a las preguntas de cuáles son las actuales capacidades de las que dispone el Estado de Chile y cuáles son las mejoras que permitirían potenciar dichas capacidades, para lo cual se abordará específicamente el proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, la legislación que determina conductas terroristas y el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia.

 

El fenómeno del terrorismo

El terrorismo, como táctica, ha sido utilizado en el mundo contemporáneo en el contexto de distintas luchas y para promover diversas causas, sobre la base de motivaciones políticas e ideológicas, por individuos y grupos, que desde una inferioridad de medios han pretendido ya sea liberar un colectivo o imponer un sistema ideológico, entre otros objetivos. En este sentido, no existe sólo una forma de terrorismo, sino que existen diferentes expresiones conforme a sus motivaciones, por ejemplo, nacionalista, yihadista, anarquista, etc. Incluso, tampoco existe una definición única de terrorismo que sea universalmente aceptada, por lo que Estados, organismos internacionales e instituciones académicas y de seguridad elaboran sus propias definiciones, de hecho, se estima que actualmente existen aproximadamente doscientas cincuenta definiciones en uso[i], lo que en la práctica implica que sea discutible lo que puede o no puede catalogarse como terrorismo, precisamente por la falta de una definición única, siendo posible afirmar que “ningún concepto de terrorismo puede abarcar todo lo que éste significa o puede llegar a significar, pues se debe tener en cuenta que está en constante mutación, ya que quienes lo practican requieren encontrar siempre nuevas formas de sorprender a la víctima, nuevos mecanismos de implantar terror en la sociedad civil y sus instituciones”[ii].

Pese a lo anterior, para establecer una definición de terrorismo, que sea general, y por tanto que permita englobar en ella las distintas formas de terrorismo, vale decir, aplicable a expresiones de terrorismo distintas unas de otras en cuanto a sus objetivos, pero que presenten variables comunes, para caracterizarlo, se destaca la siguiente definición: “una sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político”[iii]. Esta definición, si bien plantea el terrorismo como un mecanismo de influencia para alcanzar objetivos políticos, incorpora el impreciso concepto de “población no combatiente” lo que podría inducir a error, por ello, resulta más general, y por consiguiente aplicable a expresiones de terrorismo de distinta etiología, la siguiente definición: “el terrorismo es una táctica, preferente aunque no exclusivamente política, que consiste en la ejecución seriada y sistemática de acciones puntuales de violencia”[iv].

En definitiva, sobre la base de ambas definiciones expuestas, es posible afirmar que el terrorismo es una táctica que consiste en la ejecución de acciones puntuales de violencia, con fines políticos o ideológicos, para influenciar determinadas audiencias.

Derivado de la definición se desprenden ciertas características de este tipo de violencia política:

Es una táctica, que se emplea como forma de lucha, que implica un uso dosificado de la violencia como acciones puntuales.  En este sentido, se puede entender el terrorismo como un método de lucha.

Se desarrolla en forma clandestina, encubierta, y que, a diferencia de la táctica guerrillera, no se ejecuta a través de grupos armados irregulares que utilizan uniformes y usan armas a la vista, a excepción de agrupaciones que han empleado ambas tácticas en forma simultánea. Paradojalmente, los ataques son ejecutados en la clandestinidad, pero diseñados para generar conmoción y la mayor publicidad y visibilidad posible del acto mismo.

Los fines del terrorismo son esencialmente políticos, como pudiese ser el cambio de un régimen político o sistema económico, por tanto, los objetivos de las acciones se enmarcan en una estrategia política. Este es el rasgo esencial que diferencia al terrorismo de la delincuencia común, dado que está última persigue la obtención de ganancias económicas en lugar de objetivos políticos, es decir, los delincuentes no enmarcan sus acciones en el contexto de una estrategia política.

Se usa para enviar un mensaje, dar publicidad a una causa “…generalmente lleva implícita una connotación mediática, pues el terrorismo necesita enviar un mensaje, que puede ser dirigido a la sociedad, a la clase política dirigente, a un grupo poblacional específico o incluso al mundo entero, como sucedió con los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001”[v]. En definitiva, la dimensión comunicacional del terrorismo, como publicidad es inequívoca. “Es un teatro en permanente búsqueda de público, que sirve para poner luz sobre algunos debates y en el que las víctimas son cosificadas en pro de los objetos y símbolos a los que se ataca”[vi].

Otro elemento importante, y derivado del anterior, es la intimidación, vale decir causar terror, lo cual tiene que ver con la necesidad de quienes ejercer el terrorismo de compensar su inferioridad de medios, por lo que pueden ejercerla con propósitos distintos, por ejemplo contra un sector de personas o grupo social cuyas actitudes políticas contravengan los intereses de los terroristas, como también para polarizar las actitudes de los ciudadanos que inicialmente mantenían una posición neutral respecto a un determinado conflicto sociopolítico[vii]. En cualquier caso, el temor es un medio para influenciar a determinadas audiencias.

 

El proyecto Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa

Durante el primer gobierno del Presidente Piñera se formuló la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, la cual no tuvo aprobación del Congreso y en la actualidad se encuentra como proyecto, no obstante, resulta adecuado analizar su contenido por tratarse de la primera estrategia en la materia, de la cual subyace un diagnósticos de amenazas, como así mismo cursos de acción para enfrentarlos. En dicho documento al abordarse los desafíos de Chile en materia de seguridad, en el ámbito internacional se reconoce al terrorismo -junto al narcotráfico, el crimen organizado y los ciberataques- como nuevas amenazas que han aumentado su gravitación e importancia debido a las tecnologías disponibles, por una marcada internacionalización y sofisticación de las actividades de las organizaciones criminales, y del debilitamiento de algunos Estados con dificultades para controlar zonas de su propio territorio[viii].

La Estrategia sitúa al fenómeno terrorista entre los riesgos y amenazas a la seguridad de Chile, aún cuando señala que el país es un blanco marginal del terrorismo internacional, se advierte que “organizaciones terroristas podrían utilizar el territorio nacional para desarrollar acciones o atacar intereses de otros Estados. Chile posee un elevado grado de interconectividad y dispone de una sofisticada infraestructura para la generación de negocios que lo podrían hacer atractivo como plataforma para actividades terroristas (…) también es posible que intereses de Chile en el mundo puedan sufrir los efectos de organizaciones terroristas internacionales, al asumir el país mayores responsabilidades en materia de seguridad regional y global. Tampoco es posible descartar que, en el tiempo que cubre esta Estrategia, el riesgo que representan actos terroristas dispersos en Chile se transforme en una amenaza consistente para la convivencia ciudadana y su seguridad”[ix].

De lo expuesto anteriormente, se infiere que esta Estrategia tiene una mirada multidimensional de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional de Chile, incorporándose el fenómeno del terrorismo, incluso aquel de naturaleza internacional.

Al hacer un paralelo con la Estrategia de Seguridad Nacional de España, la cual fue formulada el 2013, se establece que la prevención y contención de las actividades terroristas es de suma importancia para ambos países en tanto amenaza estratégica de gran relevancia debido a que ha reforzado sus medios por la expansión de las nuevas tecnologías, lo que requiere de una respuesta integral orientada a contrarrestar sus instrumentos financieros, logísticos, de captación y apoyo[x].

Naturalmente, el caso español es evidente que sus capacidades y esfuerzos están dirigidas a contrarrestar el terrorismo de tipo yihadista, de acuerdo a su realidad específica, sin embargo, y más allá de la diferencia entre las percepciones de amenazas de carácter terrorista de ambos países, en el caso de España se incorpora un elemento que en Chile no está presente en la Estrategia en particular ni en políticas de seguridad en general, y que es la prevención de la radicalización violenta, es decir evitar que personas se conviertan en terroristas.

La respuesta frente al terrorismo, que establece España, se establecen los siguientes pilares para orientar la acción[xi]:

Prevención: Actuación contra el terrorismo desde su origen, mediante el Plan Estratégico de lucha contra la Radicalización violenta, el fomento del diálogo intercultural y acciones para contrarrestar la narrativa terrorista. También se incluye reforzar la contribución de España en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional, a través de organismos como la OTAN y la Unión Europea.

Protección: Potenciar las capacidades nacionales, incrementando la cooperación y coordinación entre los organismos con competencia en la materia.

Persecución: Mejorar las capacidades de investigación e inteligencia sobre los terroristas y sus acciones, asegurando el desarrollo tecnológico de los servicios de inteligencia frente al uso intensivo de las nuevas tecnologías por parte de grupos terroristas.

Preparación de la respuesta: Fortalecer medidas y planes necesarios para asegurar la sinergia y coordinación de todos los organismos con responsabilidad en la materia. En particular, minimizar consecuencias, dar apoyo inmediato y permanente a las víctimas de ataques terroristas. Consolidar acuerdo político nacional contra el terrorismo.

En el caso de Chile, las medidas que establece la Estrategia de Seguridad contra el terrorismo, en el marco de las tareas nacionales de seguridad, son las siguientes[xii]:

  • Colaborar internacionalmente para enfrentar ataques terroristas, actividades del narcotráfico y del crimen organizado transnacional, con énfasis en los países vecinos y adecuando las normas y medios nacionales a tales efectos.
  • Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia con el objeto de contar con información útil, confiable y oportuna para apoyar los requerimientos de la seguridad ampliada del país, y desarrollar contramedidas para enfrentar la proliferación de tecnologías peligrosas y el ciberataque.

Como vemos, en la Estrategia de Chile se incorpora en forma explícita sólo una línea de acción tendiente a contener el terrorismo, y adicionalmente es aplicable a este ámbito el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia. Cabe precisar que en este documento se aborda la respuesta al terrorismo principalmente desde la cooperación internacional.

 

La Ley de Conductas terroristas

La legislación vigente que determina y sanciona conductas terroristas está comprendida en la ley N°18.314 de1984, pero que posteriormente ha sido modificada respecto a tipos penales, es decir, se han introducido determinados delitos y también se han modificado penas. En esta línea, el actual gobierno ha manifestado su voluntad de impulsar cambios a dicha normativa que posibiliten perseguir de manera más eficaz estos delitos, dado que en la actualidad existen dificultades para probar judicialmente la comisión de dichos delitos, y adicionalmente, se buscaría adecuarla al marco jurídico universal de la lucha contra el terrorismo.

La legislación chilena tipifica como conductas terroristas delitos como: Homicidio, lesiones, secuestro de menores, envío de cartas explosivas, secuestro de medios de transporte público, atentar contra el jefe de Estado y otras autoridades, ataques con artefactos explosivos e incendiarios y la asociación ilícita de carácter terrorista[xiii].

Actualmente, en el Congreso se discute un proyecto que modifica la ley que sanciona las conductas terroristas que fue presentado por el gobierno de Bachelet, y el actual gobierno le efectuó modificaciones.

Respecto a las modificaciones que busca impulsar el gobierno del presidente Piñera se encuentran:

Que las investigaciones por delitos de carácter terrorista sean llevadas por tribunales de diferentes ciudades o regiones respecto al lugar donde ocurrieron los hechos, medida que estaría inspirada en la legislación española, con la finalidad de evitar las presiones, amedrentamientos e ideologismos, para lograr una mayor independencia[xiv]. También se ha planteado la incorporación de agentes encubiertos, figura similar a la que establece la legislación que sanciona el tráficos de drogas.

En el caso de España, en el 2015, mediante una Ley Orgánica, modificó su Código Penal en lo referente a terrorismo, con reformas orientadas al combate del terrorismo yihadista, dada la amenaza que dicho fenómeno supone para España, y para Europa en general. Se busca enfrentarlo en cuando a sus nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento. Entre las principales modificaciones está la incorporación de delitos informáticos, como también delitos como desórdenes públicos, rebelión y sedición cuando se cometan con finalidades terroristas, ya sea cometidos por personas individuales o por grupos terroristas; y se amplía el delito de colaboración, no sólo con las actividades o finalidades de la organización, sino también la ayuda para cometer cualquier delito de terrorismo, incluyendo acciones como información o vigilancia de personas[xv].

Más allá de la discusión en el parlamento y los contenidos que incorpore el proyecto, al tomar como referencia España, es posible señalar que entre las principales áreas a mejorar están las actividades que se encuentran penadas en otros países, pero no en Chile[xvi]:

  • Colaboración con actividades terroristas o con organizaciones, bandas o grupos terroristas: No está tipificado el apoyo material no financiero, como refugio, armas, medios de transporte, comunicaciones, entre otros.
  • Reclutamiento y adiestramiento con fines terroristas: La legislación vigente no incorpora este delito, aunque en otras leyes como la de Seguridad del Estado o de Control de Armas existen equivalentes, pero sin el carácter terrorista.

Lo anterior constituyen dos importantes tipos de delitos fundamentales que debiese incorporar la legislación, en el contexto de la persecución de actividades terroristas, no obstante, existe un aspecto de igual importancia a los tipos de delitos que se consideran terroristas, y es la definición de terrorismo contenido en el mencionado cuerpo legal, ya que indica que “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”[xvii]. Esto es de importancia fundamental, debido a que erróneamente se sitúa como finalidad del terrorismo el causar temor, y claro está que el terrorismo causa terror como medio de coacción, pero la finalidad es política y/o ideológica. Lo señalado anteriormente es la principal diferencia con la legislación de España, ya que a diferencia de la ley chilena que no reconoce su finalidad política, en dicho país se considera una subversión al orden institucional[xviii].

 

Modernización del Sistema Nacional de Inteligencia

De acuerdo a la Ley N°19.994, en su artículo 5, el Sistema de Inteligencia del Estado está integrado por: La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública[xix].

Las dos décadas de violencia etnonacionalista en el sur del país, y particularmente la fallida Operación Huracán, evidencian la necesidad de modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado, en cuanto a su organización, funcionamiento y capacidades, con la finalidad de potenciar su efectividad y mejorar su producción de inteligencia para la toma de decisiones. Se requiere conformar una comunidad de inteligencia que responda a las necesidades del Chile actual, principalmente en materia de Seguridad Pública.

En el sentido de lo anterior, la crítica que recurrentemente ha recibido el Sistema de Inteligencia, respecto a su efectividad, es la escasa capacidad de anticiparse, vale decir de prevención, principalmente de los atentados incendiarios de La Araucanía, en lo que se refiere a información que posibilite frustrar dichos atentados y desbaratar a las agrupaciones violentas.

El cuerpo legal que regula y norma la organización del este Sistema sin duda requiere de una modificación que posibilite su modernización, para lo cual los cambios deben estar orientados a ámbitos como: Autoridad centralizada, coordinación, instrumentos de recolección de información, intercambio de información y composición del Sistema. Concretamente, es fundamental mejorar los siguientes aspectos:

Autoridad centralizada: El Sistema de Inteligencia del Estado no posee una autoridad centralizada, ya que el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia tiene la facultad de convocar, pero carece de la potestad, en la práctica, de coordinar, ya que los integrantes dependen del mando de sus respectivas instituciones, por tanto, el Director no tiene facultades de asignar tareas y líneas de acción a los organismos que componen el Comité de Inteligencia. En este sentido, se considera necesario la existencia de una autoridad centralizada, como pudiese ser un Director Nacional de Inteligencia, vale decir, una dirección centralizada.

Coordinación: La coordinación es limitada, debido a que la ley no especifica la relación que debe existir entre los organismos que, aunque independientes, se supone funcionalmente coordinados. Evidentemente, en materia de prevención y contención del terrorismo, es necesario potenciar la coordinación entre las funciones que desarrollan ambas policías y la ANI, en lo que se podría denominar el Subsistema de Seguridad Interior, a diferencia del Subsistema de Defensa conformado por las instituciones de defensa. En definitiva, la coordinación es requisito esencial para que un sistema sea tal, en lugar de un conjunto de instituciones independientes. En España, la coordinación se realiza mediante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, integrada por autoridades de gobierno y ministros, en la cual el Director del Centro Nacional de Inteligencia actúa como secretario de la Comisión.

Sobre este punto, y en esa misma línea, la voluntad del actual gobierno la ha manifestado el Ministro del interior de la siguiente manera: “Basta de buenas voluntades, la coordinación y el compartir el trabajo dentro del Estado, va a ser una obligación sujeta a responsabilidades y sanciones”[xx].

Intercambio de información: Para el óptimo funcionamiento de la comunidad de inteligencia, y relacionado con la coordinación, es preciso hacer obligatoria la entrega e intercambio de información para fines de inteligencia y prevención. También se requiere contar con una plataforma informática segura, que le permita el intercambio de información en tiempo real.

Composición: La Ley no considera como integrantes permanentes del Sistema a representantes de instituciones como Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero y Aduanas. Su incorporación es recomendable por sus competencias en sus respectivas áreas de acción en el ámbito de la Seguridad.

Instrumentos: La labor de inteligencia puede emplear “procedimientos especiales de obtención de información”, como uso de “informantes” para resguardar la seguridad nacional y proteger al país de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. De acuerdo a la experiencia internacional, principalmente de España, se requiere ampliar estos instrumentos al uso de agentes encubiertos (inteligencia de fuentes humanas).

En sintonía con estos planteamientos, y con la visión que subyace de ellos, el pasado jueves 19 de julio el Gobierno presentó 150 medidas en el marco del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de contar con un sistema de inteligencia moderno, integrado y funcional, con la capacidad de generar una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad internas y externas: Crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, ciberataques y protección de la infraestructura crítica del Estado. En esta línea, además de la conformación de una Consejo de Inteligencia (de carácter asesor), se anunció potenciar las atribuciones del Director de la ANI para exigir información a los órganos del Sistema de Inteligencia. La idea de fondo es propiciar orientación y conducción estratégica, con objetivos y metas comunes a sus integrantes, incrementando la capacidad de producir inteligencia de Estado en todos los actores y niveles del Sistema[xxi].

 

Conclusiones

El terrorismo es una táctica para alcanzar objetivos políticos o ideológicos, que en el mundo se ha utilizado con diversos propósitos, pero es en las últimas décadas cuando dicho fenómeno ha cobrado relevancia en las agendas y políticas de seguridad a nivel global, debido al impacto del terrorismo de inspiración religiosa, denominado Yihadismo, por su peligrosidad, capacidad operativa, potencial de movilización y alcance internacional. En este contexto, y partir de los sucesos del 11-S la comunidad internacional y los Estados, vienen desarrollando instrumentos de seguridad para contrarrestar esta amenaza.

En el caso específico de Chile, si bien no existen acciones desarrolladas por individuos o grupos que adhieran al yihadismo, se presentan dos expresiones de terrorismo de baja intensidad, como lo son el Anarquismo y el Etnonacionalismo, que requieren el despliegue de medidas en el ámbito de la Seguridad Pública, proporcionales a la percepción de amenaza.

 No obstante lo anterior, Chile necesita disponer de las capacidades para enfrentar amenazas de carácter terrorista actuales y futuras, lo que implica modernizar la legislación de conductas terroristas, potenciar el Sistema de Inteligencia del Estado (con la correspondiente modificación legal) y disponer de una Estrategia de Seguridad Nacional que contenga lineamientos respecto a la prevención del fenómeno terrorista, para lo cual resulta necesario tomar elementos de la experiencia internacional, como puede ser el modelo de España, fundamentalmente en materia de prevención de la radicalización violenta.

En el sentido de lo anterior, por el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones prevenir el terrorismo exige políticas, y legislación acorde, diseñadas para contener sus instrumentos financieros, de captación y apoyo. Se trata de la necesidad de abordar el fenómeno de una manera integral, ya que en otros países es mediante internet que agrupaciones violentas diseminan su propaganda, discurso y generan la captación de militantes o activistas; en este sentido, internet constituye una plataforma para las actividades terroristas. Esta es un área en que nuestro país debe fortalecer sus capacidades.

Chile dispone de una sofisticada infraestructura para la generación de negocios, lo que podría constituir un atractivo para actividades de financiación del terrorismo, sin embargo, entre las capacidades que deben destacarse se encuentra la creación en el año 2003 de la Unidad de Análisis financiero, y legislación en la materia, con la finalidad de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y es por ello que hoy en día diversas entidades financieras están obligadas por ley a informar sobre operaciones sospechosas.

Con la finalidad de prevenir de manera óptima los delitos terroristas, es urgente modificar la actual ley de conductas terroristas, incorporando delitos que no existen en dicho cuerpo legal como lo son la colaboración con actividades terroristas en cuanto a apoyos no-financieros, el reclutamiento con fines terroristas, y una definición de terrorismo cuyo énfasis esté en sus fines políticos en lugar de su intención de causar temor. En el caso de España el terrorismo se considera como una subversión al orden institucional. Adicionalmente a los tipos de delitos, más bien en el ámbito de los instrumentos, se considera necesario adoptar medidas como establecer tribunales en lugares geográficos distintos a donde ocurrieron los hechos; además de incorporar instrumentos de investigación como agentes encubiertos.

Respecto a la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, se propone establecer una autoridad centralizada, como así mismo, fomentar los canales de coordinación y de diseminación de la información, en el contexto de instaurar, a través de la ley y la gestión, una comunidad nacional de inteligencia, que funcione con dicha lógica.

En materia de institucionalidad antiterrorista, el Estado chileno no posee un organismo encargado de efectuar la coordinación operativa de las policías y de los organismos de emergencia para enfrentar acciones terroristas, como asimismo, recoger la información de bases de datos nacionales e internacionales en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Acudiendo a la experiencia internacional, un ejemplo de un organismo de esta naturaleza lo constituye el Centro de Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) de España, sin embargo, cabe hacer presente que cada país diseña sus políticas e institucionalidad sobre la base de su realidad y percepciones de amenaza, por tanto, para el caso de Chile, la ausencia radica en una instancia coordinadora más que en un nuevo organismo propiamente tal.

Resulta altamente recomendable adoptar el ejemplo de España, en orden a disminuir las vulnerabilidades, incrementando las capacidades mediante la coordinación entre organismos públicos, bajo un modelo de coordinación inter-agencial que implica eficiencia en el empleo de recursos, y que además considera como parte integral a la cooperación internacional.

En definitiva, Chile dispone de capacidades para enfrentar el fenómeno terrorista, pero éstas se encuentran dispersas, pues se carece de un enfoque integral dado por una estrategia. Estás capacidades existentes requieren ser potenciadas, a través de un marco estratégico, una modernización legislativa y el funcionamiento coordinado de los esfuerzos que desarrollan las distintas instituciones del ámbito de la seguridad. Un avance en este sentido lo constituiría, en el ámbito de la inteligencia, la materialización del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. La respuesta integral al terrorismo debe considerar la prevención, protección, persecución y preparación.

Por último, la prevención y combate al terrorismo debe ser considerada una política de Estado, orientada a anticiparse y adaptarse a futuros retos en materia de seguridad que pudiesen presentarse, desde la lógica de la prevención y en un marco del estricto respeto a los derechos humanos.

Citas bibliográficas

[i] PRIETO, Ana. Todo lo que necesitás saber de terrorismo. Buenos Aires, Editorial Paidós, 2015. p. 18.

[ii] RODRÍGUEZ, Tania. El terrorismo y nuevas formas de terrorismo. Espacios Públicos [en línea] 2012, 15 (enero-abril), [Fecha de consulta: 11 de julio de 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67622579005

[iii] DE LA CORTE, Luis. La lógica del Terrorismo. Madrid, Alianza Editorial, 2006. p. 43

[iv] ELORZA, A., BALLESTER, M., y BORREGUERO, E. Terrorismo y Religión. En: R. D. A. BLANCO ABARCA. Madrid 11-M: Un análisis del mal y sus consecuencias. Madrid, Trotta, 2005. pp 43-78.

[v] RODRÍGUEZ, Op. cit. p.79

[vi] AZNAR, Federico. Aproximación al fenómeno del terrorismo. [En línea]. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015. [Fecha de consulta: 07 de julio 2018]. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA14-2015_Terrorismo_FAFM.pdf

[vii] DE LA CORTE, Op. cit. p. 49

[viii] CHILE. Consulta de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, al Honorable Senado de la República sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024. [en línea]. Revista AA Inteligencia, 2012, p. 19. [Fecha de consulta: 09 de julio 2018]. Disponible en http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2012/08/ENSYD-version-defi nitiva1.pdf

[ix] CHILE, Op. cit. p. 36

[x] Instituto Español de Estudios Estratégicos y Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Las Estrategias de Seguridad Nacional de Chile y España. Un análisis comparativo. [en línea]. 2013. [Fecha de consulta:03 de julio 2018]. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET04-2013_EstrategiasSeguridadNacional_ChileyEspana.pdf

[xi] ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido de todos y para todos. [en línea]. Presidencia de Gobierno, 2017, p. 91. [Fecha de consulta: 08 de julio 2018]. Disponible en: http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf

[xii] CHILE, Op. cit. pp. 45-51

[xiii] LEY N°18.314. Determina conductas terroristas y fija su penalidad. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 17 de mayo 1984.

[xiv] ROMERO, Cristina y Águila, Francisco. Las reformas que el gobierno buscará impulsar para mejorar la legislación antiterrorista. Diario electrónico Emol. [en línea]. 15 de marzo 2018. [fecha de consulta: 10 de julio 2018]. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/03/15/898826/Gobierno-buscara-modificar-competencia-de-tribunales-en-casos-de-terrorismo.html

[xv] MEZA-LOPEHANDÍA, Matías y WILLIAMS, Guido. Evolución de la legislación antiterrorista: Chile y España. [en línea]. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. [Fecha de consulta: 30 de junio 2018]. Disponible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24964/1/FINAL___Evolucion_de_la_legislacion_antiterrorista__Chile_y_Espana.pdf

[xvi] SIRONVALLE, Tania. La tipificación de los delitos terroristas en Chile, a la luz del marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo. En: Revista Jurídica del Ministerio Público. Santiago (44): 220-236, septiembre 2010.

[xvii] LEY, Op. cit.

[xviii] MATUS, Javiera y Díaz, Felipe. Las principales diferencias de la Ley Antiterrorista chilena con el mundo. Diario la Tercera. [en línea]. S.f. [Fecha de consulta: 11 de julio 2018]. Disponible en: http://diario.latercera.com/edicionimpresa/las-principales-diferencias-de-la-ley-antiterrorista-chilena-con-el-mundo/

[xix] LEY N°19.974. Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 02 de octubre 2004.

[xx] ROMERO, Op. cit.

[xxi] GOBIERNO DE CHILE. Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. [en línea]. 2018. [Fecha de consulta:21 de julio 2018]. Disponible en: https://www.gob.cl/acuerdoporlaseguridad/